Desde que la administración de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la deportación de más de 250 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, el propio gobierno se ha desentendido en reiteradas ocasiones ante los tribunales federales sobre la integridad de estos, pues insisten en que ahora están bajo la jurisdicción de las autoridades de la nación centroamericana y que ahora no tiene poder para regresarlos al territorio norteamericano.
Sin embargo, un documento presentado por abogados de connacionales secuestrados en dicha megacárcel, desmiente estas afirmaciones hechas por Washington, basándose en las recientes declaraciones del Estado salvadoreño ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). En propias palabras de los representantes del gobierno de Nayib Bukele, su país no tiene ninguna responsabilidad con los connacionales secuestrados y que ellos han actuado bajo las directrices de la Casa Blanca.
De acuerdo con un artículo publicado por el New York Times, este documento fue presentado el pasado lunes ante la ONU, el cual fue redactado en respuesta a una investigación que realiza este bloque global sobre algunas de las expulsiones hechas por el gabinete del mandatario republicano haciendo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
“Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, mediante el cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema de justicia y las fuerzas del orden de ese otro Estado”, destaca parte del escrito, aludiendo a que, tanto el Estado norteamericano como el salvadoreño son responsables en todo sentido de lo que le pueda pasar a los venezolanos retenidos ilegalmente en el Cecot, pues ambas entidades suscribieron y confirmaron públicamente los acuerdos que llevaron a realizarse tan írritos actos.
New York Times resaltó que dicho escrito se encuentra ahora en poder del juez federal, James Boasberg, quien ha estado llevando el caso desde el primer momento en que inició el secuestro de los connacionales. Como parte del proceso legal, ordenó a la administración del magnate inmobiliario cesar estas acciones que están fuera de todo marco jurídico y que estos sean devueltos a Estados Unidos para continuar con sus trámites para permanecer dentro del territorio.
A nuestros compatriotas se les acusa falsamente de formar parte del extinto Tren de Aragua, calificada por Trump como organización terrorista, por lo que, a cuanto venezolano han detenido, lo han vinculado con esta banda solo por su nacionalidad y por llevar ciertos tatuajes, con los cuales, las autoridades usan como pretexto para criminalizarlos sin pruebas algunas.
(Laiguana.tv)
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