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Sin importar una pertinaz lluvia, jubilosos guatemaltecos ondeando banderas azul y blanco abarrotaron la plaza central del centro histórico de la capital, observó un periodista de la AFP.

 

Al grito de “sí se pudo”, “sí se pudo”, los manifestantes consideraron que el histórico fallo del Congreso sienta un precedente contra la corrupción que se ha incrustado en el Estado.

 

Un total de 132 diputados presentes en una sesión legislativa votaron de forma unánime por quitar la inmunidad al mandatario, quien deberá enfrentar a la justicia ordinaria por su presunta vinculación con una banda de defraudación aduanera.

 

“Siento una gran alegría, estoy satisfecho porque se hizo justicia”, dijo a la AFP, Miguel Caniz, de 39 años, un comerciante de fruta originario del municipio indígena de Totonicapán (oeste), luego de fotografiar con un celular a dos manifestantes con sus trajes indígenas que posaban con una bandera de Guatemala.

 

Los manifestantes iniciaron la fiesta frente a la sede del Congreso luego de conocer el resultado de la votación para trasladarse hacia la plaza Central bajo una incesante lluvia.

 

En las calles aledañas habían carros que en sus vidrios escribieron “sí se pudo” y algunos automovilistas pasaban sonando sus bocinas ante la escasa presencia de policías en las calles.

 

Con la decisión del Congreso, Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, se convierte en el primer presidente de Guatemala en perder su inmunidad.

 

Después del voto de los diputados, un juez prohibió al jefe de Estado salir del país ante una solicitud de la Fiscal General.

 

La Fiscal General, Thelma Aldana, dijo a un canal de televisión local que solicitaron el arraigo de Pérez, la prohibición de salir del territorio nacional, debido a que “siempre existe el riesgo y posibilidad que pueda abandonar el país”.

 

El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema de corrupción.

 

El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la CICIG en abril pasado, provocó manifestaciones masivas cada sábado, un hecho inédito en el país.

 

El escándalo precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.

 

– Llegar o no llegar –

 

Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de setiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero, día del cambio de gobierno, para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.

 

La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

 

El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), dijo a la AFP que cree que Pérez “no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos” en la justicia.

 

Pese a la exigencia de miles de personas para que el mandatario renuncie al cargo, el vocero presidencial Jorge Ortega dijo este martes a la AFP que el gobernante “se mantiene en el puesto”, aunque consideró que la decisión del Congreso de retirarle la inmunidad “era un escenario no deseable”.

 

También el lunes, su abogado César Calderón presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país que está incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia, para detener el proceso judicial. El tribunal se pronunciará a más tardar el jueves.

 

El Congreso había rechazado a mediados de agosto levantar la inmunidad al mandatario, aunque fue antes de que fuera involucrado oficialmente en el caso de las aduanas.

 

Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala (banco central).

 

Asimismo, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la CICIG, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.

 

(AFP)