En su afán de derrotar a la canalla mediática, la Revolución ha incurrido en el error de desperdiciar la capacidad de contraloría social que tendría una prensa estatal capaz de publicar denuncias bien sustentadas y alertas tempranos.
Con frecuencia los ciudadanos y las ciudadanas, de manera individual o colectiva, intentan prevenir a los funcionarios sobre programas que funcionan mal, obras abandonadas, empleados ineficientes o corruptos, etcétera, pero en muchas ocasiones las autoridades desestiman esas denuncias por considerar que “son generalizaciones injustas” o “llevan agua al molino de la contrarrevolución”. También ocurre que el burocratismo creado alrededor de ministros y otros jefes hace prácticamente imposible que la información llegue a sus oídos o ante sus ojos. Al no encontrar respuestas, los afectados piensan en dar la campanada a través de los medios de comunicación, pero no quieren recurrir a la prensa opositora porque saben que ella aprovechará cualquier cosa para acentuar su labor destructiva. Van entonces ante los medios estatales, pero allí prevalece una línea editorial que prefiere abstenerse de dar tribuna a tales planteamientos, con los mismos argumentos de las generalizaciones injustas y del agua en el molino.
Luego, cuando un alto funcionario del gobierno –un ministro o el Presidente en persona- toma conciencia de la gravedad del problema (que tal vez ya ha adquirido la dimensión de conflicto o crisis) y decide atenderlo, los subalternos se esmeran en aparecer como muy interesados y diligentes, y la prensa revolucionaria le da amplia cobertura a las acciones tomadas. Los denunciantes originales agradecen la atención, pero queda la duda de por qué antes de la sacudida ministerial o presidencial los referidos funcionarios medios no actuaron. Y por qué antes de tal remezón, los medios públicos no informaron sobre el asunto.
Esta semana hemos visto uno de estos casos. La dictadura ejercida por los factores de la antisociedad en urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha quedado en evidencia con los operativos realizados en Ciudad Tiuna y Ciudad Betania. Esos dos botones de muestra prueban que tenían razón quienes se cansaron de denunciar casos concretos de esta monstruosidad, pero que no fueron debidamente atendidos por los funcionarios directamente a cargo ni tampoco reseñados por los medios públicos.
Lo que tiene que ver con el funcionariado medio es un asunto complejo y de larga data. A veces parece una maldición que hubiese caído sobre la administración pública desde tiempos inmemoriales. Pero en lo que respecta a los medios de comunicación públicos, estamos hablando de estructuras muy nuevas (o renovadas), que surgieron como respuesta natural de la Revolución ante la hegemonía mediática de la derecha. No deberíamos aceptar, como si fuera una fatalidad, que repliquen las deformaciones del burocratismo ni que se conviertan, objetivamente hablando, en barreras protectoras de malas prácticas. El propósito de estos medios no puede ser proyectar una imagen positiva de todo, incluyendo lo que está mal. Por el contrario, la idea con la que fueron creados o rediseñados estos medios es ayudar al pueblo honesto y trabajador a mantener una fluida comunicación con su gobierno; es ser un mecanismo formidable de contraloría social.
El velo que ha caído en Ciudad Tiuna y Ciudad Betania ofrece un momento propicio para la reflexión sobre este tema crucial.
(Clodovaldo Hernández / [email protected])
