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Este jueves 13 de agosto la ONG Provea hizo un llamado a los representantes del gobierno venezolano para que detengan lo antes posible los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP). Según argumentan, este tipo de prácticas atentarían contra los derechos humanos de la sociedad pues suponen la militarización de la seguridad de la ciudadanía.

 

«A lo largo de nuestra historia ha quedado demostrado que las políticas de mano dura generan más problemas que soluciones, pues se criminaliza la pobreza, se cometen arbitrariedades y no se avanza en la solución del terrible fenómeno de la violencia y la criminalidad», destaca dicha organización, acotando a su vez que las OLP, supuestamente, son una «razzia» cuyo fin único es estigmatizar a los pobres y a otros sectores de la población.

 

Según Provea, el Ejecutivo estaría echando por tierra los esfuerzos y avances surgidos durante el proceso de reforma policial del 2006, materializados mediante la misión A Toda Vida Venezuela. La intención de los integrantes de esta ONG, afirmaron, es colaborar con la construcción de políticas que ayuden a superar la impunidad, la criminalidad y la violencia en nuestro país. Para ellos es importante «fortalecer la garantía y la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos».

 

En este sentido, Provea presentó presuntas pruebas que justifican su oposición a estos procedimientos. De acuerdo a este organismo, 50 delincuentes han sido asesinados en enfrentamientos. Por otra parte, 4.000 personas han sido detenidas y de estas solo 368 han sido puestas a la orden del Ministerio Público por su vinculación con la comisión de hechos punibles.

 

La ONG indicó además que el 90,8% de las detenciones efectuadas en el marco de las OLP han sido arbitrarias e ilegales y que apenas el 9,1% posiblemente estén vinculadas con hechos delictivos.

 

«La información que suministra el ministerio del Interior, Justicia y Paz no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de las operaciones OLP. No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos en OLP sobre presuntas ejecuciones policiales», aseveró la organización en cuestión.

 

(LaIguana.TV)