Este jueves 22 de febrero la expresidenta de Chile y exalta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto con 18 excancilleres latinoamericanos, suscribieron una declaración conjunta para solicitar “los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas políticas y de la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide en Venezuela”.

El texto, también firmado por varios exministros, embajadores y académicos (en total 65) destaca lo siguiente: “La Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos de diversos países de nuestra región, rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí”.

Según el manifiesto, difundido por la agencia EFE, este acto, unido a la detención de la ciudadana Rocío San Miguel, “configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana”.

El escrito también se encuentra suscrito por el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, y por los excancilleres Rafael Bielsa de Argentina, Jorge Castañeda de México, Gustavo Fernández de Bolivia, Mariano Fernández de Chile, Diego García Sayán de Perú, José Ángel Gurría de México, Edgar Gutiérrez de Guatemala, Enrique Iglesias de Uruguay, María Angela Holguín de Colombia, José Miguel Insulza de Chile, Grace Jaramillo de Ecuador, Celso Lafer de Brasil, Susana Malcorra de Argentina, María Emma Mejía de Colombia, Heraldo Muñoz de Chile, Javier Murillo de Bolivia, Felipe Solá de Argentina y Allan Wagner de Perú, entre otros.

“Para el resto de América Latina no es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral”, continúa el texto.

Recordemos que el pasado 15 de febrero el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció la suspensión de la cooperación de Caracas con la Oficina Técnica de Asesoría del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. El gobierno de Venezuela, en este sentido, declaró lo siguiente: “Es una decisión administrativa que suspende la colaboración, que suspende el funcionamiento de esta oficina, porque esa oficina se ha desviado de su mandato”.

Gil denunció el incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre de 2019 y señaló que se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con la entidad en los próximos 30 días.

Con respecto al caso de la ciudadana Rocío San Miguel, es necesario señalar que la misma hoy día está siendo imputada por participar en la operación terrorista denominada “Brazalete Blanco”.

Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dicho plan tenía como objetivo atacar la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ubicados en el estado Táchira, para hacerse del parque de armas de estas instalaciones, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal. Posteriormente pretendían iniciar una escalada violenta por los demás estados del país hasta llegar a Caracas, donde buscarían acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro y de otros altos funcionarios.

De acuerdo con Saab, la misión de la ciudadana Rocío San Miguel en la trama “Brazalete Blanco” era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas.

(LaIguana.TV)


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