El exmagistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dijo que no ve viable una denuncia del Gobierno colombiano contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la Corte Penal Internacional (CPI) por las deportaciones masivas al calor de la crisis fronteriza iniciada hace dos semanas.
“Creo, con todo respeto a las demás opiniones, que una denuncia ante la CPI no sería viable. Dentro de los artículos del Estatuto de Roma no veo el encaje muy claro de la situación que se está viviendo y del drama que se están viviendo en la frontera con Venezuela”, manifestó Garzón hoy en una entrevista en W Radio.
El jurista explicó que para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad en la CPI tienen que cumplirse “una serie de condiciones generales de acción sistemática que parta de una política contra sectores concretos de población”.
“Tiene que haber una intencionalidad penal, tiene que haber un claro dolor criminal que desde mi punto de vista no lo percibo con claridad porque no he estudiado el caso en profundidad”, agregó.
Unos 15.174 colombianos han abandonado Venezuela por su propia cuenta y otros 1.355 han sido deportados desde Venezuela desde que Maduro ordenó el cierre del principal paso fronterizo en una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares, según los últimos datos divulgados hoy por la agencia humanitaria de la ONU.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo el miércoles que el fiscal general de su país, Eduardo Montealegre, estaba “considerando seriamente” denunciar ante la CPI a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos “crímenes de lesa humanidad” en el caso de las deportaciones.
Según Garzón, la CPI “tampoco tiene una movilidad y una dinámica que pueda solucionar problemas de urgencia humanitaria como es este caso”.
En cuanto a la solución de la crisis fronteriza, Garzón expuso opciones como “someter el tema a la propia Asamblea de las Naciones Unidas para obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia” o por medio de los grupos de trabajo de este organismo, “que pueden obtener soluciones inmediatas”.
Garzón consideró más adecuado acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), organismo que dirime disputas entre Estados, porque “planteándolo por vía de urgencia podría dar lugar a una resolución más o menos ágil”.
El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, acudió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la CPI para dar a conocer la situación de sus compatriotas en la frontera común.
La Procuraduría no pudo interponer una denuncia en la CPI ya que esa acción corresponde exclusivamente a los Estados.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, y el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, acudieron este miércoles a la sede de la CIDH en Washington para pedir medidas cautelares para sus compatriotas que viven en la frontera con Venezuela.
(EFE)
