El juez estadounidense Leonard Stark fijó criterios para organizar a los supuestos acreedores que participarán en la subasta de las acciones de Citgo Petroleum, recoge Reuters.

Según la agencia de noticias, el juez dio prioridad a la minera Crystallex International para cobrar las ganancias de la subasta y “otorgó a la petrolera ConocoPhillips una posición ‘cerca del frente de la fila’».

“Debido a que Crystallex presentó su demanda en Delaware hace seis años, convirtiéndose en el primer acreedor con un laudo arbitral contra Venezuela en acudir a un tribunal estadounidense, y es el único que ha completado todos los pasos para embargar bienes propiedad de PDVSA para su eventual venta, el tribunal le ha dado prioridad”, señaló Reuters.

Recordemos que un tribunal de EEUU fijó para el próximo 23 de octubre el inicio de la subasta de acciones del principal activo de Venezuela en el extranjero.

Según Reuters, el proceso «establece un cronograma que podría conducir a la aprobación formal de cualquier venta de acciones en PDV Holding dentro de un año».

El caso Citgo

La refinadora con sede en Houston, bajo control de agentes asociados al fenecido gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019, está a punto de ser sometida a un remate para cobrar presuntas deudas de la estatal Petróleos de Venezuela, a partir de un fallo judicial basado en manejos dolosos cometidos por sus actuales administradores.

Empero, desde 2020 el Estado venezolano ha denunciado que se trata de un plan estructurado para despojarlo de sus riquezas orquestado desde Washington en contubernio con operadores locales.

Según lo referido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el plan jugó un papel preponderante el abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como pretendido procurador de la República, a pesar de que había ejercido como asesor jurídico de la trasnacional minera Crystallex y el conflicto de intereses era evidente.

En comparecencia pública a inicios de mayo, Rodríguez aseguró que existen suficientes pruebas de que Hernández avanzó una estrategia de introducción de demandas en cortes estadounidenses para cobrar presuntas deudas de Venezuela, en el entendido que las autoridades no podrían ejercer su derecho a la defensa y que el sistema judicial estadounidense inclinaría la balanza a su favor.

Sobre esto, conviene recordar que el juez Leonard Stark adscrito a la Corte Federal del estado de Delaware dictaminó que los pseudofuncionarios del interinato habían manejado Citgo “como una caja chica”, lo que abrió el compás para invocar la figura jurídica del alter ego, que en este caso sirvió para equiparar a Pdvsa Holding, casa matriz de Citgo, con la propia refinadora.

En términos prácticos, esto implica que pueden emplearse los activos de Citgo para honrar los reclamos de los acreedores de Pdvsa reconocidos por los tribunales de Estados Unidos, que según los últimos cálculos, podrían sobrepasar los 10.000 millones de dólares.

De su lado, en nombre del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha exigido a Washington la devolución inmediata de la compañía, así como el reintegro de todos los dividendos que generó desde 2019 y ha subrayado que su administración desconoce todas las decisiones tomadas por la pretendida junta directiva designada por Guaidó.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Estados Unidos retuvo 4.000 millones de dólares en dividendos de Citgo entre 2019 y 2022, aunque si se considera el impacto global de las operaciones de la refinadora dentro de la industria petrolera local, la pérdida alcanza los 900 millones de dólares por mes, dijo Maduro.

(LaIguana.TV)