Dice Elodio Bravo que utilizar las instituciones del Estado para impedir el triunfo o el avance electoral de una determinada opción política es hacer trampa, algo feísimo, violento, que solo pasa en las dictaduras.
Los que discrepan de las ideas políticas de Elodio se cuidan mucho de polemizar con él. Es un tipo de cuidado, de esos que en otra época habrían terminado sus diatribas en un duelo con espadas o con revólveres Colt 45, como en las películas de vaqueros. Así que muchos lo oímos como quien oye llover, cosa que –por cierto- lo pone peor.
Además, las respuestas de cierta densidad conceptual llevan a Elodio al paroxismo colérico y entonces ya no quiere duelos, sino amarrar al oponente desnudo en un poste, procedimiento que patentaron en Ucrania en tiempos del Euromaidan y luego se copiaron los guarimberos venezolanos, tan democráticos y pacíficos ellos.
Una respuesta de cierto peso ontológico consiste en decir que la derecha venezolana no ha hecho otra cosa, en casi 24 años, que utilizar las instituciones del Estado y, sobre todo, las de otros Estados y las de la cuestionable comunidad internacional, para intentar deponer a gobiernos que han sido fruto indiscutible de la elección popular.
Remembranzas de 2002
Si se pudiera hablar en paz con Elodio, le preguntaría qué fue el decreto del 12 de abril de 2002 (y las acciones que comenzaron a desarrollarse en esas pocas horas) sino un intento -excesivamente burdo- de borrar del mapa no solo al gobierno electo en 1998 y relegitimado en 2000, sino a todo lo que tuviera algún olor a chavismo y, lo que es más, de derogar la Constitución de 1999, la primera refrendada por el voto popular.
Si se pudiera dialogar con Elodio, le plantearía revisar el paro petrolero de finales de 2002 y comienzos de 2003, en el que los autodenominados meritócratas, unos funcionarios del Estado venezolano (aunque ellos y ellas, en rigor, eran un Estado dentro del Estado) usaron sus cualificaciones y sus cargos para sabotear la industria fundamental del país con el propósito último de tomar por asalto el gobierno.
Guarimbas, calenteras, colas y boicots
Pero eso a Elodio le debe parecer historia antigua y ya sabemos que es del tipo de personas que abominan la historia.
Podemos venirnos más adelante y detenernos en el complejo período entre 2013 y 2015, cuando todo el aparato empresarial del país, encabezado por los grandes magnates de la industria de alimentos y bebidas (esos a los que Elodio valora como sus paradigmas de superación personal), se dedicaron sádicamente a hacer sufrir al pueblo las calamidades más inenarrables para luego chantajearlo, en las elecciones parlamentarias, con el cuento de que esa sería la última cola. ¿No es eso acaso un abuso de poder, una práctica extorsiva, una especie de toma de rehenes? (Si usted es como Elodio, no me responda, solo reflexione un poco).
Y en ese punto apenas estaba comenzando todo esto. Retrocedamos un momento hasta la “calentera caprilista” de 2013 y luego hasta la Salida de 2014, en la que no por casualidad tuvo participación estelar la señora María Corina Machado. Fueron acciones violentas y abiertas en represalia malcriada por las dos derrotas electorales de 2013 (presidenciales y municipales). Y fueron, además, parte del plan de caotizar la sociedad y hacerla ingobernable, que ya desarrollaban los oligarcas y aspirantes a tales. Todo eso lo hicieron los mismos que ahora posan de inmaculados líderes democráticos, acogotados por un Estado abusivo. Es bueno no perder esto de vista.
Sigamos, señores Elodios. La victoria electoral de diciembre de 2015 llevó a la oposición a tomar el control del Poder Legislativo nacional. Y allí, desde el primer día en funciones, mostraron su verdadera cara: sus esfuerzos se dirigieron a derrocar al gobierno mediante un golpe parlamentario, como los que ya se habían ensayado exitosamente en Paraguay y Honduras.
[Una victoria inexplicable en el contexto del “fraude continuado”, bajo la idea del “Consejo Nacional Electoral no creíble” y todo lo demás que ha sido parte de la narrativa opositora desde el comienzo de la Revolución. Pero ese es otro tema].
A lo largo de los cinco años de mayoría opositora en la Asamblea Nacional, prácticamente no hubo un día en el que no intentaran usar ese poder público para forzar el tan cacareado “cambio de régimen”, siguiendo los lineamientos de la dictadura imperial.
La actitud de boicot de la AN fue de tal magnitud que obligó a la intervención repetida de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y llegó a tal extremo que la máxima instancia judicial terminó por declarar al Parlamento en desacato. Esto –aunque Elodio jamás lo admitirá- habría ocurrido en cualquier otro país donde el Poder Legislativo se mostrara tan abiertamente obstruccionista ante las políticas del Ejecutivo.
El poder autojuramentado
La más acabada expresión del intento de imponer un gobierno sin elecciones y bajo el supuesto paraguas constitucional de la AN, fue la autojuramentación de 2019, una maniobra que pudo parecer surrealista -o, incluso, dadaísta-, pero que ha significado el mayor desfalco en la historia nacional en lo referente a activos y depósitos venezolanos en el exterior. Si vieran este proceso con ojos de soberanía, los Elodios deberían pensarlo dos veces antes de hablar del tema de las inhabilitaciones porque todas las personas que participaron en esto no solo deberían estar inhabilitadas, sino también condenadas a largas penas de prisión. Lo estarían, ténganlo por seguro, si hubiesen cometido tales delitos en Estados Unidos o en cualquier país bajo su égida. La razón por la que no lo están es un asunto interno de la Revolución que algún día tendrá que ser debatido.
Medidas coercitivas y bloqueo
Y todavía falta algo fundamental porque la declaración de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos (decreto de Barack Obama en 2015), las medidas coercitivas unilaterales (MCU) y el bloqueo no son otra cosa que una modalidad de inhabilitación, solo que decidida por una potencia extranjera con la finalidad de imponer una forma de gobierno a su gusto, diferente a la que el país se ha dado, en ejercicio de su soberanía, independencia y autodeterminación.
Todo aquel (pero sobre todo si es líder) que haya apoyado las MCU y el bloqueo, respaldó o respalda la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses en Venezuela como forma de cambiar las autoridades y las políticas públicas. Así que, por más que Elodio se enfurezca, no tienen mucha autoridad para reclamar que el gobierno haga uso de sus recursos constitucionales para evitar que esos mismos líderes pretendan ahora presentarse como campeones de la democracia y sacar provecho de ella.
Las MCU y el bloqueo, según los planes imperiales compartidos (con más o menos intensidad) por casi toda la clase política opositora, pretendían causar tanto sufrimiento al pueblo como para justificar el derrocamiento del gobierno y el posterior exterminio del chavismo como movimiento de masas. Eso lo han expresado muchos de los voceros imperiales y sus subordinados locales y quizá la más enfática ha sido precisamente la señora Machado, quien asumió el rol de vengadora errante y promete acabar hasta con el último chavista.
La interpretación retorcida de la Constitución que dio origen al supuesto gobierno interino fue parte de un intento por forjar el paquete completo de poderes paralelos. Así se ha creado un Tribunal Supremo en el exilio que, dicho sea de paso, pretendió condenar e inhabilitar al presidente Maduro.
En el empeño de darle un barniz jurídico a un galopante desafuero, los diputados aprobaron un Estatuto de Transición que dejó en pañales al decreto de Carmona Estanga y que, para decirlo de un modo sonoro, pretendía pisotear la Constitución Nacional y todo el cuerpo jurídico del país.
Donald Trump y su pandilla decidieron ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y los líderes opositores más radicales aplaudieron la medida hasta que se les pusieron moradas las manos. Querían (y aún quieren) “inhabilitarlo” vivo o muerto.
Ahora bien, como la AN electa en 2015 tenía un período constitucional de cinco años, que expiró en enero de 2021, y la oposición, nucleada entonces en el llamado G4, no participó en las elecciones de 2020, vino otra vuelta de tuerca en la arbitrariedad jurídica, siempre bajo la dirección gringa: ese Parlamento se decretó a sí mismo como una institución sin fecha de vencimiento, permanente, sine die. Si se pudiera debatir con él, yo le preguntaría a Elodio si la existencia de una autoridad perpetua autoproclamada tiene alguna racionalidad democrática.
En vista de que tal prórroga era todo un disparate, muchos de los exdiputados optaron por abrirse discretamente de tamaña ridiculez. Entonces, la camarilla que todavía encabezaba nominalmente Juan Guaidó, apeló a una supuesta comisión delegada que aún hoy, en forma alucinante, sigue tomando decisiones y hasta nombró jefa a una señora ahí, llamada Dinorah.
Y hay más. Tanto miembros de aquella AN como otros dirigentes opositores (entre ellos Machado) fueron activistas insomnes de las MCU, del bloqueo, de la “invasión humanitaria” de Venezuela y de la formación de una fuerza militar multinacional para que entrara a saco en el país, bajo el amparo del vergonzoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), reliquia de la Guerra Fría que demostró su verdadera vocación durante el conflicto de las Malvinas.
Esa AN y otros componentes de la terrorífica oposición apoyaron el fallido golpe de Estado de abril de 2019 (el de los Plátanos Verdes) y participaron (por acción o por omisión) en el intento de invasión mercenaria de mayo de 2020, que pretendía tomar el poder mediante un baño de sangre y un magnicidio.
Bueno, todo esto estaría en la conversación con Elodio Bravo acerca de las inhabilitaciones y otras jugadas políticas, si fuera posible entenderse con él. Pero no lo es. Casi un cuarto de siglo de lloviznas y aguaceros ideológicos hacen imposible que este tipo de personas analice los hechos tal como han ocurrido, y admita que en Venezuela lo que ha habido es una guerra multidimensional, híbrida, de no sé ya cuál generación, y que quienes hoy se presentan como mansas palomas democráticas perseguidas por la dictadura, se han comportado durante décadas como halcones o zamuros al servicio de los peores intereses antinacionales y violentos.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)