Petróleos de Venezuela (PDVSA) advirtió que desconocerá cualquier transa realizada en su nombre o sobre sus activos a partir de la Licencia General 42 publicada este lunes por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), que habilita a un conjunto de exdiputados venezolanos para tomar decisiones financieras en la refinadora Citgo Petroleum, filial de la estatal venezolana en los Estados Unidos.

«PDVSA advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA y/o cualquier entidad en la que PDVSA tenga participación tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia específica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo o ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por PDVSA o sus filiales», se lee en el comunicado publicado por la compañía en sus redes sociales.

En la misma línea rechazó «categóricamente» y desconoció «completamente» el intento de «la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en Citgo, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano, en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela».

En el documento, la estatal venezolana reiteró que «estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de los activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano«.

Asimismo, ratificó «ante la comunidad internacional» sus señalamientos sobre la «política de agresión sostenida de los Estados Unidos de América» por medio de sanciones, «decisiones judiciales y otras medidas» sobre sus activos «y el de sus filiales en el extranjero».

Este lunes, el Tesoro estadounidense anunció que pondrá en marcha una «política favorable de licencias» para que acreedores de PDVSA puedan cobrarse presuntas deudas con el capital de Citgo. En paralelo publicó otra licencia que permite que un grupo de exdiputados de la extinta Asamblea Nacional de 2015 establezca acuerdos con los reclamantes, como que si se tratara de representantes legítimos del Estado venezolano.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denuncia ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de medidas coercitivas e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de activos de PDVSA y el de sus filiales en el extranjero así como la imposibilidad de generar acuerdos que permitan el normal desarrollo del crecimiento de a compañía, limitando su capacidad de pago, entre otros perniciosos. Estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de los activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano.

PDVSA advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA y/o cualquier entidad en la que PDVSA tenga participación tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia específica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo o ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por PDVSA o sus filiales.

En particular, rechazamos categóricamente y desconocemos completamente la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en CITGO, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano, en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, sin la intervención de los representantes legítimos de la República, o de las entidades PDVSA, PDVH o CITGO, violando normas básicas de Derecho Internacional y desviando la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económicos de ciertos grupos políticos.

PDVSA ha defendido y continuará defendiendo sus derechos del expolio que el gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos de la extrema derecha venezolana, intenta contra la principal industria del país.

(LaIguana.TV)