“Todo indica que la próxima Constitución de Chile será tan o más pinochetista que la actual, con algún maquillaje, todo por culpa de Gabriel Boric, quien se empeña en gobernar para todos y ha terminado repitiendo el discurso de la derecha”, opinó Miguel Ángel Pérez Pirela en la continuación de su análisis sobre el resultado de la consulta popular sobre la Carta Magna, llevada a cabo el domingo 7 de mayo.
“El gobierno de Boric, inscrito en un progresismo ambiguo más próximo al centrismo, acapara todas las miradas, pero no por las razones más afortunadas –expresó-. Su convulsa gestión figura en el horizonte como una promesa vacía, hueca, incapaz de caminar con firmeza hacia ninguna dirección favorable a los intereses de las masas populares que le aseguraron el triunfo hace menos de año y medio. Está llegando al poder y ya ha hecho un desastre”.
Ruta incierta
Recordó el moderador que tras el fracaso en conseguir la aprobación de la Constitución redactada por los más de 500 constituyentistas electos en votación directa, el Ejecutivo chileno ofreció una nueva salida para hacer cumplir la voluntad de cambio expresada en el plebiscito de 2020.
Sin embargo, la metodología que guió esta solución –un comité de expertos designados por los partidos, que trabajarán de la mano con los 51 consejeros electos el domingo–, no fue capaz de convencer a quienes un par de años atrás parecían haber cifrado todas sus esperanzas en un cambio constitucional como mecanismo para avanzar en la refundación del Estado.
“En nuestra opinión, la respuesta de tinte claramente conservador, tecnocrático e inscrita en la lógica de la democracia representativa, es el precio que Boric tuvo que pagar por no haber conseguido la aprobación de la Constitución que redactó la Convención Constitucional el año pasado –enfatizó Pérez Pirela-. Las razones de este fracaso son variadas. Sintéticamente podrían resumirse en querer cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo al interior de una sociedad que simbólicamente está completamente atravesada por el neoliberalismo y su modelo de terror, primero político y luego económico”.
Aunque tales factores fueron sin duda importantes –y la derecha sacó amplio partido de ello en la esfera mediática–, lo que parece haber signado la derrota del proyecto constitucional elaborado por representantes electos en las urnas fue la incapacidad de Boric para liderarlo, aunque sus posibilidades de cumplir con el programa de gestión por el que fue electo dependían enteramente de ello.
El análisis del presidente Maduro
En septiembre de 2022, cuando 2 de cada 3 chilenos se manifestaron en contra de una Constitución que solo pudo tener lugar gracias a meses de protestas callejeras en medio de una cruenta represión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, identificaba la falta de claridad de la propuesta y la ineptitud de Gabriel Boric para conectarla con las masas populares como las razones reales del fracaso, más allá de cualquier mentira mediática.
Maduro, que es corredactor de la Carta Magna vigente en Venezuela, aludió también a los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador para mostrar las falencias del chileno, que en su opinión no fue ni «originario» ni «plenipotenciario» y careció de conducción política.
“Un político más curtido y menos arrogante habría escuchado con cuidado el balance del mandatario venezolano, pues resumía contundentemente las razones por las que no salió adelante la nueva Constitución chilena. Es claro que Boric no lo hizo y, en lugar de buscar apoyos populares, los buscó entre la élite gobernante, en Estados Unidos y la Unión Europea –refirió el moderador-. Este error de cálculo ha tenido efectos muy claros. El más evidente es que la ultraderecha, a la que no le interesa cambiar nada en favor de los anhelos populares, hará una nueva Carta Magna todavía más garantista para sus intereses”.
En segunda instancia, el pacto de cúpulas partidistas también parece haber contribuido significativamente a la consolidación de despolitización entre de la sociedad, un escenario poco imaginable apenas un año atrás, cuando el pueblo chileno estaba en la calle.
Si se atiende a los resultados del pasado domingo, 1 de cada 4 chilenos está descreído de la política tradicional, de sus instituciones y de sus propuestas, lo que resulta un caldo de cultivo altamente favorable para el triunfo electoral de proyectos ultraconservadores.
Sobre este asunto, en un trabajo para RT, el analista venezolano Ociel López apunta:
«A partir del plebiscito de 2022, las grandes masas abstencionistas (casi la mitad del electorado) han sido obligadas a votar y ello ha favorecido el voto radical, sea para la derecha antiliberal e incorrecta como la de José Antonio Kast (líder del Partido Republicano), o para el asombroso incremento del voto nulo: el porqué las mayorías decisivas han preferido a la derecha radical o al voto nulo es la respuesta que se debe construir para entender los nuevos fenómenos de la política chilena».
“Compartimos la pregunta y la preocupación, pero el panorama no luce nada favorable para Gabriel Boric, que sigue sin encontrar la manera de llevar adelante ni siquiera mínimas reformas, muy superficiales, pálidas y alejadas de las que ofreciera en su campaña presidencial, donde anunciaba que pondría fin a más de tres décadas de neoliberalismo signadas por una espantosa desigualdad. No ha hecho nada”, acotó Pérez Pirela.
Sobre “gobernar para todos”
En un estudio referido por la periodista Naile Manjarrés en su programa Entre Líneas, se señalaban los peores efectos del modelo neoliberal devenidos en motor de cambio social, cuyo velo terminó de caer –o al menos así se creyó entonces– con el advenimiento de la pandemia.
A contrapelo del discurso triunfalista que siguió a la victoria de Boric en diciembre de 2021, Manjarrés advertía que aunque su programa de gestión contemplaba temas críticos visibilizados durante el estallido social de 2019, su empeño en complacer a todos podría signar su fracaso.
Para fundamentar su apreciación, recordó los ejemplos de personajes como Michelle Bachelet o Lenín Moreno, que tras haber ascendido al poder con las banderas de la izquierda, gobernaron del modo opuesto bajo la premisa de que lo hacían «para todos».
Lamentablemente, Manjarrés no se equivocó en su apreciación. Con apenas un año como presidente, Gabriel Boric ha sufrido dos derrotas estratégicas asociadas a la nueva Constitución y tampoco ha logrado avanzar en proyectos importantes como la reforma tributaria.
A inicios del pasado mes de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso rechazó por estrecho margen la propuesta presentada por el Ejecutivo, con la que pretendía obtener fondos para financiar programas sociales por un monto equivalente al 3,6 % del Producto Interno Bruto –unos 10.000 millones de dólares– durante los próximos cuatro años.
Los recursos estarían destinados a la ampliación de la seguridad social en salud, educación y pensiones, tres de las exigencias que salieron a la luz durante el estallido social de 2019.
La negativa parece asentarse en las modificaciones propuestas para el Impuesto Sobre la Renta, las exenciones tributarias, las regalías por concepto de explotación minera y el gravamen de las utilidades de las empresas privadas.
Aunque el gobierno de Boric reconoció haber trabajado arduamente por más de ocho meses para sacar adelante la reforma, finalmente atribuyó el rechazo de la iniciativa a la imposición de discursos supuestamente ideologizados frente a una propuesta catalogada como «pragmática».
Ponemos el acento en la elección de las palabras de los representantes gubernamentales de Chile: pragmatismo versus ideología. Es de nuevo, un vano intento en presentarse como un gobierno «para todos».
Estrategia para el litio
Otro tanto sucede con las reformas asociadas al modelo de explotación del litio, del que Chile, junto a Bolivia, Argentina y México, acumula una de las reservas certificadas más grandes del mundo.
Hábilmente, Gabriel Boric ha equiparado su Estrategia Nacional del Litio con la nacionalización del cobre, iniciada por el presidente socialcristiano Eduardo Frei Montalva y consolidada durante el gobierno socialista de Salvador Allende.
Se trata de un paso aparentemente beneficioso para el pueblo chileno, que incorpora un enfoque claramente ambientalista, que garantiza la participación del Estado en todo el proceso productivo y que persigue como meta la producción de derivados en lugar de concentrarse exclusivamente en la extracción del mineral.
No obstante, si se mira con atención, el plan no solo permite la participación de particulares en «colaboración virtuosa» dentro del negocio, sino que no especifica cuál será el porcentaje de participación del Estado chileno dentro del esquema.
Adicionalmente, si bien se promete no dar ningún paso sin consultar a las comunidades locales, la actuación represiva y criminalizadora del gobierno para con los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, hace dudar de la honestidad de esta oferta.
Tampoco puede dejarse de lado que Boric recalcó que su administración respetará los contratos de explotación de la estadounidense Albemarle y la Sociedad Química y Minera, Soquimich, controlada desde hace 30 años por Julio Ponce, un exyerno del dictador Augusto Pinochet, que hasta ahora ostentan el oligopolio en el negocio del llamado oro blanco.
Si se añade su docilidad ante los dictámenes del gobierno estadounidense y el paso por Chile de altos funcionarios como Antony Blinken, Olaf Scholz o Josep Borrell para suscribir acuerdos de cooperación en materia ambiental y tecnológica, la frase «el Estado es el dueño del litio» carece de asidero práctico.
Antes bien, esta declaración parece encajar mucho mejor con las pretensiones de control de Washington sobre el litio de la región, como expresara sin rubores meses atrás la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
Los dos casos expuestos muestran claramente los límites y riesgos que se corren al abrazar la política de «gobernar para todos» por las que optó el gobierno de Gabriel Boric: no permite cambiar nada en favor de las mayorías populares e inevitablemente beneficia a las élites.
Pinochet revivió y goza de buena salud
“Es fuerte lo que voy a decir, pero por obra y gracia de Boric, Pinochet ha resucitado y con buena salud”, dijo Pérez Pirela en el tramo de cierre de su análisis, en el programa Desde donde sea.
Presentó el Iguanazo, caricatura de Iván Lira, en la que aparece la parte superior del cuerpo de un militar con uniforme y gorra de general, pero en lugar de cabeza tiene una urna electoral. De ella sale una voz que dice: “¡Pi-NO-chet!”.
El fracaso de la nueva Constitución chilena en el plebiscito celebrado septiembre de 2022, motivó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a escribir una lapidaria frase en su cuenta de Twitter: «Revivió Pinochet».
«Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas», complementó el mandatario, que fue tildado de exagerado e incluso acusado de alentar la conflictividad social en un país que no era el suyo.
No obstante, aunque en ese momento no estaba claro qué haría el gobierno chileno para reponerse de la derrota, en su trino, Petro marcaba el único camino posible para que el revés solo fuera táctico y no estratégico: unificar a las fuerzas democráticas y populares en Chile.
No lo mencionó directamente, pero es evidente que en la alianza que proponía, no podían estar incluidos quienes reivindican el deshonroso legado del pinochetismo y consideran que la sociedad chilena no está todo lo bien que podría estar, pero por culpa de la falta de «orden».
A la zaga de la derecha
Pérez Pirela recordó lo expresado por José Antonio Katz tras la jornada electoral, a pesar de que su partido se impuso indiscutiblemente. En un momento que invitaba a la celebración, el político ultraderechista se atrevió a decir que «no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien», gracias a la deficiente gestión de Gabriel Boric.
«Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, migratoria, económica, social (salud, educación, vivienda y tantas otras) donde todo sube, suben los homicidios, sube la migración, las listas de esperas y personas viviendo en campamentos», enumeró.
En esta lista figuran dos temas principales: seguridad y migración, de los cuales las derechas nacionalistas y el trumpismo, incluidas sus variantes, han obtenido importantes réditos electorales.
De esta manera, en la sobresimplificación discursiva que caracteriza a las ultraderechas latinoamericanas, con frecuencia se responsabiliza a los migrantes de los problemas de seguridad ciudadana, que menudo son amplificados por la prensa hegemónica.
Sin demasiado esfuerzo y con la inestimable ayuda del propio Boric, la ultraderecha chilena ha logrado desplazar el interés de la opinión pública hacia lo que denominan «crisis de seguridad» y «crisis migratoria», con claro tinte xenófobo hacia los migrantes venezolanos.
Sobre el asunto de la seguridad ciudadana apuntamos que el asesinato de tres carabineros en un plazo relativamente breve, impulsó al Ejecutivo a promulgar una ley que amplía el margen de acción de la fuerza pública para, supuestamente, contrarrestar la delincuencia.
“Un gobierno supuestamente de izquierda, dando más poder a un cuerpo que es emblema de la represión pinochetista”, deploró el presentador de Desde donde sea.
Esta política draconiana es abiertamente contradictoria con el discurso pro-defensa de los derechos humanos que suele mantener Gabriel Boric en público y que a menudo ha utilizado como arma arrojadiza para atacar a otros gobiernos en la región, particularmente al de Venezuela.
Por si ello no bastara, este enfoque entierra en el foso de los olvidos el cruento historial de los carabineros en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no solo durante la dictadura pinochetista.
Como se recordará, durante el estallido social de 2019, el cuerpo asesinó a cerca de una veintena de personas, encarceló injustamente a varias decenas de miles e hirió seriamente a cerca de 3.000, como el mismo Boric y diversas organizaciones se encargaron de denunciar oportunamente.
Si se lee esta acción en términos coyunturales, es claro que el gobierno chileno quedó entrampado en la narrativa sobre la seguridad impuesta por la ultraderecha liderada por José Antonio Katz.
Acaso no supo qué hacer con eso, pero tampoco hizo esfuerzo alguno por explicar las causas estructurales asociadas al fenómeno y en su lugar prefirió adoptar una estrategia defensiva desde el Estado, con una retórica pretendidamente despolitizada: la represión. Es decir, optó por seguir el rumbo de las derechas en el poder.
Presentó otro Iguanazo, en el que una figura muy parecida al expresidente Sebastián Piñera dice: “¡Chucha, weón, dejen la wea con la xenofobia!”. Y agrega: “¡Ya, po, que los malos son los venezolanos y no los chilenos!”.
Otro tanto corresponde a la política migratoria, cuyo principal foco discursivo son los migrantes venezolanos. Lejos de señalar abiertamente la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera en la promoción de la migración irregular, consideró pertinente adoptar el cierre de fronteras, los centros de detención, la deportación y la violación de derechos fundamentales de los migrantes.
“Estos métodos están muy lejos de cualquier solidaridad entre pueblos como la que Gabriel Boric dice defender y demasiado cerca de las respuestas de Washington y la Unión Europea ante las crisis migratorias que ellos mismos se han encargado de generar, donde prevalecen el leguleyismo y las retóricas vacías, antes que el interés de solventar el problema o de respetar la dignidad y los derechos de las personas migrantes –subrayó Pérez Pirela-. Conviene decir también que esta política no empezó en medio de la coyuntura electoral por la Constituyente, sino que corresponde a un caramelo envenenado que le dejó Sebastián Piñera a su sucesor en el Palacio de La Moneda, poco antes de entregar el testigo”.
Una agencia poco sospechosa de ser tribuna para el discurso de la izquierda como EFE, aseguró en febrero de 2022 que la nueva ley de inmigración había sido objeto de severas críticas por organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Pese a las advertencias tempranas de las consecuencias que podría traer la legislación en términos de las violaciones a los derechos de los migrantes, más de un año después, el gobierno de Boric no ha hecho nada para derogarla o matizarla y, antes bien, ha reforzado su política de cierre de fronteras y de estigmatización de seres humanos.
El pasado 15 de marzo, el mandatario dijo a los medios que «proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y ordenada» será «una prioridad» para su administración, en medio de un discurso incendiario contra la migración irregular pronunciado desde la localidad de Colchane, fronteriza con Bolivia.
Boric advirtió que las personas «que vienen con ánimo de delinquir no son bienvenidas» en Chile. «Las vamos a perseguir y les vamos a hacer la vida imposible dentro del Estado derecho», subrayó.
El fundamento de estas acciones represivas es la Ley de Infraestructura Crítica, que contempla la presencia militar por 90 días en un operativo que para la fecha sumaba miles de controles y decenas de detenciones.
El jefe de Estado pretendió justificar estas prácticas violatorias de los derechos fundamentales con el argumento de que la adopción de esas medidas «permite que quienes viven en estas zonas se sientan más seguros y resguardados».
“Estamos ante un discurso de derecha en toda la línea, pronunciado por un presidente de izquierda”, aseveró el conductor del programa.
Advirtió que la situación fronteriza empeoró todavía más cuando el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú anunció la militarización y cierre de la frontera con Chile para impedir el tránsito de migrantes, lo que dejó sin posibilidad de circulación a más de 400 personas que deseaban regresar a su país de origen.
Tras negociaciones y la negativa de Santiago a aceptar que un avión de Conviasa aterrizara en suelo chileno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro logró repatriar a 115 personas en un vuelo privado. Insólitamente, Gabriel Boric calificó la operación como «un triunfo diplomático» y «del diálogo».
De acuerdo con reportes de la cadena teleSUR elaborados a inicios de la semana en curso, unos 300 migrantes –en su mayoría de origen colombiano y ecuatoriano– continúan atascados en el paso fronterizo de Chacalluta, que separa las localidades de Arica (Chile) y Tacna (Perú).
A la fecha, cientos de personas permanecen a la intemperie, en tierra de nadie y sin ningún tipo de garantías, lo que las convierte en presa fácil de las redes de tráfico de personas que operan en la zona y en potenciales víctimas de toda clase de abusos, una situación que incluso ha sido advertida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“En nuestro repaso por algunos temas centrales de la gestión de Gabriel Boric ha quedado en evidencia que el conservadurismo parece estar guiando todas sus decisiones políticas de gran calado, con las inevitables consecuencias que ya están empezando a sentirse con dureza y que muy probablemente empeorarán en los poco menos de tres años que le restan en la presidencia.
Esta situación, a no dudarlo, favorecerá a los herederos del pinochetismo, que ha resultado un adversario hábil y muy difícil de derrotar, pues incluso recibe oxígeno desde quienes ahora ejercen el poder en Chile, con independencia del rechazo que expresan hacia él.
Por otro lado, si bien antes del inicio de esta segunda fase constituyente se establecieron como bases considerar a Chile como una república democrática, cuya soberanía reside en el Estado «unitario y descentralizado» y asumir que es un «Estado social y democrático de derechos» donde está garantizada la división de poderes, el método adoptado para la redacción del texto no augura buenos resultados para las aspiraciones de cambio en el seno de la sociedad chilena.
En ese orden recordemos que para garantizar que la nueva Carta Magna no contradiga las bases acordadas por los partidos políticos en el seno del Congreso, se creó un Comité Técnico de Admisibilidad conformado por 12 integrantes.
Adicionalmente se instaló un Panel de Expertos de 24 miembros designados por las organizaciones políticas para redactar la propuesta, que a su vez será revisada y ampliada por el Consejo Constitucional electo este 7 de mayo, controlado por las fuerzas derechistas y ultraderechistas.
Este órgano se instalará el venidero 7 de junio y dispondrá de cinco meses para acabar su tarea, que luego será sometida al voto plebiscitario el 17 de diciembre de 2023.
“Entonces, especulamos que es muy posible que el texto constitucional resultante contenga, bajo gruesas capas de maquillaje y con muchas condiciones que dificulten su ejecución práctica, algunas de las exigencias sociales manifestadas en el estallido social de 2019, especialmente para evitar un nuevo veto en las urnas, pero en ningún caso sentará las bases para la transformación profunda del Estado y la sociedad chilena que condujo al cambio de la Constitución de 1980. Todo indica que será pinochetista como la actual, con algún maquillaje, todo por culpa de Boric”, insistió Pérez Pirela.
(LaIguana.TV)
