En medio de la crisis institucional que atraviesa Guatemala tras la victoria del Movimiento Semilla en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada este 20 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusó al Ministerio Público de secuestrar miles de actas electorales.
El TSE acusó que el Ministerio Público allanó su sede central durante 20 horas, además de secuestrar los miles de documentos originales mediante su Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que entre la primera y la segunda vuelta electorales inició una investigación contra el Movimiento Semilla, al que acusa de configurarse como entidad política mediante la falsificación de firmas.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, abanderado por Semilla precisamente, acusó un intento de golpe de Estado contra la voluntad popular expresada en las urnas durante el proceso electoral.
«Es parte de ese proceso de golpe del Estado en curso mediante el cual por medio de acciones judiciales y legales y argucias llevadas a cabo por instituciones del Estado cooptadas por grupos político criminales se está intentando violar y vulnerar el respeto a la voluntad popular manifestada libremente en las elecciones celebradas, el 25 de junio y el 20 de agosto de este año”, dijo el político del movimiento Semilla en una conferencia de prensa convocada con carácter de urgente en el marco del IX encuentro del Grupo de Puebla, en México.
«Estas actas secuestradas», informó este 30 de septiembre el Tribunal Electoral, «son únicas e irrepetibles y compete al TSE su resguardo. Magistrados del Tribunal estuvieron presentes durante la diligencia y rechazaron esta acción, e intentaron evitar que las actas fueran sustraídas del Tribunal, con base al mandato de la Ley Electoral».
«Sin embargo, el Ministerio Público (MP) de Guatemala forzó el secuestro de las mismas. Los magistrados del TSE han expresado que esta acción es muestra clara de la invasión al evento electoral de 2023 y socava la integridad de nuestra democracia, irrespetando a la máxima autoridad en materia electoral», abundó el organismo.
Por su parte, el MP emitió un comunicado este mismo 30 de septiembre donde asevera que entra dentro de sus competencias la revisión de los documentos electorales toda vez que los delitos o faltas en esos procesos deben resolverse conforme al Código Penal.
«El artículo 187 del Código Procesal Penal establece que mediante orden de juez se podrán procesar allanamientos y en caso de ser necesario se procederá al secuestro de indicios», argumentó la institución.
El Ministerio Público descartó que el proceso de investigación que lleva a cabo en torno a las pruebas electorales tenga como objetivo proceder contra algún partido político.
No obstante la postura del Ministerio Público, voces de la ciudadanía guatemalteca y observadores nacionales e internacionales, como militantes del Movimiento Semilla, intelectuales, exmandatarios de la región latinoamericana y la propia Organización de los Estados Americanos (OEA), consideran que las maniobras de esa institución judicial tienen como objetivo entorpecer el proceso de transición presidencial en el país centroamericano.
Arévalo anunció que su movimiento presentará «las acciones necesarias” ante la Corte de Constitucionalidad a quien solicitó que «restablezca el orden y se elimine la agresión en contra del proceso electoral».
«Nosotros hemos venido actuando en apego a la ley. La población guatemalteca ha manifestado una y otra vez pacíficamente en las calles su rechazo ante estas acciones; hay un respaldo generalizado en la sociedad a la necesidad de respetar los resultados electorales y la condición el asalto que hemos visto hoy (30 de septiembre) es un indicador de la medida en que esta minoría de criminales agazapados en el Ministerio Público están dispuestos a hacer todo para no perder el control de las instituciones a las que han llegado en veinte años”, agregó
Ante la inestabilidad, son varios los guatemaltecos que exigen la renuncia de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, y de la FECI, Rafael Curruchiche, a los que se suma el propio mandatario electo.
(Sputnik)
