La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la solicitud presentada por el Estado venezolano para consignar pruebas y detalles que refutarían alegaciones de presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos contenidas en el informe VPRS, uno de los fundamentos que emplearía la instancia para procesar a las autoridades venezolanas por crímenes de lesa humanidad.
En comunicación fechada el pasado 4 de mayo la CPI argumenta que el pasado 18 de noviembre, la presentación de Venezuela para «responder detalladamente» a los alegatos de presuntas víctimas cuyos casos «podrían ser objeto de investigaciones penales internas internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano», no fue «lo suficientemente precisa como para permitir que la Sala determine la conveniencia de conceder permiso para responder».
Asimismo, en aquel momento los jueces de la CPI consideraron que «una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas (es decir, para ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’) que Venezuela desea proporcionar«.
Para entonces, la CPI dijo que no había recibido los testimonios de las presuntas víctimas y, por tanto, «en ese momento no podía evaluar esta solicitud».
El pasado 26 de abril, Venezuela pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI una prórroga hasta «al menos el 30 de mayo», una vez la Secretaría consignó «su tercera transmisión de las opiniones y preocupaciones de las víctimas, junto con su informe final consolidado sobre las opiniones y preocupaciones de las víctimas recibido (el ‘Informe VPRS’)».
El argumento de noviembre no bastó para que la CPI accediera a la demanda del Estado venezolano. En esta oportunidad se recalcó la aparente imprecisión de lo consignado por las autoridades y se puntualizó que la Sala «solo puede evaluar la idoneidad de otorgar permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas».
Adicionalmente, la Sala no califica el informe con los testimonios y preocupaciones de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos como «una respuesta» o una solicitud concreta a la instancia, al tiempo que destacó que al adherirse a la Corte, Venezuela debe cumplir con las reglas del organismo.
«En consecuencia, si bien Venezuela es un Estado participante en el sentido de la regla 24(3) de las Reglas, queda a discreción de la Sala otorgar o rechazar la autorización para presentar escritos adicionales», se lee en otro punto del documento.
Sobre esta base, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI se abstuvo de conceder la solicitud, visto que hasta ahora «ha recibido todas las presentaciones relevantes que había establecido y previsto en su Orden sobre la conducción de los procedimientos, incluido el Informe VPRS».
Además, se indica que «las presentaciones de Venezuela son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela«, aunque «en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual».
La Sala consideró que, de momento, no estimaba necesario «recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento» y. advirtió que «procederá ahora con su análisis y decisión sobre la Solicitud de Reanudación de la Investigación«.
(LaIguana.TV)
