El canciller colombiano, Álvaro Leyva, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, expresó la preocupación del Gobierno de ese país de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional surgido tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se esté «descarrillando». 

Tras una extensa exposición, el titular de Exteriores aseveró que la JEP «desafortunadamente» ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a ella, por lo que, en su opinión, estaría «condicionando el relato de la verdad». 

Las afirmaciones de Leyva fueron respondidas por el presidente de ese mecanismo, el magistrado Roberto Vidal, entrevistado por W Radio, quien calificó lo expresado por el máximo representante de la diplomacia colombiana de «inaceptable» y en contravía de la autonomía que posee ese organismo. 

¿Cuál es el planteamiento del canciller? 

Leyva manifestó la preocupación de la Administración de Gustavo Petro de que la JEP, la «institución modelo para el mundo entero», que fue «diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo». 

Para el ministro de Relaciones Exteriores, ese organismo podría «estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas, teniendo como eje central la verdad, la reparación, y la no repetición». 

Afirmó que, si bien admira a la JEP, «como si fuera una persona y no una institución» –porque se encuentra entre quienes la diseñaron– «ha llegado el momento de revisar su actuar para corregirlo, para perfeccionarlo». 

Recordó que tras solicitud del expresidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad reconoció los acuerdos suscritos entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, por lo que su país asumió el compromiso de hacerlos cumplir bajo «riesgo de incurrir en una responsabilidad internacional que conllevaría graves consecuencias». 

Por ello, considera que la JEP debería guiarse por esos acuerdos establecidos –y en conocimiento de la ONU– donde se establece que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición «se aplica a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado». 

¿Cuál es la petición del Gobierno? 

Leyva se quejó de que ciertos actores y determinadores que habrían tenido participación en el conflicto no han tenido cabida en la JEP. 

En ese grupo incluye a quienes no hayan pertenecido a organización armadas en rebelión, como el caso que las organizaciones criminales, que no son amparadas por el mecanismo de justicia transicional en la actualidad. 

También se refirió a las limitaciones y dificultades que han tenido los paramilitares para acogerse a esa justicia transicional. 

Considera que esos actores del conflicto ya fueron incluidos en el ‘Acuerdo de Santa Fe de Ralito’ – consignado en 2003 entre el Gobierno y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)–, por lo que actualmente podrían ser sujetos de la Justicia Especial para la Paz, porque se acogieron a un acuerdo, previo a 2016, con el Estado. 

En cuanto a los «agentes del Estado» que tuvieron participación en los delitos y crímenes cometidos durante la confrontación armada, dijo que según lo acordado por el Gobierno y las FARC, no solo deben ser entendidos como integrantes de la Fuerza Pública, sino que también se incluyen a «miembros de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores del Estado; o de sus entidades descentralizadas territorialmente o de servicios».  

«La JEP no puede condicionar o limitar a quienes quieran relatar la verdad», reiteró. 

La respuesta de la JEP 

El presidente del mecanismo tildó de «inaceptable» que exista una «dependencia» que pudiera decir en la actualidad «qué es lo que tiene que hacer la JEP». 

Vidal manifestó que si bien ese organismo fue creado con base en los acuerdos de paz, posteriormente reclamó su «completa autonomía», lo que en su punto de vista, «no significa arbitrariedad». 

«Estamos sometidos a la ley y la jurisdicción, pero no al querer de las autoridades», agregó. 

Cuando se le preguntó por la inclusión de los paramilitares en el mecanismo de justicia, el magistrado respondió: «bajo ninguna comprensión sería posible que el Gobierno indique cuál debe ser el rumbo de sus decisiones». 

(RT)