“Se tenía la voluntad manifiesta de hacernos comenzar este año electoral presidencial con una intentona de magnicidio, golpe de Estado y zozobra. Esto nos hace reflexionar porque aquellos que más gritan pidiendo elecciones libres son, en muchos casos, los mismos que están conspirando y preparando el asesinato de los más altos funcionarios del Estado”, dijo Miguel Ángel Pérez Pirela en el inicio de su programa Desde donde sea, dedicado esta semana al tema de las maquinaciones desveladas por las autoridades durante el año 2023 y los albores de 2024.
“Tuve la oportunidad esta semana de conversar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Con Maduro +. “Él dijo que este año llueva, truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales, en respuesta a ciertos comentaristas y periodistas que han afirmado lo contrario y han dicho que se planea crear una situación de conmoción y guerra con la disputa por la Guayana Esequiba para evitar el evento electoral”, comentó el moderador.
“El presidente dijo claramente que nunca en estos 25 años se ha saltado ni siquiera una elección sino que se han realizado todos los ciclos previstos en la Constitución: elecciones presidenciales, legislativas nacionales, de gobernadores y consejos legislativos, de alcaldes y concejales. Si hay un país que ha roto todos los récords de eventos electorales realizados, ese país es el nuestro. Eso es un hecho, no depende de que usted sea chavista, independiente u opositor”, recalcó Pérez Pirela.
También son hechos, muy bien sustentados en evidencias, que en 2023 se llevaron a cabo intentos de asesinar al presidente la República, al ministro de la Defensa y al gobernador del estado Táchira. Y no se trata de acontecimientos inéditos, pues en 2018 explotó un dron en plena tarima presidencial en la avenida Bolívar, en el mero centro de Caracas. En esa oportunidad, allí no sólo estaba el presidente, sino también todo el tren ministerial, el alto mando militar y el cuerpo diplomático. “Querían aniquilar a todas las autoridades del Estado-nación venezolano”, dijo.
Pérez Pirela agregó que, como ya es costumbre, luego de estas denuncias han salido los presuntos responsables a negar su participación, a ejercer la técnica del “yo-no-fui-ismo”, que ha caracterizado siempre la oposición. “Tuve la oportunidad de escribir un libro con mi maestro Luis Britto García acerca del Caso Daktari, en el que más de cien paramilitares, enviados por Álvaro Uribe (en 2004), estaban acantonados en la Gran Caracas, en El Hatillo. Tuvimos acceso a las investigaciones de la inteligencia tanto civil como militar y pudimos constatar cómo ocurrieron esos hechos –explicó-. ¿Y qué dijeron en aquellos momentos los que propiciaron ese plan? Que eso no había ocurrido, que era falso, que era un invento. Y esta vez no ha sido la excepción, pues están haciendo exactamente lo mismo, pese a las confesiones de los implicados”.
Congreso de EE.UU. admite daño causado por las sanciones
Pérez Pirela presentó una noticia de esta semana que demuestra cómo ciertos hechos, que han sido negados, en forma empecinada, por altos jerarcas y también por ciudadanos comunes, terminan por confirmarse.
“¿Cuántas veces oímos a voceros de Estados Unidos, la Unión Europea, líderes de la oposición venezolana y hasta algunos opositores comunes asegurar que no había una guerra económica, que las sanciones no existían, que eran sólo para los dirigentes del gobierno venezolano? Pues resulta que ahora ha sido el mismísimo Congreso de Estados Unidos el que admitió que las medidas coercitivas impuestas contra Venezuela no han ayudado a derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro, pero sí contribuyeron a la crisis económica y migratoria en el país”.
“Es decir, que ahora claman por unas elecciones libres, luego de pasar varios años arrodillando al pueblo venezolano con unas sanciones que terminaron llevando al extranjero a hijos, nietos, sobrinos, madres, padres y abuelos nuestros”, puntualizó.
La admisión quedó registrada en un informe especial publicado este miércoles por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, con fecha del 16 de enero.
En dicho texto explican que desde 2005 Estados Unidos ha impuesto sanciones a personas y entidades venezolanas. Especialmente, en agosto de 2017, el gobierno de Donald Trump aplicó sanciones financieras adicionales más duras, como la prohibición del “acceso a mercados financieros de Estados Unidos por parte del gobierno bolivariano, incluida la empresa estatal de energía Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)”.
“Esas sanciones fallaron en desalojar a Maduro del poder y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha llevado a 7,7 millones de venezolanos a huir”, refiere el documento.
No es la primera vez que una institución gringa menciona el impacto negativo de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Anteriormente, en febrero de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) develó que las sanciones durante la administración Trump contribuyeron a una caída pronunciada de la economía venezolana.
“Yo hago una pregunta: ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que Estados Unidos admita también que estaba detrás de las cinco conspiraciones que pretendían desestabilizar al país el año pasado? Lo pregunto porque la primera reacción de los voceros de Washington ante las denuncias de autoridades del Estado venezolano ha sido negarlas”, expresó.
Las cinco conspiraciones
Para ahondar en el tema, citó las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, quien informó sobre la desarticulación de cinco conspiraciones que pretendían orquestar factores desestabilizadores en el país.
Durante una rueda de prensa, Saab explicó que el objetivo de estos planes era crear caos en la nación y propiciar un golpe de Estado.
Consignó los detalles de las cinco conspiraciones reveladas por el fiscal:
- La primera alta conspiración fue desactivada en mayo del 2023. Por este caso hay 11 personas detenidas: Uaiparu Güerere López, Manuel Gedler, José Ignacio Moreno, Willians Caña, Sarkis Sako, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado y Franklin Alvarado, a quienes se les imputan los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones personales graves, daños a la propiedad, conspiración, traición a la patria, revelación de secretos militares, tráfico ilícito de armas y municiones.
Por este caso además hay tres personas con orden de aprehensión que aún no han sido capturadas.
- Caso Espionaje Guasdualito: En este plan conspirativo, iniciado en mayo de 2023, están vinculados civiles y policías que daban información a organizaciones extranjeras que operan en Bogotá.
La finalidad era atentar contra el primer mandatario nacional, dirigentes políticos, sistemas de armas de la FANB, y causar terror en la población general. Es algo que ya habíamos visto con el intento de invasión de 2020 en la que participaron mercenarios estadounidenses.
Por este caso hay tres personas detenidas: Douglas Ruiz, Jesús Rodríguez y Rolando Rojas, acusadas de los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros, revelación de secretos militares y asociación.
- Caso La Viñeta: En este caso se desactivó a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar contra la vida del presidente de la República y del ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López. Dicha operación se llevaría a cabo en la residencia presidencial La Viñeta y sería ejecutada por cinco ciudadanos que ya fueron detenidos e imputados: José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache. Estas personas son acusadas de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
- Caso de Espionaje Fortunato: En esta trama fue capturado el ciudadano José Fortunato Guerrero Rojas, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, quien es señalado de ingresar de forma irregular al país para realizar presuntas actividades de espionaje y terrorismo. Específicamente, este sujeto buscaba información estratégica de pilotos y del personal militar para remitirla a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Además de Guerrero Rojas, también fueron privados de libertad Daniel Rivas; Jholmar Cárdenas, Jesús Alberto García y Edgar Carrillo, acusados por los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación
- Caso Brazalete Blanco: Se trata del caso más reciente. Fue descubierto tras la detención del exmilitar Anyelo Heredia en una zona rural cerca de la frontera en Táchira. Este ciudadano tenía dos órdenes de aprehensión, una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil. Por tal motivo fue presentado el 17 de enero en el Tribunal Militar de Control en Táchira, señalado de hacerse con el parque de armas de este cuerpo castrense para atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal, así como por iniciar una escalada de actos terroristas para atentar contra el presidente Maduro, que incluían la participación directa de varios militares y civiles.
Por esta trama se solicitó el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo 14 órdenes de aprehensión a los militares y civiles involucrados: Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero; Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.
¿Quiénes están detrás de esas conspiraciones?
Pérez Pirela hizo esta pregunta y presentó el video de la declaración del ministro de la Defensa, que se produjo poco después de conocerse los detalles dados por el fiscal general.
“Nosotros no podemos descuidarnos, tenemos que andar con los ojos bien abiertos porque ya sabemos que detrás de todas estas conspiraciones están la CIA, la DEA, el Comando Sur, es decir, el gobierno de Estados Unidos”.
Aseguro Padrino que la FANB está esforzándose para evitar que el pueblo venezolano sea sometido nuevamente a situaciones de zozobra.
(LaIguana.TV)
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