El Ministerio Público (MP) venezolano informó que tras haber enviado el 30 de marzo una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar su intervención en defensa de los derechos de los venezolanos ilegalmente secuestrados en ese país, se recibió vía correo electrónico, más de 80 días después, una «respuesta vergonzosa de ese ente judicial».
Mediante un comunicado, la institución rechazó «la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador» que «pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos allí sin haber cometido ningún delito».
De acuerdo con el MP, la Corte declaró improcedente la intervención de la Fiscalía venezolana, «alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».
Con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte argumentó que «los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».
«Así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que, por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad», añade el documento publicado por el MP.
De acuerdo con el organismo, la sala no solo se hace la desentendida, sino también se convierte en cómplice de esta aberración jurídica.
«Como institución garante de la legalidad, no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales», agregó.
En este sentido, el documento señala que el Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. «Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos», precisa la institución.
«Con esta respuesta, el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos. El pueblo venezolano y este Ministerio Público no descansarán hasta restablecer la dignidad, la libertad y la justicia para cada uno de sus ciudadanos sometidos a esta cadena de violaciones», concluye el comunicado.
(Laiguana.tv)
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