Este martes arranca en la Asamblea Nacional de Ecuador el juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, señalado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. Posteriormente, el mandatario –en un máximo de tres horas– presentará sus alegatos de defensa ante el pleno.
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada esta etapa, el presidente se retirará del pleno y comenzará el debate en la Asamblea Nacional, donde podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por turnos de 10 minutos.
Después, según la ley, en el plazo de cinco días de concluido el debate, Saquicela debe convocar a la sesión del pleno para resolver el juicio político. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas.
¿Están los votos?
La pregunta que ha surgido en los últimos días es si existen los votos suficientes entre los 137 legisladores que conforman el Parlamento ecuatoriano para destituir a Lasso.
Las principales bancadas que apoyan el juicio son la de la izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), que cuenta con 47 legisladores; y la derechista del Partido Social Cristiano (PSC), que al inicio de la actual legislatura, en 2021, tenía 18 asambleístas y en la actualidad posee 12, ya que varios de ellos han renunciado al bloque en las últimas semanas. A estas dos facciones los respaldan legisladores independientes, disidentes de otros bloques y también parte del movimiento indigenista Pachakutik.
El martes de la semana pasada, se consiguieron 88 votos en el Congreso para aprobar la continuidad del proceso en contra del mandatario, por lo que, de mantenerse esa tendencia, haría falta el voto de cuatro legisladores más para destituir a Lasso.
Sin embargo, el pasado domingo la Asamblea Nacional renovó a sus autoridades para los próximos dos años y la votación que se dio también sirvió como un ejercicio para calcular —aunque no es garantía— si la oposición parlamentaria contaría con los votos para la destitución del mandatario.
En la sesión, Virgilio Saquicela fue reelecto como titular del Parlamento. Para su reelección solo hacían falta 70 votos, pero se consiguieron 96, tras recibir el apoyo de los legisladores de UNES, el PSC, asambleístas independientes y disidentes de la Izquierda Democrática, así como una parte de Pachakutik.
Ya el martes de la semana pasada, UNES se había pronunciado a favor de la reelección de Saquicela, justamente ante la proximidad del juicio político contra el presidente.
«Hemos decidido ceder en nuestras legítimas pretensiones de alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional con un solo objetivo: fortalecer la mayoría legislativa de cara al juicio político de Guillermo Lasso», señalaba entonces esa bancada parlamentaria en su comunicado.
El bloque legislador oficialista, que cambió su nombre el domingo de Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) a Bancada Ecuador, está confiado en que no existen los votos para destituir al mandatario.
Según comentó a la prensa Juan Fernando Flores, coordinador del bloque oficialista, Lasso contaría con el apoyo de 46 de los 137 asambleístas; eso significaría que el mandatario se salvaría de ser destituido solo por un voto.
«Nada tiene que ver el voto de un legislador sobre una autoridad con su posición sobre el juicio político», enfatizó.
La acusación
Lasso es señalado del supuesto delito de peculado, vinculado a un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.
El caso se remonta a 2018, cuando Lenín Moreno aún era presidente. En esa administración, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con la que sumaron a Amazonas Tanker Pool.
En noviembre de 2021, cuando ya gobernaba Lasso, la Contraloría General del Estado emitió un informe señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación.
La acusación de los asambleístas señala que, pese a ello, el año pasado se habría firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.
En la sesión en el Congreso de la semana pasada, la asambleísta Viviana Veloz, interpelante en el juicio político, especificó que hay una adenda o contrato complementario, que habría sido firmado en octubre del año pasado —aunque en la acusación inicial se indicaba que fue en julio— y que tendría «dos cláusulas contractuales gravísimas».
En la resolución aprobada por los parlamentarios, para dar continuidad al juicio político, se establece que el mandatario «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec».
Un as bajo la manga
En todo este escenario contra Lasso en la Asamblea Nacional, el mandatario podría hacer uso de un mecanismo contemplado en la Constitución ecuatoriana: la muerte cruzada; con la que podría disolver el Parlamento.
Tanto el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, dijeron el lunes a varios medios que el mandatario tiene listo el decreto para aplicar la muerte cruzada.
«Esa opción siempre se ha considerado, pero esa es una decisión del presidente. Está listo», indicó Ortiz.
Este mecanismo está establecido en el artículo 148 de la Constitución, dando facultad al presidente para disolver a la Asamblea Nacional por tres razones: cuando esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna.
Esto conllevaría a un adelanto de elecciones tanto legislativas como presidenciales, de ahí el término de muerte cruzada. Mientras, el mandatario gobernaría por decretos durante seis meses.
Según el mismo artículo, en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
(RT)
