El Gobierno de Paraguay dio comienzo a traslados masivos a una cárcel de máxima seguridad y asegura que busca «terminar con los privilegios». Expertos consultados por Sputnik señalaron las posibles semejanzas con el modelo de El Salvador y advirtieron que la sobrepoblación puede repercutir en contra del modelo.
Reclusos colocados en filas, aguardando en cuclillas y con las manos atadas, con uniformes totalmente amarillos o siendo trasladados encapuchados para que no puedan ver fueron las imágenes divulgadas por el Gobierno de Paraguay y que evocan algunas de las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Esto forma parte de lo que la gestión de Santiago Peña considera una «transformación del sistema penitenciario nacional» hacia «un modelo más controlado y seguro».
Durante los primeros días de agosto, el Ministerio de Justicia paraguayo dispuso el traslado 783 personas privadas de libertad desde diferentes reclusorios hacia el penal de Minga Guazú, un establecimiento penitenciario con capacidad para 1.300 personas inaugurado en 2024 en el departamento de Alto Paraná, a unos 20 kilómetros de Ciudad del Este y la Triple Frontera con Brasil y Argentina.
«No se trata solo de mover presos. Se trata de recuperar la autoridad del Estado, de garantizar la seguridad ciudadana y de terminar con los privilegios dentro de las cárceles», afirmó Peña en un mensaje divulgado en sus redes sociales en el que asegura que esta nueva política carcelaria continuará y que «no hay vuelta atrás».
En la misma publicación, el mandatario aseguró que el operativo «fue planificado, ejecutado con orden y siempre bajo el marco de la ley de los derechos humanos».
«El sistema penitenciario creció de manera impresionante»
Jorge Rolón, abogado, exdirector del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y excomisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Paraguay, dijo a Sputnik que el país latinoamericano se caracterizó por tener una población carcelaria casi «insignificante» hasta los inicios del siglo XXI, cuando comienza a «encarcelar gente masivamente».
«Hasta los años 2000, Paraguay tenía algo más de 3.000 personas presas. Hoy, a agosto de 2025, tiene unas 19.800. Eso nos dice que cuantitativamente el sistema penitenciario creció de manera impresionante, lo que implica que sea cada vez más difícil de manejar», sostuvo el experto.
Rolón consignó que al creciente número de personas privadas de la libertad se le sumó otro fenómeno agudizado a partir de 2010: la presencia de organizaciones criminales dentro mismo de los establecimientos penitenciarios, como los conocidos como «Comando Vermelho» o el «Primer Comando Capital (PCC)», originados en Brasil, pero con presencia en cárceles paraguayas.
El analista, estudioso del devenir del sistema penitenciario paraguayo, considera que en la actualidad, Paraguay asiste a una «tormenta perfecta» que combina el hacinamiento carcelario, la operación de grupos organizados desde las cárceles y el efecto de la corrupción, que hace que el Estado «ceda el control» de muchos reclusorios por intereses económicos.
¿Un «método Bukele»?
En ese contexto, remarcó Rolón, el Gobierno de Santiago Peña busca mostrar a la población «que está haciendo algo para retomar el control de las cárceles», apostando por lo que el analista denominó como «una puesta en escena bukeliana al 100%».
El experto afirmó que tanto el uso de uniformes por parte de los reclusos como formarlos «esposados y sentados en el piso» son parte de un mensaje comunicacional «que no se veía antes» en Paraguay y que «parece calcado» de lo que suele verse en el país centroamericano.
También consultado por Sputnik, el abogado y analista político Leonardo Gómez Berniga sostuvo que el presidente Peña buscó, desde su llegada al Gobierno en 2023, «alinearse al estilo de política de Bukele», colocando al combate al crimen organizado como centro de su narrativa política e incluso con «producciones audiovisuales centradas en su persona» o campañas en su favor a través de redes sociales.
Para Gómez Berniga, Santiago Peña busca tomar algunos elementos como «relativizar las narrativas de Derechos Humanos» o construir una política que «tiende a la concentración de poder y de reducción de las disidencias».
El analista consideró, de todos modos, que la apuesta política de Peña se sostiene a partir de que, efectivamente, «la criminalidad en Paraguay está creciendo».
«No podemos desconocer que en los últimos años la criminalidad llegó a territorios más urbanos y populares y que el problema del ‘chespi’ o crack está generando un impacto muy grave en los territorios», advirtió el especialista.
Gómez Berniga sostuvo que Peña logró colocar este tema como «un elemento discursivo» de su campaña y se valió del creciente problemas del crimen organizado como elemento «para legitimar compras millonarias» destinadas a mejorar la seguridad, a pesar de que algunos actores especializados en seguridad advierten que se trata de «elementos de propaganda sin análisis efectivos detrás de su implementación».
De hecho, Rolón no se mostró optimista en relación con la posibilidad de que los traslados masivos a Minga Guazú aseguren un mayor funcionamiento del sistema penitenciario. Para el experto, sí habrá un efecto inicial de «alivianar las condiciones de hacinamiento» en los demás penales, pero posiblemente se vuelva al mismo punto más adelante.
«En la última década sucede que se construyen nuevas cárceles y al poco tiempo se llenan. O cuando se busca construir cárceles diferenciadas, ya sea de máxima seguridad o de otro tipo, al tiempo se desvirtúa por las necesidades de encierro que implica la delincuencia creciente o la manera descontrolada en que los jueces ordenan prisión preventiva», argumentó.
(Sputnik)
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