La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este lunes a 35 integrantes del Ejército de Colombia, incluyendo al excomandante general Jaime Lasprilla y a otros cuatro generales retirados, por su presunta responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de al menos 200 personas en el departamento de Huila en el lapso 2005-2008.
Las acusaciones se formularon en el contexto del caso 03, que comprende la investigación de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado durante el conflicto armado interno.
El organismo precisó que «16 de los comparecientes llegaron a la JEP voluntariamente porque tenían condenas o procesos en su contra. Y, 19 de ellos, son forzosos», es decir, nunca habían sido investigados y se vieron forzados a comparecer, en función del «material probatorio» compilado en su contra.
Responsabilidad de los generales
En su exposición de motivos, la Sala de Reconocimiento de Verdad alegó que los generales «debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados», pero optaron por incumplir con «sus obligaciones constitucionales», a pesar de que disponían de «medidas razonables a su alcance para hacerlo».
A este respecto, los magistrados consideraron que «desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción».
Así, en criterio de la JEP, «esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes», al tiempo que «sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación».
Los delitos investigados se atribuyen a personal militar adscrito a los batallones de Infantería Nº. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (Bipig) y Nº. 27 ‘Magdalena’ (Bimag), así como a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Nº. 11 (Afeur 11) y a la IX Brigada del Ejército colombiano.
Plan criminal
De acuerdo con los hallazgos de la JEP, no se trató de hechos aislados sino de un plan criminal «cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional».
En este marco, el proceder de tres oficiales de alta gradación transmitió «la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos».
Del mismo modo, en la declaración se apunta que «las presiones se dieron en un contexto de estricta jerarquía militar, falta de un control efectivo y la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar».
Para los togados, estos eventos revelan que más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse en el Subcaso Huila, es claro que las instituciones del Estado colombiano, tanto civiles como militares, fallaron en su deber de proteger a la población local.
Personas vulnerables como blanco
Las pesquisas adelantadas por la JEP permitieron identificar patrones criminales que incluyeron la estigmatización de las víctimas, a las que invariablemente se acusó de pertenecer a grupos irregulares armados.
Esa práctica ocurrió en el marco de una estrategia general que pretendía posicionar en la opinión pública la tesis del «debilitamiento del enemigo», y que justificó los asesinatos alegando la «debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados».
A partir de 16 casos ilustrativos, la Justicia de Paz mostró que tras estos actos había «un alto nivel de planificación», con prácticas que abarcaron la implantación de evidencias, el hurto de pertenencias e incluso el ajusticiamiento frente niños y ancianos.
Del mismo modo, la investigación detectó que efectivos del Ejército (tropa) y colaboradores civiles atraían con engaños a potenciales víctimas a los sitios de ejecución, a cambio de contraprestaciones económicas.
Los blancos del plan criminal se seleccionaron deliberadamente entre grupos vulnerables –personas en situación de pobreza, sin vivienda, desplazadas del conflicto o con problemas de adicción–, con el interés de hacer menos probable que familiares o allegados denunciaran su ausencia ante las autoridades.
El pasado septiembre, el exgeneral retirado Henry Torres Escalante se asumió como «máximo responsable» de 296 ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Casanare. Entonces dijo que «las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya; de la IV División», en interés de «lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas».
(RT)
