El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso reveló este martes que el actual presidente Gustavo Petro y el titular de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fueron «objetivo militar» del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esta afirmación la realizó el cuarto y último día de la ‘Audiencia Única de Verdad’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional surgido tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, al que Mancuso aspira someterse para recibir algunos beneficios judiciales.
Mancuso aseveró que desde «el nivel central se definió el objetivo», que cumpliría el extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por orden del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez.
Según el excomandante de las AUC, Narváez les había entregado una lista con los «objetivos militares» entre los que se encontraban Petro y Leyva. Además, estaban incluidos los abogados Alirio Muñoz, actual miembro de la Cámara de Representantes por el gobernante Pacto Histórico; la exsenadora Piedad Córdoba y el entonces secretario del Partido Comunista, Jaime Caycedo.
En la primera audiencia, Mancuso aseveró que Narváez «pasaba un listado a las autodefensas» con los nombres de los integrantes de varias organizaciones sociales como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, a Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Narváez fue condenado a 26 años de cárcel por haber ordenado el asesinato del periodista Jaime Garzón, ejecutado el 13 de agosto de 1999, en Bogotá, a quien señalaba de tener supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El expediente del DAS
El excomandante paramilitar, extraditado a EE.UU. en 2008, manifestó que el DAS le proporcionó al grupo paramilitar informaciones «que llevaron al asesinato de personas que eran señaladas de ser guerrilleros».
Del mismo modo, sostuvo que los ayudaron en operaciones de seguimiento e inteligencia. «La relación tenía que ver con suministro de información. Aquellas personas que se consideraban objetivo militar, se compartían en listas para ejecuciones que se hacían de manera extrajudicial», señaló.
El DAS fue suprimido en 2011 por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Entre 2003 y 2009 fue señalado de llevar a cabo escuchas ilegales contra dirigentes opositores, magistrados, periodistas y funcionarios para «neutralizar» a figuras naciones e internacionales consideradas como «enemigos de la seguridad democrática» impulsada por el expresidente Álvaro Uribe.
Estas acciones, según la Comisión de la Verdad, fueron acompañadas por violaciones a la intimidad, estigmatizaciones, señalamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos. Además se practicaron hostigamientos, sabotajes y montajes judiciales.
(RT)
