En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre la detención de tres funcionarios policiales que se aprovecharon de sus cargos para traficar armas.
Dichos sujetos fueron identificados como Josmary Janneth Flores Loyo (37), inspector agregado del Cicpc; así como los detectives Carlos Humberto Chirino Sánchez (40) y Alexander Rafael Cotiz López (32). Los tres estaban adscritos a la Delegación del Cicpc-Coro, estado Falcón.
Junto a ellos, detalló, fue procesado José Luis Suescun Vargas, quien estaba encargado de una finca en Cúcuta, Colombia.
Señaló que el caso inició en agosto del año 2020 y cobró vigencia porque la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia confirmó las condenas impuestas a los tres funcionarios y al presunto cabecilla de la célula.
La investigación determinó que estos procesados forman parte de una organización que emplea pistas clandestinas ubicadas en Zulia y Falcón para el traslado de armas de fuego.
Comentó que estas personas fueron detenidas el 12 de agosto del año 2020 por agentes de la Policía Nacional Bolivariana en la Carretera Nacional Falcón-Zulia, sector Mene Mauroa, municipio Mauroa, estado Falcón
Aseguró que la investigación determinó, entre otras cosas, la existencia de estructuras de financiamiento, movilización y traslado de miembros para la compra e ingreso de armas de fuego para abastecer células de grupos irregulares enquistadas en zonas del territorio nacional, específicamente entre los estados Zulia y Falcón, aplicando la modalidad de transporte por vía aérea.
Al momento de ser capturados, los sujetos se desplazaban en un Chevrolet Aveo con tres fusiles AK-47 con dos cargadores, cada uno contentivo de 30 municiones calibre 7,62x39mm; siete fusiles de asalto AR-15 calibre 5.56 mm, sin municiones ni seriales; un fusil M16 Colt AR-15 calibre 5.56 mm y dos pistolas Glock 9mm.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2020, los fiscales solicitaron abrir un juicio contra los cuatro detenidos por la presunta comisión de los delitos de asociación, tráfico ilícito de armas, conspiración y terrorismo.
Al año siguiente, concretamente el 17 de febrero de 2021, se llevó a cabo la audiencia preliminar donde acordaron pasarlos a juicio, decisión que fue tomada por el Juzgado Especial Primero de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo y fenómenos de corrupción y delincuencia organizada.
Relató que el juicio de estos acusados comenzó el 11 de junio de 2021 y finalizó el 15 de febrero de 2022, con las siguientes condenas: 24 años de prisión para José Luis Suescun Vargas, tras haberlo encontrado culpable del delito de tráfico de armas y asociación para delinquir; y 14 años de prisión para los tres funcionarios del Cicpc, por ser cómplices no necesario en el delito de tráfico ilícito de armas y asociación.
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(LaIguana.TV)
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