Los migrantes venezolanos se convirtieron en un jugoso negocio para los dirigentes de la oposición extremista, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), algunos gobiernos de la región e incluso agencias de Naciones Unidas como Acnur o la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), aseguró el diputado Julio Chávez en entrevista concedida al periodista Clodovaldo Hernández para su programa Cara a Cara.
Chávez encabezó una comisión especial multipartidista de la Asamblea Nacional que investigó los crímenes perpetrados contra los migrantes venezolanos y se encargó de desentrañar el complicado esquema con el que actores de diverso cuño se han enriquecido.
En su decir, los 18 legisladores concluyeron la migración a gran escala es el resultado de la mezcla entre una campaña pro-emigración que empezó en los tiempos del presidente Chávez enfocada en jóvenes con alta preparación académica, que luego encontró un asidero en otras capas de la población cuando empezaron a sentirse los efectos del bloqueo económico.
Siempre según los hallazgos de la comisión parlamentaria, la campaña fue seguida de la conformación de ONG en países presentados como destino apetecible para los venezolanos, donde a partir de 2016, con el inicio en funciones de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional, entonces controlada por factores de la oposición extremista, se empezó a debilitar paulatinamente la presencia del Estado venezolano.
«Se utilizó la AN entre el 2015 y el 2020 para desmantelar todas las misiones diplomáticas en el mundo, debilitar la presencia del Estado venezolano y comenzar a abrir los espacios para que entraran estas ONG, sobre todo en países como Chile, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, la frontera con Estados Unidos», sostuvo Chávez.
Una vez puesto en marcha el «Estatuto para la Transición», con el que se intentó justificar el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó, el siguiente paso fue cerrar las misiones diplomáticas y privatizar los servicios consulares, que en adelante estuvieron controlados por ONG fundadas por políticos del interinato.
«Todo este plan, con todas estas aristas, con el impacto también del bloqueo económico criminal contra la economía (…) es lo que propicia estos movimientos migratorios inusuales de venezolanos a algunos países de la región», señaló.
En el proceso y gracias a las dificultades derivadas de las sanciones financieras, las ONG también lograron hacerse del control del envío de remesas a través de compañías particulares y en paralelo diseñaron paquetes para estimular la migración hacia el extranjero, basados en promesas de trabajo dudosas en profesiones como el modelaje.
«Por ejemplo, en territorio colombiano habían hasta zonas regentadas por la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, que tenía una zona en Bogotá llamada Zona Rosa, una zona de la alta sociedad, a la que habían llevado a mujeres venezolanas secuestradas, tenidas en esa zona con el amparo de las policías municipales, pero obligándolas a prostituirse», relató el diputado.
Esta grave denuncia está respaldada por testimonios de familiares de las víctimas y también por señalamientos formulados desde Colombia, específicamente por parte de la ONG Progresar, presidida por el activista Wilfredo Cañizares, quien también denunció que campesinos venezolanos fueron llevados a trabajar en condiciones de explotación en la zona de Tibú –donde se encuentran amplios sembradíos de coca– y luego asesinados y enterrados en fosas comunes en la frontera colombovenezolana.
Julio Chávez sostuvo que la migración venezolana ha devenido en «un gran negocio», aún más lucrativo que el narcotráfico, hecho que ha sido reconocido en instancias como la OIM, donde se denunciaba que «la migración venezolana se había cotizado» más alto que la que procedía de zonas de guerra como Siria o Ucrania y se atribuía esta situación a que constituía «una política».
En Colombia, por ejemplo, Cañizares demandó explicaciones al gobierno del presidente Iván Duque sobre el destino de los 1.300 millones de dólares que había recibido para atender a los migrantes venezolanos, que no se beneficiaron de esos recursos.
«Se trataba de eso: debilitar la presencia del Estado venezolano, potenciar a estas ONG, privatizar estos servicios consulares y hacer el gran negocio a partir del dolor y el sufrimiento de la migración venezolana en Colombia y otros países», sintetizó.
A su parecer, esto explica por qué en un cierto momento Duque y el expresidente chileno Sebastián Piñera, clamaban por fondos internacionales para supuestamente apoyar a los migrantes venezolanos, a los que habían impulsado a abandonar su país con promesas engañosas y a los que inicialmente recibieron sin cumplir ningún trámite legal.
«Es una enorme masa de dinero que ellos no iban a permitir que otra gente distinta a ellos la manejara. No importa que no le llegara a los migrantes», afirmó.
También consideró que el endurecimiento de las políticas migratorias, que incluyen el «secuestro» de migrantes que quieren volver a Venezuela, obedece al interés de seguir recibiendo fondos de la así llamada «comunidad internacional» en nombre de los migrantes venezolanos.
«Endurecen las leyes migratorias para que no se vayan. ¿Por qué? Porque es un negocio que estén allá, que haya presencia de migrantes venezolanos. No importa que estén como estén, pero ellos están cobrando mucho dinero por cada uno de estos migrantes que están padeciendo penurias», afirmó.
En otra arista de la situación comentó que agencias de Naciones Unidas como Acnur y la OIM se han negado a cooperar en la repatriación de migrantes a través del plan Vuelta a la Patria y han condicionado su ayuda a que los solicitantes suscriban documentos en los que se declaran perseguidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«Mira cómo se están orquestando todos estos organismos internacionales, todas estas instituciones, todas estas ONG, porque, en efecto, no les preocupa para nada la situación de la migración sino el negocio, controlar el negocio, que es más lucrativo que el narcotráfico», reiteró.
En relación con la migración que atraviesa el Tapón del Darién para seguir rumbo a los Estados Unidos a través de Centroamérica, Julio Chávez aseveró que no se trata de personas pobrísimas y muy precarizadas, como insistentemente se les presenta en los medios, sino de personas que disponen de los recursos para pagarle a las organizaciones delincuenciales que controlan el inhóspito territorio e incluso, a funcionarios locales, al tiempo que las ONG que operan en esa zona se siguen lucrando con la desesperación de los migrantes.
Por ello, en su opinión, no resulta nada sorprendente que se exagere y manipule la cifra de venezolanos que ha abandonado el país por razones económicas durante los últimos años, pues mientras mayor sea, más dinero recibe lo que tachó de «organización criminal».
A ese respecto reconoció que «es difícil determinar cuántos venezolanos se han ido», en buena medida por las contabilidades interesadas de los gobiernos que se implicaron en el negocio de la migración venezolana, pero según una estimación realizada por el Ejecutivo, la cantidad estaría cerca de 1.800.000 personas con tendencia a la baja, vista la reversión del flujo migratorio que se ha experimentado en los últimos meses, lo que es convenientemente omitido de las cifras publicadas por Acnur y las ONG.
«Hubiéramos traído muchísimos más venezolanos por el Plan Vuelta a la Patria si nos dan el apoyo, si permiten que nuestros aviones aterricen en sus aeropuertos, si nos permiten cooperar con el combustible y la logística», dijo para concluir.
(LaIguana.TV)
