Valerie Laveus completó formularios, presentó registros financieros y pasó seis meses esperando un permiso para que su hermano y sobrino vinieran a vivir con ella en Florida, lejos de la violencia que atraviesa Haití.

Sin embargo, los intentos del gobierno de Donald Trump de terminar con programas temporales humanitarios implementados en la era de Joe Biden amenazan con empujar a miles de personas como la familia de Laveus a las sombras, sin una autorización de trabajo que los dejaría sujetos a la deportación.

“Te dicen que sigas las reglas. Te dicen que quieren crear un camino legal para que la gente venga, y te dicen que no quieren inmigrantes ilegales”, dijo Laveus a CNN a mediados de febrero, en referencia a los indocumentados. “Pero luego, a los que vinieron legalmente, los estamos convirtiendo en inmigrantes ilegales. Eso simplemente me deja perpleja. Rezo para que se solucione”, agregó esta ciudadana estadounidense que vive en un barrio del sur de la Florida.

De momento, una jueza federal ha impedido que el gobierno de Trump cancele los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a medio millón de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, bajo el programa implementado durante el mandato de Biden conocido como permiso de permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países).

Pero la promesa de Trump de expulsar del país a todos los migrantes indocumentados, lo que él llama una “deportación masiva”, se ha transformado durante los primeros 100 días de su mandato en una dura narrativa no solo contra los que cruzaron la frontera de manera irregular, o contra los inmigrantes que viven en las sombras, temerosos de la deportación, sino también contra quienes tienen un estatus legal en Estados Unidos.

Es el caso de quienes se benefician de estos programas temporales humanitarios, que incluyen además a los venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o a los miles que llegaron por medio de la aplicación CBP One. 

Pero el gobierno de Trump dice que se cometió “un abuso” del uso de estos programas y argumenta que muchos de los inmigrantes que entraron al país lo hicieron de manera ilegal, a pesar de que se les requería completar un proceso migratorio.

“La Administración de Biden se aprovechó de la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el lanzamiento de una nueva aplicación que invita a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, advirtió Noem, “los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”.

Pero la situación no solo la enfrentan migrantes beneficiarios de programas humanitarios. La administración de Trump ha revocado el estatus migratorio de miles de estudiantes internacionales basándose en registros policiales menores sin verificar su veracidad ni garantizar el debido proceso.

La “crimigración” en el centro de los planes de deportación masiva de Trump

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por lo que los especialistas llaman “crimigración”, un proceso que implica integrar la legislación migratoria con la legislación penal, explica Lady Junek Vargas León, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en migraciones.

“Ahora, cualquier persona migrante puede ser tratada como criminal, sin importar su estatus legal. Se amplió el uso de antecedentes penales como causa de deportación, incluso para residentes legales”, dice Vargas. “Además, cruzar la frontera sin documentos, que antes era una falta civil, ahora se criminaliza cada vez más, especialmente a personas racializadas. Lo más grave es que bajo esta lógica, todos los inmigrantes son sospechosos, solo por su estatus o nacionalidad”, agrega.

Aunque hasta ahora los intentos de revocar el estatus de miles de inmigrantes han sido detenidos por los tribunales o se encuentran en medio de disputas legales, muchos venezolanos, algunos con el TPS, por ejemplo, viven con miedo de ser objeto de detenciones o deportaciones.

El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos a quienes señaló de ser miembros del Tren de Aragua, pero hasta el momento no ha presentado pruebas que lo demuestren. Fueron enviados por el gobierno de Nayib Bukele al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington. El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida.

Leticia Calderón, doctora en Ciencias Políticas y especialista en procesos migratorios, explica que la criminalización de los inmigrantes ha sustentado desde hace muchos años la política migratoria de Estados Unidos.

“Es una cuestión casi del origen de Estados Unidos asociar lo ilegal con lo criminal. Cuando ellos hablan de inmigración ilegal, automáticamente la mentalidad de los estadounidenses es que es un acto criminal”, dice Calderón.

La especialista dice que es muy difícil que ese argumento se pueda cambiar porque se ha construido a lo largo de mucho tiempo. Se consolidó con las políticas migratorias de 1996 que establecieron el término “illegal alien”, redefiniendo lo que significa estar sin autorización en el país. “De forma que la criminalidad y la condición de no autorizado se consideran con demasiada frecuencia sinónimos”, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York (CMS, por sus siglas en inglés).

“Que ellos no digan incluso indocumentado no es nada más de léxico, no es nada más de un prurito de cómo se menciona, sino tiene una connotación de asociarlo a lo criminal y por tanto, pues tener la razón en el sentido de que, ojo, cualquiera lo es”, dice Calderón.

Incluso, los hijos de inmigrantes indocumentados que obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. A partir de un decreto, que firmó el primer día de su mandato, Trump quiere acabar con este derecho constitucional que lleva casi 160 años otorgando la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.

“Ni es un debate cerrado, ni es retroactivo”, es decir, aquellos que ya la obtuvieron no la perderían pero si llegara a implementarse los recién nacidos ya no tendrían este derecho, explica Calderón.

Este caso también ha llegado hasta la Corte Suprema que acordó recientemente escuchar los argumentos orales sobre la solicitud del presidente para hacer cumplir su plan de terminar con la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas.

La criminalización ha pasado factura a los inmigrantes: “Hay terror”

La ofensiva de Trump que, según las especialistas, se ha caracterizado por una criminalización creciente de los inmigrantes, ha pasado factura a las comunidades y las empuja a querer irse.

“Hay terror, depresión, efectos psicológico en la comunidad. Algunos clientes me han dicho mejor yo me voy, y pues explicándoles la consecuencia de irse y repatriarse. Entonces es algo, pues que ha afectado mucho la psicosis del inmigrante”, dice Jaime Barrón, abogado de inmigración en Texas.

Pero también hay clientes que deciden seguir adelante con sus vidas a pesar del miedo, la incertidumbre y la frustración.

“Al principio todo mundo tenía miedo, pero ya se vuelve costumbre. Entonces dicen ‘pues o me muero de hambre o trabajo’, entonces están trabajando. ‘Si no voy a la escuela, a los niños los van a penalizar, entonces pues los mando a la escuela. ¿Tengo que declarar impuestos? Pues declaro’”.

Barrón asegura que las cortes de inmigración reciben cada día más casos mientras procesos se alargan cada vez más debido a los recortes que se han implementado a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esto, dice, no solo cansa a los inmigrantes sino que termina por costarle millones de dólares al gobierno.

Cada juez, en vez de procesar 10 casos al día, por ejemplo, ahora solo puede hacerlo con cinco. Entonces, el juez que queda “tiene que hacer más casos, se tarda más y todo es más lento. Y si es más lento, es más caro y acaba costándole al gobierno”, señala el abogado.

Laveus dijo que intentaba ser positiva y rezaba por una solución. Pero el temor a los peligros a los que se enfrentarían sus familiares y otras personas si son devueltos a Haití es abrumador.

“Los aeropuertos están cerrados. Las bandas se han apoderado de todo el país. ¿Qué van a hacer exactamente con esta gente? ¿Enviarlos de vuelta para que mueran? Eso es simplemente inhumano”.

El gobierno ha etiquetado a estudiantes como criminales, sin pruebas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ordenado la terminación del estatus migratorio de miles de estudiantes internacionales basándose en supuestas infracciones menores o simples interacciones con autoridades, sin verificar si dichas acciones constituían delitos ni si los casos fueron desestimados.

Según documentos judiciales y declaraciones en audiencias, funcionarios federales aplicaron una política conocida como “student criminal alien initiative”, que resultó en la exclusión de estudiantes de universidades, pérdida de empleos y deportaciones voluntarias, aun cuando muchos no habían cometido delito alguno. Las decisiones se tomaron mediante búsquedas automatizadas en bases de datos criminales sin revisión individual, lo cual ha causado duras críticas de jueces federales por la falta de debido proceso.

La situación ha derivado en más de 100 demandas en cortes federales, en las que abogados argumentan que el gobierno violó derechos fundamentales al eliminar registros en el sistema SEVIS (acrónimo de Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, en inglés) sin notificación ni oportunidad de defensa.

Jueces como Ana Reyes y Sparkle Sooknanan han exigido respuestas claras al Departamento de Justicia, cuestionando incluso si el gobierno sabe si ciertos estudiantes están legalmente en el país.

Las audiencias han expuesto cómo decisiones fueron impulsadas por algoritmos o datos sin confirmar, lo que plantea inquietudes más amplias sobre el uso de inteligencia artificial en procesos migratorios. Mientras tanto, los afectados enfrentan consecuencias académicas, económicas y legales, y algunos expertos temen que este enfoque se repita si no hay una reforma profunda del sistema.

(CNN)

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