El Gobierno argentino, dirigido por el presidente Javier Milei, anunció este viernes el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de proveer servicios de agua potable y saneamiento para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonarense. Esta medida busca transferir el 90 por ciento de sus acciones a capitales privados.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que el esquema será mixto, combinando una licitación nacional e internacional para seleccionar un nuevo operador y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores. Se garantizará la permanencia de los empleados como accionistas, manteniendo el 10 por ciento del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
Adorni justificó la decisión señalando que, desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes de los argentinos de 13.400 millones de dólares. Afirmó que indicadores clave muestran un deterioro en la infraestructura, un crecimiento del 90 por ciento en la dotación de personal durante la gestión estatal, y un aumento de la morosidad de usuarios del 4 y 16 por ciento.
A pesar de las críticas del vocero, un informe reciente de la gerencia de AySA indica que, gracias al aumento de tarifas, la empresa logró superávit en 2024, un dato que el Gobierno utilizará para atraer a los posibles oferentes, presentándola como una inversión rentable.
AySA fue creada para reemplazar a Aguas Argentinas, una compañía controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez), que había ganado la licitación en 1993 durante las privatizaciones del Gobierno de Carlos Menem.
La rescisión de ese contrato en 2006 se debió a incumplimientos contractuales y problemas de calidad. Tras la estatización, entre 2006 y 2015, AySA expandió significativamente la cobertura de agua potable a 3 millones de habitantes (83.3 por ciento de cobertura) y de desagües cloacales a más de 2 millones (63.3 por ciento de cobertura). La actual Administración retoma argumentos similares a los de la década de 1990, prometiendo ‘modernización’ en precio y calidad del servicio.
Esta privatización se enmarca dentro de la Ley Bases, que incluye a AySA y otras siete empresas públicas como «privatizables», como parte de una estrategia de Milei en su desguace del Estado.
Bajo la justificación de reducir la estructura estatal y el gasto público, en enero, la Administración de Milei concretó la primera privatización de una empresa controlada por el Estado: la siderúrgica Impsa, creada hace 118 años, cuya mayoría de acciones fue adjudicada a un consorcio de capitales estadounidenses.
El Gobierno también privatizó Energía Argentina (Enarsa), una compañía que cubre toda la cadena de valor vinculada con los hidrocarburos; Intercargo, el servicio de rampas que se brinda en los aeropuertos. Asimismo se privatizó Corredores Viales, la empresa que gestiona las autovías de las carreteras y autopistas nacionales en 13 de las 24 jurisdicciones del país; y Belgrano Cargas, una compañía creada en 2013 que opera los servicios ferroviarios de carga que comunican la capital argentina con el cordón urbano de la provincia bonaerense.
(teleSUR)
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