El presidente ultraderechista argentino Javier Milei lanzó el martes una reforma en la policía federal, que emula al FBI estadounidense y que permitirá que se hagan detenciones o tareas de espionaje digital sin autorización judicial.
El gobierno justificó la propuesta en atención a los reclamos sociales de mayor seguridad en el país sudamericano, pero ha puesto en alerta a organismos de derechos humanos.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, dijo el mandatario durante un acto en la sede del Cuerpo de Policía Montada en la capital argentina.
Al referirse al modelo que inspira este cambio de paradigma, Milei remarcó que “vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”.
La reforma policial fue dictada por decreto de Milei y está en marcha tras su publicación el mismo martes en el Boletín Oficial.
La presentación, además, coincide con la campaña para las elecciones legislativas de octubre, en las que Milei buscará aumentar la presencia de legisladores oficialistas en el Congreso para avanzar en reformas más profundas.
La reforma policial contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una actualización de la carta orgánica de la fuerza vigente desde 1944, que ya ha generado cuestionamientos.
A partir de ahora, la policía federal podrá detener personas sin orden judicial “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”. El plazo máximo es de 10 horas.
También habilita a la policía a realizar revisiones personales sin permiso de un juez “en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”, por ejemplo, manifestaciones.
Por otra parte, la policía federal a partir de ahora tiene permitido ejecutar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales (redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes) sin previo aval judicial.
“La constitucionalidad de este decreto está en discusión”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada en 1979, durante la última dictadura militar.
“La falta de claridad en muchas de las modificaciones abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”, indicó el organismo.
(AP)
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