Desde 2018, en un oscuro tribunal de un paraíso fiscal llamado Delaware, en Estados Unidos, se puso en marcha una conspiración jurídica, política y financiera cuyo objetivo es despojar a Venezuela de su activo más valioso en el extranjero: la empresa Citgo Petroleum.
Citgo es una empresa de refinación y comercialización de combustibles que constituye el séptimo complejo refinador del mercado estadounidense. Posee tres refinerías, un sistema de oleoductos que atraviesan 23 estados de la Unión, puede procesar cerca de 800 mil barriles diarios, y vende gasolina directamente al consumidor a través de una red de 4.200 estaciones de servicio.
Fue adquirida por Venezuela a finales de los años 80 dentro de la política de internacionalización petrolera y está valorada -según algunos analistas- entre 13 y 15 mil millones de dólares.
La operación se encuentra actualmente en una fase aparentemente culminante. El juez Leonard Stark, hombre de Barack Obama, que en 2018 había dicho que una empresa canadiense del sector oro, Crystallex, tenía derecho a cobrarse con las acciones de Citgo un pago que le adeudaba la República derivado de un tribunal de arbitraje a su favor; y que en 2020 había sentenciado que para pagar esa y otras acreencias propias y de la República, Citgo debía ser subastada, habría movido del 15 de julio al 19 de septiembre la fecha para finiquitar el remate judicial de la empresa.
Culminaría así la tarea así que se propuso en 2018 junto a su gran amigo, José Ignacio Hernández, un abogado venezolano y destacado miembro del llamado “interinato” de Juan Guaidó.
La historia es alucinante y está llena de inesperados giros y subtramas. Hernández, hombre clave en la operación, aparece primero en 2018 como testigo estrella de Crystallex en el juicio contra Venezuela. Allí expuso la insólita tesis del “alter ego” con la que convenció a Stark de que era lícito cobrar una deuda de la República con un activo de una empresa que es, legalmente, un ente distinto a la República.
Pero todo se valía en aquellos días. Estábamos en pleno desarrollo de la política de máxima presión de Donald Trump -que ya había bloqueado un año antes la entrega de dividendos de Citgo al país. La idea de Trump y de sus socios venezolanos, consistía en dejar a Venezuela “sin un solo dólar”, para asfixiar la economía y lograr un “cambio de régimen”. Y en esa estrategia Citgo era una pieza clave.
Apenas unos meses después de declarar a favor de Crystallex, y tras la auto juramentación de Juan Guaidó en enero de 2019, vemos a Hernández convertido en flamante ”Procurador Especial” del interinato, nombramiento aprobado por los diputados de la entonces vigente Asamblea Nacional electa en 2015, institución que había sido declarada por el Tribunal Supremo de Justicia en estado de “desacato” a la Constitución y cuyas decisiones eran por tanto nulas de toda nulidad.
Eso poco importaba en la real politik porque Trump había reconocido a Guaidó como “Presidente legítimo” de Venezuela. En esa condición, Trump no sólo recibió a Guaidó en la Casa Blanca y lo hizo aplaudir en el Congreso, en uno de sus discursos sobre “El estado de la Unión”; también le entregó el control de Citgo, de las sedes diplomáticas de Venezuela y de cuentas venezolanas en bancos gringos con millones de dólares para pagar el funcionamiento del “nuevo Gobierno”. El plan parecía perfecto. Todo estaba “atado y bien atado”.
Prevalido de su fake cargo, aprovechando que el verdadero Procurador General de la República había sido excluido de los juicios en Estados Unidos, Hernández se dedicó a diseñar una estrategia para favorecer a las empresas que demandaban a Venezuela. Para ello, se desentendió de los juicios, y realizó acciones para validar los argumentos del juez Stark; adicionalmente, Guaidó, su jefe Leopoldo López, y el propio Hernández a través de la falsa junta de Citgo, reconocieron a varias empresas el derecho a reclamar pago de deudas de Citgo y de Venezuela a través de la decisión del juez Stark de 2018.
Entraron entonces al festín nuevos y ambiciosos jugadores, Conoco Phillips, petrolera estadounidense, y otros 17 acreedores tanto de la refinadora como de la República, se sumaron a la demanda de pago con acciones de Citgo. Conoco Phillips exige ahora más 10 mil millones de dólares. Raimundo y todo el mundo quiere su parte del pastel. Y Stark (con Hernández en la sombra) está listo, con el cuchillo en la mano para descuartizar Citgo.
Vamos para 5 años que la oposición (el interinato y la Asamblea 2015) controla y dirige Citgo. En ese tiempo, la deuda de la empresa pasó de unos dos mil millones -una cantidad pagable si Citgo no hubiese sido blóquela y asaltada- a 23 mil millones de dólares. Y en esa actuación de Hernández y Guaidó se basó Stark para ratificar el remate judicial.
En ese lustro de manejo opositor de la empresa, y más allá de una cuenta en la red X y de algún comunicado esporádico, nadie sabe en Venezuela cuál es la situación de Citgo. Nadie sabe cómo ha sido manejada. Los directivos usurpadores dicen que todo va de maravilla y que ellos están fajados defendiendo Citgo.
Pero la verdad es que nadie sabe nada. Y con base al silencio se pretende chantajear a la República, mientras se la despoja. Citgo es hoy lo único que le queda a oposición extremista en su tóxica relación con Washington. Un coctel de confusión, fracaso político, ambición e intereses es lo que caracteriza esta etapa. Hoy Citgo paga obras de caridad en Estados Unidos mientras se negó a pagar operaciones de médula y otras intervenciones en el extranjero, negativa que costó la vida a 52 niños venezolanos.
Nadie sabe qué pasará con Citgo en esta historia perversa que mezcla mezcla la traición a la Patria, el absurdo jurídico y la codicia.
Una cosa es cierta: Venezuela no puede dejarse arrebatar Citgo, la operación de despojo más descarada de nuestra historia. El Presidente Maduro ha dicho que llamará a un gran diálogo nacional después del 28 de julio. Citgo debe tener allí un lugar prioritario. Todos los venezolanos de buena conciencia debemos unirnos para defenderla. Y para hacer justicia.
(William Castillo)
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