«Ya sabemos por qué se fugó Guaidó: para terminar de robarse Citgo. Era lo que le faltaba para terminar de concretar su gran robo, en nombre de una supuesta lucha por la democracia», apuntó Miguel Ángel Pérez Pirela al inicio de la edición 495 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite cada jueves a través de las plataformas virtuales de LaIguana.TV a las 7:00 pm, hora de Venezuela.

A modo de introducción, el presentador recordó que Venezuela acusa el golpe del prácticamente inevitable remate de Citgo, otrora su principal activo en el exterior, en una maniobra jurídica extrarritorial de la Casa Blanca que da una estocada a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela organizada por el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

En el encuentro, precisó, se acordó trabajar paralelamente por el levantamiento de todas las sanciones impuestas sobre la economía venezolana y en un cronograma electoral para los comicios presidenciales, previstos constitucionalmente para 2024.

Pero como advirtiera la semana pasada, el gobierno de Joe Biden, que aspira a un segundo mandato, no está para nada interesado en ofrecer un respiro a Nicolás Maduro y, antes bien, todo parece indicar que arreciarán tanto el cerco político como la asfixia económica contra Caracas.

En relación con el segundo tema de la edición comentó que la madrugada de este miércoles, dos vehículos aéreos no tripulados –drones– incursionaron en las murallas del Kremlin, sede del poder ruso, con la aparente intención de asesinar al presidente Vladímir Putin, aunque fueron derribados antes de conseguir su propósito.

«Estas acciones que se están dando en Europa tendrán efectos en los precios del petróleo y del gas. Venezuela es un país productor de crudo y, por ende, esto la afecta», comentó.

Según portavoces del gobierno de la Federación de Rusia, continuó relatando, Ucrania estaría tras el atentado, que fue tachado como «terrorista» y se produjo a pocas jornadas del desfile conmemorativo por el Día de la Victoria, donde se honra a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo por parte del ejército y el pueblo soviético.

La grave acción, que hasta ahora parece una provocación, podría suponer el inicio de la muy anunciada ofensiva de primavera por parte de las tropas de Kiev inscrita en un escenario de estancamiento del frente bélico y de ataques subterfugios –pero continuados– de Ucrania en territorio ruso.

Citgo: cronología de un megarrobo

Entrando en materia refirió que este lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) promulgó una licencia en la que faculta a la fenecida Asamblea Nacional de 2015 a manejar Citgo Petroleum, filial de la estatal Pdvsa y otrora principal activo de Venezuela en el exterior.

En concreto, explicó, la Licencia General Nº42 autoriza a la IV Legislatura de la Asamblea Nacional (2016-2021), a «su comisión delegada», a «cualquier persona designada» o a «cualquier entidad creada por o bajo la dirección» de esa instancia, a tomar decisiones «en relación con cualquier deuda del gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), o cualquier entidad en la que Pdvsa sea propietaria, directa o indirectamente» del 50 % o más.

«Vamos a entendernos: los Estados Unidos, de un plumazo, le dan la autorización a Guaidó –que salió huyendo–, Julio Borges y otros que no hacen parte de la vida política, que no han sido elegidos, que no tienen incidencia en la vida política nacional y se les da la licencia para que roben Citgo. Cuando digo Citgo hablo de miles de bombas de gasolina, de una empresa que factura miles de millones de dólares. Lo indignante no es solo que Estados Unidos sea un estado ladrón, imperialista, colonialista, sino que venezolanos se presten para esta acción que es, como mínimo, apátrida», fustigó.

El documento prohíbe asimismo «cualquier transacción que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional que inició funciones el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal», continuó explicando.

De su parte, Pdvsa publicó un comunicado en repudio a la Licencia Nº42 en el advirtió que no reconocerá ninguna acción que se derive de su aplicación.

Pdvsa advirtió que desconocerá cualquier transa realizada en su nombre o sobre sus activos a partir de la Licencia General Nº42 publicada este lunes por la OFAC, que habilita a un conjunto de exdiputados venezolanos para tomar decisiones financieras en la refinadora Citgo Petroleum, filial de la estatal venezolana en los Estados Unidos.

«Pdvsa advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a Pdvsa y/o cualquier entidad en la que Pdvsa tenga participación tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1º de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia específica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo o ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por Pdvsa o sus filiales», se lee en el comunicado publicado por la compañía en sus redes sociales.

Pdvsa también rechazó «categóricamente» y desconoció «completamente» el intento de «la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en Citgo, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano, en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela».

Pérez Pirela indicó que en el documento, la estatal venezolana reiteró que «estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de los activos de Pdvsa y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano».

Asimismo, ratificó «ante la comunidad internacional» sus señalamientos sobre la «política de agresión sostenida de los Estados Unidos de América» por medio de sanciones, «decisiones judiciales y otras medidas» sobre sus activos «y el de sus filiales en el extranjero».

El comunicador señaló que estas puntualizaciones fueron ratificadas a la víspera en una rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien además enfatizó la necesaria complicidad de la Plataforma Unitaria en este nuevo intento de expolio de los activos del Estado venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En la misma intervención, Rodríguez enfatizó el carácter inédito de la Licencia Nº42, en el sentido de que no existen antecedentes contemporáneos de una acción de expolio semejante contra un Estado soberano, en tanto contraviene todo el orden internacional vigente.

Aseveró asimismo que la Licencia Nº42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) consuma el robo de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela en la nación norteamericana.

En rueda de prensa, la funcionaria subrayó que la resolución –que en su decir, se estuvo «tramando» desde inicios del presente año– violenta completamente tanto las leyes venezolanas como lo consagrado en el derecho internacional público y privado.

Señaló además que, lejos de considerarse un incidente aislado, la Casa Blanca avanza en este plan de despojo de activos desde el año 2017, cuando se pretendió anular la legitimidad de los poderes públicos de Venezuela a través de la legislatura de la Asamblea Nacional electa para el período 2016-2021.

Rodríguez destacó que el Parlamento de entonces, controlado por fuerzas opositoras –muchas de ellas agrupadas en la Plataforma Unitaria–, actuó como un agente del gobierno de los Estados Unidos, en desmedro de los intereses nacionales.

A juicio del especialista, la vicepresidenta venezolana pone el acento en un asunto que estimamos esencial: este plan para arrebatarle a Venezuela sus riquezas en el extranjero inició hace varios años y ha ido escalando en intensidad, según las necesidades particulares del gobierno estadounidense y con independencia de quién haya sido el ocupante de la Casa Blanca.

Solo así se entiende por qué la OFAC hizo circular una comunicación fechada a inicios de abril en la que anuncia que autorizará a supuestos acreedores de la República Bolivariana de Venezuela a cobrar sus deudas con cargo a los activos de Citgo, alegando que solo están cumpliendo una orden judicial, que como luego veremos, se basa en el manejo irregular de la refinadora que hicieran agentes del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó.

Detrás de esta trama de despojos está el interés económico de trasnacionales como la minera canadiense Crystallex o ConocoPhillips, que coordinadamente han introducido demandas en cortes estadounidenses para cobrar presuntas acreencias al Estado venezolano.

La pieza esencial en esta estrategia es el abogado José Ignacio Hernández, otrora asesor jurídico de Crystallex que fue designado como pseudo procurador de la República durante el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó.

El comunicador recordó que en denuncias que se remontan a 2020, el Gobierno Bolivariano demostró la implicación de este personaje en la estrategia adelantada por trasnacionales en contubernio con Washington para apoderarse de los activos de Venezuela en el extranjero mediante la aplicación extraterritorial de la justicia.

El «procurador» del así llamado interinato está solicitado por la justicia venezolana por los cargos de usurpación de funciones, estafa, extorsión, cooperación inmediata en peculado impropio y falsa atestación, y defraudación.

En criterio del también director de LaIguana.TV el relato de Delcy Rodríguez es preciso y permite concluir sin atisbo de duda cuán programada fue la operación de despojo de activos que se perpetra contra la República Bolivariana de Venezuela, que en este momento tiene como epicentro Citgo.

Conviene destacar que la designación de Hernández en febrero de 2019, implicó en la práctica que el Estado venezolano no pudiera defenderse de las acusaciones que se le imputaban, con lo que se ocasionó un daño irreparable a la República.

Así las cosas, analizó, el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó figura como un eslabón necesario para cumplir con esta meta, denuncia que no solo ha sido formulada por voceros del gobierno venezolano sino por personas completamente ajenas a él, que incluso lo adversan.

Es el caso del economista y académico Francisco Rodríguez, quien ha hecho un seguimiento detallado del devenir de los activos venezolanos en el extranjero desde que Estados Unidos tomó posesión de ellos, empleando para ello a pseudofuncionarios designados por Guaidó.

Apenas se hizo pública la carta del Departamento del Tesoro donde se anunciaba la próxima implementación de una política de sanciones sobre Citgo favorable a los acreedores, el especialista concedió una entrevista telefónica a un medio venezolano donde analizó en detalle el caso y responsabilizó directamente a Juan Guaidó y a su equipo por abrir las puertas para el remate de la compañía.

A este respecto relató que el economista Francisco Rodríguez analizó las implicaciones de las acciones del interinato y de los exdiputados a la Asamblea Nacional electa en 2015, en el contexto de la última extensión de la licencia de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que prohíbe el remate de la compañía hasta el próximo mes de junio.

Sostuvo que «el gobierno interino habría usado los activos de Pdvsa para sus propios fines y, por lo tanto, no respetó su autonomía», a lo que agregó que «es interesante que este dictamen del juez precisa que la violación se dio durante el período del gobierno interino; no se dio durante Maduro, fue muy claro en eso, fue en 2021 y 2022. Por tanto, el que violó la autonomía de Pdvsa fue el gobierno interino y eso es lo que permite que a esta compañía la embarguen. Lo que revela un mal manejo, altamente cuestionable por parte del gobierno interino y por parte de la junta de Pdvsa ‘ad hoc’, que sigue siendo la misma que nombró el gobierno interino».

De acuerdo con su explicación, las leyes estadounidenses no permiten embargar los activos de una compañía para cobrar las deudas que haya adquirido su dueño, «para cobrar una deuda del dueño porque son dos entidades legalmente distintas y separadas».

Sin embargo, ello fue posible porque se acumularon deudas por nacionalizaciones y se dictaron laudos contra la República en los que se estableció la equivalencia jurídica entre Citgo y Pdvsa, detalló el analista.

En comentario sobre la sentencia del juez Leonard Stark de la Corte de Delaware, que permite el cobro de deudas de Pdvsa a cuenta de la refinadora, Rodríguez refirió que en el texto se señala directamente a miembros del interinato, entre ellos al pseudo procurador general, José Ignacio Hernández, «cuyos sus actos violaron la autonomía de Pdvsa y abrieron las puertas a lo que está pasando».

«Personalmente, pienso que hay daños severos a la República porque la sentencia de marzo indicó que fueron 2.500 millones de dólares en acreedores. Ahora se han sumado otros casos adicionales y el juez ha permitido que otros acreedores se sumen, por lo que tenemos un total de 9.100 millones de dólares en acreedores y a muchos se les han abierto las puertas de embargar Citgo por el cuestionable manejo de la empresa por parte del gobierno interino», recalcó el economista.

Pérez Pirela sumó a esto la trama fraudulenta descrita por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su comparecencia ante la prensa, en la que resaltó el papel de la extinta Asamblea Nacional de 2015 y Hernández en el esquema de apropiación de activos adelantado por la Casa Blanca desde al menos 2017 y precisó quiénes son los supuestos acreedores de Pdvsa que han sido reconocidos en la Corte de Delaware.

«Esto es importante: nos están quitando a pedazos Citgo por las acciones del pseudogobierno de Juan Guaidó. No lo dice Pérez Pirela, lo dice Francisco Rodríguez, un economista opositor que vive en los Estados Unidos», resaltó, porque como resulta evidente, hay sobradas pruebas de los manejos dolosos de Citgo por parte del pseudogobierno de Juan Guaidó y sus aliados agrupados en la Plataforma Unitaria, y no lo dice solo una fuente del Ejecutivo venezolano, sino el sistema judicial de los Estados Unidos, cuyo gobierno instigó y permitió los ilícitos para luego usarlos en su favor.

El comunicador advirtió que el desguace de Citgo Petroleum tiene más ramificaciones. La más importante a los efectos que nos ocupan son los bonos de Pdvsa 2020, cuyo impago se utilizó como pretexto para posicionar a los tenedores como los principales acreedores contemplados en la Licencia Nº42 en lugar de las grandes trasnacionales, aunque son estas últimas las que recibirían el trozo más grande del pastel.

Para comprender mejor este asunto, detalló, hay que tener en cuenta que en 2016, el Estado venezolano emitió bonos para canje de deuda en los que se empleó como garantía el 51 % de las acciones de Citgo.

Aunque poco se habla de ello, la razón por la que Venezuela apeló a este recurso no exento de riesgos, es que para entonces ya tenía bloqueado el acceso a créditos internacionales, por causa de la evaluación que le otorgaron las calificadoras de riesgo a partir de 2013, considerada por especialistas como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa como la primera acción concreta de guerra económica contra el país.

En todo caso, Caracas honró sus compromisos con los tenedores hasta 2019, cuando tras la autoproclamación de Guaidó, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea le impidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro acceder a las cuentas de la República en el extranjero.

A sabiendas de esta situación, el pretendido gobierno paralelo no hizo nada para proteger el que otrora fuera el principal activo del país en el extranjero e intentó que una corte del estado de Nueva York declarara nula la deuda.

Para ahondar en este asunto, se permitió citar lo expresado por Francisco Rodríguez sobre el tema: «Hay que recordar que existe una demanda que avanza pese a que el gobierno interino terminó en diciembre. Se sigue tramitando a través de abogados por presunta ilegalidad de este bono en las Cortes de Nueva York. Allí se hicieron argumentos en la Corte de Primera Instancia, y la República de Venezuela perdió el argumento cuando la juez dictaminó a favor de los acreedores».

En su criterio, las palabras de Rodríguez, a no dudarlo, lucen proféticas: de estas aparentes «torpezas» cometidas por agentes del interinato se valió Washington para apoderarse impunemente de una empresa valorada en más de 8.000 millones de dólares y con números en verde, lo que significa que es rentable.

Lamentablemente, desde 2019, Venezuela no ha podido acceder a los cuantiosos dividendos que genera la refinadora, imprescindibles para satisfacer muchas de las urgencias de la población, irrebatiblemente afectada por las 930 sanciones implementadas desde 2013 hasta la fecha, como consta en la más reciente actualización del Observatorio de Medidas Coercitivas Unilaterales divulgada este martes.

En ese orden se pronunció este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien recordó que los recursos procedentes de Citgo se usaban para cubrir tratamientos médicos de alto costo y ahora podrían emplearse para cancelar salarios.

El parlamentario apuntó directamente hacia la exdiputada Dinorah Figuera, que pretende usurpar funciones como jefa del Legislativo con la venia estadounidense y a la que el gobierno de ese país otorgó amplios poderes para disponer de los recursos de la República sin tener que rendir cuentas a nadie más que a la OFAC.

«A esta señora a la que nadie conoce, que no hace política en Venezuela, que no tiene ninguna ascendencia, los Estados Unidos la autorizaron para manejar Citgo. Esto no tiene nombre», insistió.

De regreso a las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, comentó que el diputado también criticó a personeros de la oposición, como el precandidato presidencial y copartidario de Figuera, Henrique Capriles Radonski, que intentan explotar políticamente la crisis económica pero callan ante el esquema de expolio de la Plataforma Unitaria, del que al menos son cómplices por omisión.

El comunicador avanzó que las denuncias relativas al expolio de Citgo no se han limitado a las esferas internas. Este 2 de mayo, Venezuela introdujo un reclamo formal en el seno de las Naciones Unidas por la confiscación de su activo, acto que calificó como «la máxima expresión de corrupción», noticia que fue recogida por LaIguana.TV bajo el título «Venezuela denuncia ante la ONU: Confiscación de Citgo es ‘la máxima expresión de corrupción'»

Venezuela denunció nuevamente este martes ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las sanciones unilaterales e ilegales impuestas por los Estados Unidos y de manera particular, la confiscación de Citgo.

En una reunión del Consejo en el que se debatía el el objetivo 16 del organismo multilateral, que estipula la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, reafirmó el «compromiso nacional» de Caracas con «la transparencia».

En la cuenta oficial en Twitter de la misión permanente de Venezuela ante la ONU, Pérez Ayestarán indicó que «las medidas coercitivas unilaterales y la pretensión de confiscar activos nacionales, como la empresa Citgo, constituyen la máxima expresión de la corrupción, y representan acciones criminales y un doble rasero en el combate contra este flagelo».

Pérez Pirela indicó que aunque claramente es necesario formular a viva voz estos señalamientos, la ineficacia de la ONU para frenar estas acciones –que son ilegales según los términos de su propia Carta fundacional–, le hace pensar que la organización no emprenderá ninguna medida eficaz para proteger a Venezuela en tanto Estado agredido y tampoco para sancionar a los Estados agresores.

«Todo esto explica por qué están despedazando Citgo, por qué se la están robando a pedazos, por qué el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó puso Citgo en bandeja de plata a trasnacionales como Crystallex, donde trabajaba el pseudo procurador José Ignacio Hernández», redondeó.

¿Se cierran todas las puertas para el diálogo en Venezuela?

Si los efectos económicos de la confiscación de Citgo son incalculables, no menos lesivas resultan las consecuencias Licencia Nº42 sobre el diálogo y la normalización de la situación política en Venezuela.

Pérez Pirela avanzó que si se atiende al tiempo, no parece para nada casual que el anuncio de la medida se haya sucedido al arribo de Juan Guaidó a Miami tras haber huido de Venezuela, como observara el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

En un acto de masas, Cabello aseguró este miércoles que el escape de Guaidó a los Estados Unidos pretendía «garantizar» que el remate de Citgo se concretara sin incidencias.

Comentó asimismo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez aportó otros detalles sobre este asunto en la ya mencionada rueda de prensa. En particular, refirió encuentros en Washington entre exdiputados de la extinta Asamblea Nacional ligados a la Plataforma Unitaria y funcionarios de los Estados Unidos antes de la promulgación de la Licencia Nº42, cuyo objetivo era preparar el terreno para concretar el despojo.

De acuerdo con la cronología que presentó la funcionaria, el primer movimiento se produjo el pasado 9 de enero, con la publicación de una licencia de «reconocimiento» a los 72 exparlamentarios, a los que la OFAC designó como poder legítimo en Venezuela y, con ese alegato, les autorizó a realizar tratos políticos, económicos y diplomáticos con Washington.

«Recordemos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez es abogada y maneja muy bien este tipo de temas», destacó el especialista, para quien no menos importante resulta poner en perspectiva las fechas de las licencias estadounidenses en relación con la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela celebrada en Bogotá el pasado 25 de abril a instancias del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Como se recordará, uno de los objetivos declarados de la cumbre era conseguir un acuerdo para levantar paulatinamente las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre la economía venezolana y, en decir de Petro, Washington se comprometió ante las 20 delegaciones a trabajar en esa dirección.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este martes que en la conferencia celebrada en Bogotá el pasado 25 de abril, las partes (Venezuela, Estados Unidos y un sector de la oposición venezolana) estuvieron de acuerdo en trabajar, de un lado, en el levantamiento de las sanciones; de otro, en la elaboración de «un cronograma electoral con garantías».

«El acuerdo va sobre dos rieles: el cronograma electoral con garantías y en el otro el desmonte paulatino de sanciones. ¿Cuál primero, cuál después? Está por discutirse. Eso fue aceptado por Venezuela, eso fue aceptado por Estados Unidos, eso fue aceptado por la oposición venezolana», sostuvo en una entrevista concedida a W Radio desde Madrid (España).

Informó asimismo que volverá a reunirse con el presidente Nicolás Maduro y con representantes de la Plataforma Unitaria para hacer seguimiento de los acuerdos suscritos en la Conferencia. «Habrá que ir otra vez a hablar con Maduro y ver si de esta nueva plataforma podemos tener avances concretos», indicó.

Precisó además que con la reunión «lo que se quería era destrabar las reuniones en México. Habían llegado a un acuerdo de 3.000 millones de dólares entre oposición y gobierno de Venezuela que no se cumplió».

Pérez Pirela indicó que el presidente de Colombia formuló estas declaraciones después de que se había publicado la Licencia Nº42, de donde se desprende que, pese a todo, las negociaciones entre Washington y Caracas no están suspendidas, pero advirtió que de ello no debe interpretarse que Venezuela se sentará dócilmente con el gobierno de Joe Biden tras haber sido despojada judicialmente de su principal activo en el extranjero.

En ese orden recordó que el canciller Yván Gil tachó de «zarpazo» contra el diálogo la resolución del Tesoro estadounidense que permite el remate de la refinadora venezolana, declaraciones que fueron reseñadas por LaIguana.TV en una nota bajo el título «Canciller Gil: Licencia de EEUU contra Citgo anula avances de conferencia en Colombia sobre Venezuela».

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró este miércoles que «nefasta Licencia 42» emitida por la OFAC es un «zarpazo» contra los avances obtenidos en la Conferencia Internacional sobre la situación política en Venezuela, convocada en Bogotá por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 25 de abril, según recoge una nota de prensa de la Cancillería.

«Hemos expresado la burla que ha significado esta licencia en contra del espíritu de la reunión convocada por el Presidente Petro», sostuvo el diplomático, al tiempo que subrayó que la licencia demostraba que las 20 delegaciones participantes en el encuentro fueron timadas en su buena fe.

En su decir, las representaciones acudieron a la cita en la capital colombiana «con buena fe de aportar soluciones en las negociaciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano con parte de la oposición venezolana, amparada por el gobierno de los Estados Unidos, y el resultado, una semana después, ha sido esta licencia que trata de consumar un robo de nuestra principal industria petrolera en ese país, como es Citgo».

El analista recordó que como advirtió en la pasada edición de Desde Donde Sea, la Conferencia organizada por Petro no condujo a la definición de ninguna ruta concreta para levantar las sanciones y se basó en la cuestionable premisa de que las elecciones presidenciales no serían convocadas en el momento que constitucionalmente corresponde hacerlo, lo que acabó por beneficiar al sector de la oposición extremista agrupado en la Plataforma Unitaria.

Insistió asimismo que Washington no movería un dedo para aliviar ninguna sanción, mucho menos por Maduro o el sector de la oposición que aúpan como por el hecho de que la decisión supone un elevado costo electoral en el estado de Florida para quien la tome. Con Biden aspirando a la reelección, es imposible que se concrete ningún levantamiento de sanciones en el corto plazo.

De otro lado, pese a los innegables esfuerzos de Gustavo Petro –quien luce sincero en su respaldo a la normalización de la situación política y económica en Venezuela–, al día de hoy resulta todavía menos probable que el Ejecutivo venezolano se siente en una mesa a dialogar con los artífices de un despojo sin precedentes conocidos en la historia contemporánea.

Aunque ningún vocero del gobierno del presidente Nicolás Maduro ni el propio mandatario le han dado un portazo a la negociación, es claro que su disposición a retomarla bajo condiciones tan desfavorables es prácticamente inexistente, especialmente porque a pesar de que quienes están del otro lado del tablero fracasaron en la política de cambio de régimen y causaron graves daños al patrimonio público, le están exigiendo inmensas concesiones; todo a cambio de nada.

Para volver a las conversaciones de México, el Gobierno Bolivariano ha exigido, como mínimo, la liberación de los recursos de la República confiscados ilegalmente en el extranjero para conformar un fondo de asistencia social, de conformidad con lo pactado con la Plataforma Unitaria el pasado noviembre.

Adicionalmente, Caracas demanda el levantamiento inmediato de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados sobre su economía, así como el cese de la persecución judicial contra funcionarios y activos venezolanos en el extranjero.

Nada de esto parece estar sucediendo ni sucederá en el futuro cercano.

«¿Qué ha quedado de todo esto, de la pantomima de un gobierno paralelo que no pudo salir de Nicolás Maduro, a pesar de haber apelado golpes de Estado, sanciones, intentos de invasión e intentos de magnicidio? Que su intención no era desplazar a Maduro, sino continuar lucrándose del principal negocio de este grupo desde hace 20 años: ser oposición. Ellos no quieren llegar al poder, quieren seguir despojando al pueblo venezolano de sus activos», dijo para cerrar estas consideraciones.

Lo que el atentado contra Putin nos dice de la guerra en Ucrania

En cambio de registro, Miguel Ángel Pérez Pirela se desplazó al plano internacional, porque tras varias semanas de estancamiento en el frente, la guerra proxy entre Rusia y la OTAN que se libra en Ucrania acaparó nuevamente titulares, al conocerse que dos vehículos aéreos sobrepasaron la muralla del Kremlin, sede del poder ruso, con la aparente intención de asesinar al presidente Vladímir Putin.

En concreto, indicó, Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones la madrugada de este 3 de mayo y la acción fue calificada por el gobierno ruso como un intento de magnicidio contra el presidente Vladímir Putin.

«Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio», precisó el servicio de prensa del Kremlin.

De acuerdo con esa fuente, dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al complejo –considerado como uno de los más vigilados del mundo–, pero fueron derribados antes de dar en el blanco, como se aprecia en videos captados por transeúntes divulgados en las redes sociales y luego replicados por medios rusos.

«Resulta por lo menos impresionantes ver estas imágenes de un ataque en el Kremlin. Ni Napoleón ni Hitler pudieron llegar hasta allí», comentó en especialista.

De su parte, en la oficina de comunicaciones del Kremlin afirmaron: «Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros» y destacaron que ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida, pero aparentemente sí se produjeron daños materiales menores. Los videos del atentado muestran una explosión cerca de una de las cúpulas del complejo del Kremlin, incluido por la Unesco en la lista de Patrimonios de la Humanidad pues alberga verdaderas joyas arquitectónicas.Adicionalmente, Rusia advirtió que se se reservaría el derecho de responder «donde y cuando» lo estimara oportuno.

Pérez Pirela refirió que como destacó la cadena teleSUR en su informe, el ataque se produjo luego de que el ejército ucraniano ocasionara el descarrilamento de un tren en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania, así como del incendio de un depósito de combustible en Rostov del Don.

Pero no es todo. En la jornada del pasado martes, las autoridades comunicaron que el Servicio Federal de Inteligencia (FSB) desarticuló un plan para asesinar a altas autoridades de la República de Crimea, que volvió a la soberanía rusa tras un referéndum celebrado en 2014.

RT en Español reseñó que se escogieron como blancos al jefe de la República de Crimea, Serguéi Aksiónov, al presidente del Parlamento de Crimea, Vladímir Konstantínov, y la alcaldesa de la ciudad de Yalta, Yanina Pavlénko, al tiempo que se planeaba atacar en paralelo la infraestructura de transporte.

Por los hechos resultaron detenidos seis ciudadanos de nacionalidades rusa y ucrania (no se aportaron más precisiones), a los que se les acusa de planificar acciones terroristas, «espiar a funcionarios utilizando medios técnicos especiales y adquirir armas de fuego», así como a un ruso-búlgaro que habría introducido ilegalmente a Rusia explosivos y sus componentes.

A esto añadió que el pasado sábado se incendiaron cuatro cuatro tanques de combustible en Sebastopol tras recibir fuego de Ucrania y este miércoles, el ejército ruso derribó dos drones en la península.

Este recuento reciente le permitió al especialista apuntar en una dirección reseñada con poco entusiasmo en medios rusos, pero también occidentales: desde que inició la guerra, el ejército de Ucrania ha estado atacando el territorio ruso –no hablamos de Donetsk y Lugansk, bajo fuego desde 2014– sino en zonas cercanas a la frontera. Por lo general, estas acciones se han saldado con daños a infraestructuras civiles y militares, pero rara vez han resultado en bajas de personas comunes.

En pocas palabras, pese a las aireadas declaraciones del Kremlin sobre no tolerar ataques militares en su territorio, lo cierto es que estos se han venido sucediendo con regularidad desde febrero de 2022, con picos como los registrados en las últimas jornadas, algo que ha sido interpretado por propios y extraños –incluyendo al grupo mercenario Wagner– como el inicio de la anunciada contraofensiva ucraniana.

De otra parte, si bien estos incidentes lucen coherentes en un contexto bélico como el que se desarrolla en el este de Ucrania, no pareciera que Kiev disponga por sí misma de los medios para atacar directamente al Kremlin, algo que ni Hitler ni Napoleón Bonaparte lograron, a pesar de tener tropas desplegadas en las cercanías de la ciudad.

A su parecer, es en este contexto donde deben interpretarse las reacciones y señalamientos que se sucedieron al intento de magnicidio contra Vladímir Putin.

Empezando Ucrania, refirió que su presidente, Volodímir Zelenski, negó la implicación de su país en el hecho. «No atacamos a Putin ni a Moscú, lo dejamos para un tribunal», aseguró Zelenski desde Finlandia, donde cumple una visita oficial. En su decir, Kiev no dispone de suficientes armas, por lo que «no las utiliza en ningún otro lugar».

El ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, deslizó en una conversación con The Washington Post que se trataba de una operación de falsa bandera. «Si algunos funcionarios del Kremlin intentan acusar a alguien, pueden acusarse a sí mismos», dijo.

Pese a esto, el Servicio Postal de Ucrania comunicó este jueves que lanzaría un sello conmemorativo en ocasión del ataque al Kremlin, lo que ha sido valorado como una reivindicación tácita del atentado.

El comunicador subrayó que tras las declaraciones de Zelenski, la prensa hegemónica se aprestó a reseñar el incidente en términos de «Rusia dice que…», es decir: «No sabemos si es verdad», relato al que también contribuyeron altos funcionarios estadounidenses.

«No tengan la menor duda que detrás de los ataques en el Kremlin está Estados Unidos, como estuvo detrás de los ataques al gasoducto Nord Stream», aseveró.

En todo caso, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien aseguró en una entrevista televisiva que el Pentágono no manejaba información precisa sobre lo sucedido y advirtió que todo cuanto dijera el Kremlin tenía que tomarse «con mucho cuidado».

Y aunque Blinken sostuvo que la decisión de atacar o no territorio ruso recae en Ucrania, sus declaraciones fueron matizadas posteriormente por Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, quien afirmó que Estados Unidos no alienta a Kiev para que perpetre ataques militares fuera de sus fronteras.

La vocera también rebajó los señalamientos de Blinken acerca de la autenticidad del ataque, al apuntar que Washington prefería no especular sobre el informe de Moscú.

El analista refirió que previamente, la cadena CNN había reportado que Estados Unidos no había recibido ninguna información para alertar sobre el ataque y que las autoridades investigaban para determinar qué había sucedido exactamente, según le habría dicho al medio un funcionario cuyo nombre no fue revelado.

Empero, comentó, este informe fue replicado casi al calco por el el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby: «Nosotros todavía realmente no sabemos qué pasó. Puedo asegurarles que no hubo participación de Estados Unidos en esto, sea lo que sea».

De su lado, China instó a las partes a «evitar tomar cualquier acción que pueda agravar aún más la situación», según declaraciones ofrecidas este jueves por la portavoz Mao Ning, que coinciden parcialmente con lo expresado por el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, quien además señaló que la organización no pudo confirmar los informes del ataque divulgados por Rusia.

Desde Francia, otro de los pesos pesados de la OTAN, la ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, calificó de incidente «extraño» y «misterioso» el intento de ataque con drones contra el Kremlin perpetrado la madrugada del 3 de mayo.

«No dispongo de ninguna información privilegiada, así que no voy a participar en el juego de hipótesis. Pero el hecho es que hay varias hipótesis (…). Y lo menos que podemos decir es que este episodio es realmente extraño. (…) Esto no es muy comprensible en situaciones normales. Por eso no quiero ir más allá de la elección del adjetivo extraño o quizás misterioso», sostuvo la ministra en una entrevista con France Inter.

Cuando se le preguntó sobre la eventual implicación de Kiev en el atentado, Colonna defendió lo dicho por Zelenski: «Los ucranianos declararon ayer oficialmente que no tienen nada que ver con este suceso, que sigue sin explicación».

De lo anterior, Pérez Pirela desprendió que hay un claro interés en el así llamado Occidente colectivo por poner en tela de juicio no el ataque –es imposible negarlo, en función de los numerosos registros audiovisuales que han circulado por todo el internet–, pero sí la autoría.

Este ‘modus operandi’ no es para nada novedoso y recientemente el mundo lo vio desplegado con toda su fuerza, a propósito de las acciones terroristas contra los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico: todos los dedos apuntaron a Moscú, aunque no había ninguna razón para ello.

Acaso no por casualidad, este miércoles el servicio en español de la BBC publicó en su portal web un trabajo intitulado: «La investigación que revela que ‘barcos fantasma’ rusos fueron detectados cerca del gasoducto Nord Stream poco antes de las explosiones en septiembre».
Es el último de un conjunto de reportes e informes que han aparecido en grandes medios para echar abajo la implicación de la OTAN en el atentado, que quedó prácticamente fuera de cuestión tras las revelaciones que hiciera el periodista estadounidense Seymour Hersh, refirió.

Como cabía esperar, en Moscú no se contentaron con señalar a Ucrania y tampoco se quedaron de brazos cruzados ante la insinuación de que Rusia orquestó un ataque de falsa bandera.

Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Estado de la Federación –quien en el marco de la guerra a menudo ofrece declaraciones extremistas e incendiarias– pidió «la eliminación física» del presidente ucraniano.

«Después del ataque terrorista de hoy, no quedan más opciones que la eliminación física de Zelenski y su camarilla. Ni siquiera es necesario para firmar un acto de rendición incondicional. Hitler tampoco lo firmó», escribió Medvédev en su canal de Telegram.

A las duras palabras del exmandatario ruso añadió las declaraciones que ofreciera a la agencia TASS, el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, en las que advirtió que su país «responderá al insolente y arrogante ataque terrorista. Responderá cuando lo considere necesario. Responderá en conformidad con las evaluaciones a esta amenaza que Kiev ha creado para el gobierno» del presidente Vladímir Putin.

De momento, la respuesta rusa parece haberse concentrado exclusivamente en Ucrania. Desde este mismo miércoles, las alertas aéreas han sonado en todo el país, incluso en Kiev, sobre la que Rusia se había abstenido de echar bombas desde las primeras semanas de la guerra, precisó el experto.

Además de esto, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova afirmó este jueves que la OTAN es responsable del ataque con aviones no tripulados contra el complejo del Kremlin, con independencia de que el perpetrador sea Ucrania.

Zajárova también criticó el uso propagandístico que ha hecho el gobierno ucraniano de los ataques recientes contra zonas específicas de Rusia, en el contexto de la contraofensiva ucraniana de primavera, diseñada y financiada por gobiernos occidentales.

En este punto, Pérez Pirela conviene detenerse en lo que sugieren las declaraciones de los involucrados. En primer lugar indicó que si bien no tenía cómo calibrar el alcance de las altisonantes declaraciones de Medvédev, en su opinión, la alusión que hizo a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria sobre el nazismo parece responder a la proximidad de la conmemoración de la fecha, que habitualmente implica un desfile militar en las inmediaciones de la Plaza Roja y un discurso del presidente.

En ese mismo orden señaló que tampoco puede dejarse de lado que Moscú no ha estado bajo fuego directo en varios siglos, pues el imparable ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial se quedó a las puertas de la ciudad, como en su día le sucediera al ejército napoleónico. En su tiempo, las formaciones eran consideradas como las más poderosas de todo el mundo.

Con estos datos históricos en mente, a su juicio luce improbable que el gobierno de Vladímir Putin preparara una operación de falsa bandera, que lejos de beneficiarle propagandísticamente, mostraría la debilidad de la defensa aérea rusa, pues no uno sino dos drones lograron ingresar al Kremlin antes de ser derribados.

En interés de aportar otro ángulo a su interpretación recordó que el intentar magnicidios con drones tampoco constituye una novedad. A inicios de agosto de 2018, se perpetró un ataque con aviones no tripulados contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y casi todos los miembros de más alto nivel de su gobierno en un desfile militar.

En su criterio, ello explica en buena medida por qué Caracas se aprestó a condenar vehementemente el ataque y no puso en duda la versión de las autoridades rusas, pues vieron la repetición de una película que ya conocían.

La solidaridad de Venezuela –cuya Cancillería insiste en la necesidad de alcanzar una paz negociada en Ucrania, con independencia de las estrechas relaciones con Rusia– se tradujo en una conversación telefónica entre Putin y Maduro comunicada por el servicio de prensa del Kremlin.

En el marco del intercambio con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó enérgicamente el intento de Ucrania de atacar con drones el Kremlin.

Según reseñó la oficina de comunicaciones del gobierno ruso, los mandatarios también discutieron sobre el desarrollo estratégico de la relación entre los dos países, incluida la implementación de proyectos conjuntos en los campos comercial, económico, energético y humanitario.

En declaraciones públicas, Maduro manifestó «su total condena al intento de magnicidio» contra Putin. Además, en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno Bolivariano destacó «la efectiva acción de los cuerpos de seguridad rusos que oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos hacia el palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin».

En el caso del magnicidio frustrado en Venezuela, las investigaciones arrojaron que si bien el atentado se planificó en Colombia con la implicación directa del gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, y políticos del ala extremista de la oposición, fue ejecutado desde las cercanías del sitio donde se desarrollaba la actividad, puntualizó.

A su parecer, esta precisión es importante. Aunque los drones que la OTAN ha proporcionado a Ucrania tienen amplia autonomía, esta no alcanza para llegar a Moscú y hacer blanco en el Kremlin. De allí que considere que la hipótesis más razonable es que los aviones no tripulados se hayan desplegado en la propia capital rusa e incluso cerca de la sede del gobierno.

Valoró asimismo que tampoco puede obviarse que Estados Unidos acumula experiencia en ejecutar asesinatos milimétricos de personajes de alto perfil a través de explosiones causadas con drones. Es decir, explicó, aunque la operación haya requerido captar agentes locales afines a la causa ucraniana, esto no significa que se trató de una acción ejecutada al margen del alto mando de la OTAN, ni por grupos no controlados por el gobierno de Zelenski, porque aunque parezca simple, es evidente tiene tras de sí un arduo trabajo de inteligencia del más alto nivel.

Así las cosas, desde su punto de vista, un pequeño grupo extremista no podría hacer solo la tarea, sencillamente porque no tendría acceso a datos vitales para ejecutarla cabalmente, pese a que en Occidente hacen esfuerzos por apuntalar esta versión, que solo se apoya en su negativa a reconocer que están implicados.

A lo antes dicho añadió que la elección de la fecha tampoco parece obedecer a la casualidad, pues coincidió con la Masacre de los Sindicatos en Odessa, donde fuerzas neonazis y ultranacionalistas de Ucrania quemaron vivas y remataron a golpes a 48 personas de etnia rusa. La investigación se archivó y nadie pagó por los crímenes.

El incidente es considerado, junto al golpe de Estado conocido como Euromaidán, como uno de los detonantes de la confrontación que se desató en Donetsk y Lugansk, que a su vez constituyó el punto de partida de la guerra por aproximación entre la Alianza Atlántica y Rusia.

Pérez Pirela advirtió que todavía es pronto para saber qué resonancias tendrá el ataque con drones contra el Kremlin en el desarrollo de la guerra en Ucrania, pero en su opinión no deja de resultar llamativo que se intente un magnicidio contra un personaje de tan alto perfil como Vladímir Putin fuera del conocimiento de Washington, como se insiste desde las vocerías y medios occidentales.

En este orden recordó que en 2011, la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, comandó personalmente la operación en la que se asesinó a mansalva al líder libio Muammar Gaddafi. Y en la década de los 2000, la Casa Blanca capturó al presidente iraquí Saddam Hussein y al mandatario serbio Slobodan Milošević para juzgarlos en cortes internacionales por crímenes de guerra y genocidio.

Hussein murió en la ahorca y Milošević falleció en circunstancias dudosas mientras se celebraba su juicio en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y tras habérsele negado una solicitud para recibir tratamiento médico en Moscú.

El comunicador enfatizó que públicamente, la OTAN y sus aliados, incluyendo a Ucrania, han expresado que desean llevar a Putin a la Corte Penal Internacional bajo cargos análogos a los que se le imputaron a Milošević, pero no puede descartarse que en realidad estén trabajando para el asesinato del mandatario ruso.

Apuntó asimismo que más allá de cualquier propaganda, Rusia es la principal potencia nuclear del planeta y en tales condiciones, resulta virtualmente imposible derrotarla en el campo de batalla, como han solicitado, entre otros, Josep Borrell, Jens Stoltenberg, Úrsula von der Leyen y Zelenski.

El Kremlin ha reiterado que no desea que la guerra alcance el nivel en el que sea indispensable usar armas termonucleares, pero también ha advertido que está dispuesto a utilizarlas en caso de que vea amenazada su existencia. El propio Vladímir Putin ha dicho que tales declaraciones «no son un farol», por lo que deben ser tomadas completamente en serio.

El especialista agregó que al otro lado del tablero, es decir, en Washington, tampoco lucen comprometidos con la idea de embarcarse en una guerra nuclear con Rusia bajo ninguna circunstancia. Incluso, a pesar de que es obvio que son los verdaderos directores de orquesta en el ejército ucraniano, han repetido con insistencia que no quieren enfrentarse directamente a Moscú.

Lo cierto es que, a la fecha, el frente parece estar estancado. Ucrania ha perpetrado ataques contra infraestructuras dentro del territorio ruso y en la región de Donetsk –en este caso, a menudo contra blancos civiles– y hasta la víspera, Rusia había hecho otro tanto en zonas del este ucraniano, si bien hoy se reportaron bombardeos en Kiev.

Relató que en tierra, el foco de las operaciones está hace meses en la población de Bajmut, donde se enfrentan el ejército ucraniano, mercenarios occidentales y el grupo Wagner, un ejército paramilitar que actúa en el frente con permiso del gobierno ruso.

Para finalizar reiteró que, entretanto, China y Brasil han puesto sobre la mesa iniciativas de paz, que aunque han sido aplaudidas en los micrófonos por parte de Moscú, aún no dan muestras concretas de salir adelante.

«Estaremos muy atentos a esta contraofensiva pautada para el mes de mayo, porque la violencia se va a incrementar, como también lo hará la zozobra en el orden internacional», concluyó.

(LaIguana.TV)