Igual que el conflicto en Palestina, igual que los conflictos en África, el problema del territorio Esequibo es una rémora del deplorable colonialismo europeo y de su interacción con el entonces naciente imperialismo estadounidense.

Las fuerzas coloniales impusieron sus leyes y sus repartos territoriales en América y, luego de las guerras de Independencia dejaron una herencia perversa de diferendos y controversias. Algunas de ellas han perturbado las relaciones entre sí de los nuevos países; otras, como la del Esequibo, surgieron entre las naciones emancipadas y el imperio británico, que mantuvo sus espacios de poder a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX.

El del territorio Esequibo no es el único en su tipo, planteado entre una nación latinoamericana y Gran Bretaña. También hubo disputas (que aún son heridas abiertas) del reino europeo y Guatemala, por el territorio de Belice, así como con Argentina, por las islas Malvinas, que incluso desembocó en una guerra.

Tras la forzosa salida española de América, las nuevas naciones acordaron que sus límites quedarían definidos por el principio del uti possidetis juris, derivado del derecho romano, según el cual cada país tendría soberanía sobre los territorios que correspondían a las posesiones de sus respectivas entidades precursoras de tiempos coloniales. Esto significa que a Venezuela le tocaban todos los territorios que habían sido de la Capitanía General de Venezuela, establecida en 1777 por la corona española. Entre ellas se encontraba, sin lugar a ninguna duda, toda la región ubicada desde la margen oriental del río Esequibo (incluyéndolo, dicho sea de paso).

Esa posesión quedó ratificada durante el breve tiempo en que Venezuela se integró al antiguo Virreinato de Nueva Granada (que incluía a Panamá) y a la Provincia de Quito (luego llamada Ecuador). En la Constitución y en muchos otros documentos de valor jurídico quedó establecido que el territorio Esequibo formó parte de la Gran Colombia (entonces llamada Colombia a secas), como antiguo territorio de la Capitanía General de Venezuela.

Luego de la disolución del sueño bolivariano, la República de Venezuela se refunda con el mismo territorio de la Capitanía, incluyendo los 159 mil 500 kilómetros cuadrados del Esequibo. Al otro lado del río limítrofe estaba la Guayana Británica o Inglesa, un espacio al que Gran Bretaña había accedido luego de disputas y negociaciones con los neerlandeses.

La terrofagia característica de los británicos los impulsó a avanzar ilegalmente sobre el territorio Esequibo, aprovechando las dificultades que tenía la recién nacida Venezuela para ejercer soberanía en esos remotos confines.

Inicialmente, esas acciones invasoras corrían por cuenta de particulares ingleses, pero para mediados del siglo XIX, al imperio británico se le ensancharon las agallas y comenzó a participar en dichos movimientos violatorios del límite establecido.

Una de sus estrategias fue avalar las líneas arbitrariamente trazadas por un explorador prusiano llamado Robert Schomburgk, que arrebataban grandes porciones de territorio a Venezuela. La más extrema y temeraria de ellas despojaba al país de las bocas del Orinoco y, en consecuencia, de su salida al Atlántico.

Los gobiernos venezolanos de ese tiempo protestaron la abusiva delimitación unilateral y en 1850 se logra que Gran Bretaña firme un acuerdo para comenzar a delimitar seriamente la frontera. Ese documento es una de las claves de la reclamación venezolana, pues Londres reconoció que desde 1813 Venezuela venía reclamando los constantes avances de “colonos” (invasores) británicos en territorios del Esequibo.

La segunda mitad del siglo XIX fue signada por el descubrimiento de riquezas auríferas en toda la Guayana, incluyendo el actual estado Bolívar, lo que redobló las ambiciones de los británicos de apoderarse de más y más territorio. La situación se agrió hasta tal punto que el presidente Antonio Guzmán Blanco rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en 1887.

Ya hacia finales de la centuria, y aprovechando las extremas debilidades de Venezuela (deuda externa, confrontaciones domésticas, pobreza generalizada y una oligarquía poco patriótica), Gran Bretaña se propuso arrebatarle el rico territorio y para ello contó con el respaldo soterrado de Estados Unidos y otras potencias. En 1897 se pactó, al margen de la opinión venezolana, que el asunto se dirimiría mediante un laudo arbitral. En ese órgano ni siquiera se permitió la representación directa de Venezuela, sino que esta fue encarnada por Estados Unidos.

En 1899 se produjo el fallo de este Laudo, que tuvo como sede a París. Allí se consumó el despojo de los casi 160 mil kilómetros cuadrados, un espacio donde cabe la ciudad de Caracas unas 360 veces. Desde entonces, la posesión y control de ese territorio ha sido ejercida, primero por el enclave colonial Guayana Británica y luego (desde 1966) por la República Cooperativa de Guyana.

Venezuela rumió ese robo durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, pero cuando se publicó el testimonio póstumo de Severo Mallet-Prevost (parte del equipo estadounidense de abogados que supuestamente defendió los intereses venezolanos en el Laudo), quedó claro que todo había sido una gran farsa. Con esos argumentos y con los títulos históricos que la respaldan, en 1962, el Gobierno de Rómulo Betancourt hizo la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas.

Gran Bretaña propuso discutir el tema bilateralmente y este acercamiento dio origen al Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que también participaron las autoridades de Guyana, país que estaba en proceso de obtener su independencia. Ese documento es, sin espacio para la incertidumbre, el único documento válido para buscarle una solución al conflicto. En eso seguimos.

Un escenario parecido al de 1899

El Acuerdo de Ginebra entró en vigor y comenzó a funcionar hasta 1970, cuando fue congelado por 12 años, mediante el Protocolo de Puerto España. En 1982, Guyana quería prorrogar ese congelamiento por un tiempo similar, pero Venezuela no accedió. Se retomó el Acuerdo de Ginebra y un tiempo más tarde se acogió el mecanismo de los buenos oficios (uno de los varios contemplados en ese texto), coordinado por un funcionario de Naciones Unidas de común acuerdo con las dos naciones. En total, hubo cuatro buenos oficiantes en un período de casi tres décadas, pero no se produjeron avances.

En 2018, Guyana, aprovechando que Venezuela se encontraba bajo asedio, sometida a una guerra multidimensional (un escenario de vulnerabilidad parecido al de 1899), solicitó que el asunto sea dirimido por la Corte Internacional de Justicia. Venezuela se opone, pero aun así ha debido trabajar en los alegatos contra el írrito Laudo de París.

Este es el contexto cuando Venezuela se apresta a someter el tema a una consulta popular de la que se espera salga un apoyo casi unánime a los esfuerzos por recuperar la soberanía perdida hace ya 124 años. Y –tristemente- hay que decir “casi unánime” porque hasta ante asuntos tan cruciales aparecen unos cuantos apátridas dispuestos a traicionar al país, a su historia, a sus libertadores y a las actuales y futuras generaciones.

(Clodovaldo Hernández / Ciudad Ccs)