La organización humanitaria Cristosal afirmó que los Estados de El Salvador y EEUU habrían violado los derechos humanos de los migrantes deportados para su encarcelamiento en el país centroamericano y que recientemente fueron enviados a Venezuela en un intercambio por diez estadounidenses detenidos en ese país.
«Aunque fueron remitidos de vuelta a Venezuela. La situación de las personas deportadas ilegalmente de los EEUU y recluidas injustamente en el sistema penitenciario salvadoreño plantea un escenario muy particular con graves consecuencias para cientos de familias», indicó Cristosal en un análisis.
Apuntó que «en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas».
De acuerdo con Cristosal, que recientemente cerró operaciones en El Salvador a causa de una «escalada represiva» del Gobierno de Nayib Bukele, los organismos internacionales deben establecer las posibles responsabilidades de ambos países.
«Esta situación obliga a las instancias internacionales de derechos humanos a definir los límites de las responsabilidades de ambos Estados y establecer mecanismos de rendición de cuentas que resulten efectivos frente a estas prácticas», sostuvo.
Detalló que «tanto El Salvador como los EEUU son responsables sobre las víctimas, y deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno» y subrayó que «en ninguna circunstancia pueden desentenderse de sus responsabilidades dejando a las víctimas en absoluta desprotección».
Puntualizó que El Salvador debe «asumir su responsabilidad respecto del control material que ejerció sobre las víctimas, y asegurar la reparación de los daños causados, así como prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada de acuerdo con los estándares internacionales».
Advirtió también que el acuerdo que ambos países suscribieron «ha propiciado el envío de personas, deportadas ilegalmente, a un sistema penitenciario despojadas de la protección legal y de la vigilancia judicial sobre sus condiciones».
(EFE)
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