El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, continúa privando de sus derechos humanos a los más de 200 connacionales que siguen recluidos en el Centro Penitenciario contra el Terrorismo (Cecot), puesto a que las autoridades rechazaron a la delegación venezolana que arribó al país centroamericano en miras de brindarles asesoría legal a los venezolanos y, a su vez, reconectarlos con sus allegados a tres meses de su extradición irregular.
La delegación criolla estaba conformada por los familiares de las víctimas y sus representantes jurídicos, cuyas solicitudes fueron deliberadamente rechazadas e ignoradas por parte de la Dirección General de Centros Penales en Salvador, encabezada por Osiris Luna Meza.
Posteriormente, los representantes criollos tocaron la puerta en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin de tantear si los venezolanos están recibiendo un trato digno en lugar de maltratos y vejaciones; no obstante, su petición no obtuvo respuesta alguna.
De esta manera, la comisión no pudo corroborar el estado psicológico y físico de los ciudadanos que hoy en día se le ha negado la justicia a raíz de las políticas antinmigrantes de Trump y la complicidad activa de Bukele.
¿Qué dicen los representantes?
“Venía con mucha ilusión, le prometí a mi hermana que pronto el niño estaría en libertad, y a muchas madres. No quiero que pierdan la fe. Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos”, explicó a los medios internacionales Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los criollos que está confinado en el campo de concentración salvadoreño.
Por su parte, Walter Márquez, representante de la Fundación Amparo Internacional de Venezuela, señaló la violación que está cometiendo el gobierno salvadoreño, donde la omisión de los derechos humanos que contempla la carta de las Naciones Unidas se convirtió en el pan de cada día para los migrantes venezolanos, dado que ni siquiera tuvieron un juicio justo que determinara su culpabilidad o inocencia.
“Están allí sin ningún proceso judicial y sin ningún delito cometido en este país”, denunció Márquez.
Asimismo, enfatizó que las autoridades penales de El Salvador deben proporcionar visitas y asesoría a los migrantes detenidos, teniendo en cuenta que han estado aislados del mundo en los últimos tres meses.
Más allá de las diligencias jurídicas, la comisión también visitó la Nunciatura Apostólica de San Salvador, a fin de solicitar un pronunciamiento e intervención del máximo pontífice del Vaticano, el Papa León XIV. Se tiene previsto consolidar una segunda visita y obtener resultados más amenos.
(Laiguana.tv)
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