Un grupo de más de 12 familias de migrantes venezolanos, secuestrados en El Salvador tras ser expulsados – sin previo proceso legal- de Estados Unidos, presentó este viernes 9 de mayo una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo su liberación inmediata, por considerar que se encuentran en una situación de desaparición forzada.
La acción legal, respaldada por cuatro organizaciones estadounidenses, denuncia la “detención ilegal” y el traslado forzoso de 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión salvadoreña señalada internacionalmente por abusos a los derechos humanos y calificada por el Gobierno de Venezuela como un “campo de concentración”.
Contexto de la demanda: traslados al CECOT
El pasado 15 de marzo Trump expulsó de EEUU a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, y los envió de manera inhumana al CECOT, deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1796. Los venezolanos fueron acusados -sin pruebas- de pertenecer al desaparecido Tren de Aragua.
Sin embargo, reportes de medios internacionales como Bloomberg y el Times indican que el 90% de los detenidos no tiene antecedentes penales.
La demanda, presentada este viernes, solicita a la CIDH una medida de emergencia contra el gobierno de Nayib Bukele por violar derechos fundamentales.
Los migrantes, incomunicados durante más de dos meses, enfrentan condiciones inhumanas en el CECOT, según las organizaciones demandantes. “Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora. Es una emergencia de derechos humanos que exige atención global”, afirmó Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
Mosselmans acusó además a EEUU de estar conspirando para «despojar» a cientos de personas de «sus derechos y su libertad».
Acuerdo entre EEUU y El Salvador
El traslado de migrantes responde a un acuerdo entre EEUU y El Salvador, mediante el cual Washington paga 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño. Este pacto, del que se desconocen detalles específicos, ha sido criticado por expertos y la oposición demócrata, quienes señalan una posible crisis constitucional en EEUU por la aplicación de una ley de más de dos siglos para justificar las expulsiones, lo que ha desatado controversias legales.
El Estado venezolano, conjuntamente con juristas y activistas, exige que se respeten las obligaciones legales internacionales y se libere a los detenidos.
(Laiguana.tv)
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