Un funcionario actual del Departamento de Defensa y numerosos expertos en derecho militar afirman que el ataque de EEUU contra un barco en el Caribe, cerca de Venezuela, violó el derecho internacional.

El ataque letal contra un barco en el Caribe, el martes, fue un crimen contra civiles, según un alto funcionario del Pentágono que habló con The Intercept bajo condición de anonimato. La administración Trump abrió el camino para el ataque, dijo, al destituir a los principales asesores jurídicos del Ejército y de la Fuerza Aérea a comienzos de este año.

“EEUU ahora está atacando directamente a civiles. Los narcotraficantes pueden ser criminales, pero no son combatientes”, afirmó el funcionario. “Cuando Trump despidió a los abogados militares de más alto rango, los demás entendieron el mensaje: en vez de ser un contrapeso crítico, ahora son un sello de goma cómplice de este crimen”, agregó.

El presidente Donald Trump aseguró que el ataque estuvo dirigido “contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente”, en una publicación en TruthSocial. Añadió: “El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de [el presidente venezolano] Nicolás Maduro, responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en el hemisferio occidental”. Trump acompañó el mensaje con un video de una lancha rápida de cuatro motores con numerosas personas a bordo, que luego es destruida por una explosión. Según Trump, el ataque mató a 11 personas. No quedó claro si tuvieron la oportunidad de rendirse antes de ser ejecutados por Estados Unidos.

Tras días de silencio, la Casa Blanca emitió el jueves un comunicado afirmando que el ataque fue legal. La viceportavoz Anna Kelly dijo que se realizó “en defensa de los intereses vitales de EEUU y en la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo debido al narcotráfico y las actividades violentas de estos cárteles”. Ese mismo día, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó el ataque: “Cada embarcación cargada de drogas que envenenan al pueblo estadounidense es una amenaza inminente. Nuestro trabajo es derrotar amenazas inminentes. Una organización terrorista extranjera que envenena a su pueblo con drogas de un cártel es lo mismo que Al Qaeda, y será tratada como tal, incluso en aguas internacionales”.

Dos funcionarios de EEUU, en condición de anonimato, dijeron que la justificación de Hegseth —que uno calificó de “completamente poco seria”— fue elaborada después del ataque. Expertos coincidieron en que su argumento era endeble, incluso ridículo. Todd Huntley, exasesor jurídico de operaciones especiales con más de 23 años de servicio, señaló: “Designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera es una medida de aplicación de la ley interna. No otorga ninguna autoridad para que los militares usen fuerza letal. Según el derecho internacional, no existe manera de considerar esto como un uso legítimo de la fuerza”.

Otros expertos legales y miembros del Congreso se sumaron. La congresista Ilhan Omar (D-Minn) declaró: “El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como terrorista no le da a ningún presidente carta blanca para ignorar la autoridad constitucional del Congreso sobre la guerra y la paz. No hay justificación legal concebible para este uso de la fuerza. A menos que aparezca evidencia convincente de que actuaban en defensa propia, el ataque constituye una clara violación del derecho internacional”.

Hegseth anunció que habría más ataques: “No se detendrá aquí. Cualquiera que trafique en esas aguas y sea un narcoterrorista designado enfrentará el mismo destino”, dijo a Fox News. El ministro venezolano Diosdado Cabello calificó el ataque de “masacre ilegal en aguas internacionales” y sostuvo que EEUU había “violado el derecho internacional”.

Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, señaló que designar a un grupo como terrorista no autoriza por sí solo el uso de la fuerza militar, aunque dentro del Ejecutivo se perciba erróneamente como tal. “La designación del Tren de Aragua y de otras entidades criminales latinoamericanas en febrero anticipó este ataque en el Caribe, pese a no otorgar autoridad legal alguna”, apuntó.

Las guerras de EEUU en Libia o Somalia se han justificado con interpretaciones forzadas de la Autorización de Uso de la Fuerza Militar de 2001. Pero expertos sostienen que no hay forma de aplicarla al Tren de Aragua.

El Pentágono ha dicho en repetidas ocasiones que mata terroristas cuando en realidad mata civiles. The Intercept documentó que en 2018 un ataque con drones en Somalia mató a tres o cinco civiles, incluida una madre de 22 años y su hija de 4, mientras el comunicado oficial hablaba de “cinco terroristas” abatidos.

Varios expertos sugirieron que la embarcación atacada el martes podría ni siquiera haber transportado drogas, dada la inusualmente alta cantidad de personas a bordo.

El artículo también detalla que Hegseth destituyó a los principales asesores jurídicos de la Fuerza Aérea y el Ejército para evitar “obstáculos”, y colocó a su propio abogado personal en un rol clave, tras defender a un SEAL acusado de asesinato. La independencia de la justicia militar ha sido socavada.

En febrero, Trump designó al Tren de Aragua, a la MS-13 y a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. También incluyó al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista global, acusando a Maduro y a altos funcionarios. Más tarde firmó una directiva secreta para autorizar al Pentágono a usar fuerza militar contra carteles en América Latina.

Funcionarios venezolanos creen que Trump busca reactivar planes de derrocar al gobierno de Maduro. Recordaron que, en 2020, durante su primer mandato, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y otros altos cargos de narcoterrorismo, y que en agosto pasado duplicó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Hegseth, en Fox News, no descartó un cambio de régimen en Venezuela: “Estamos preparados con todos los activos del ejército estadounidense”.

Actualmente, EEUU mantiene o enviará al Caribe unos 4.500 efectivos, siete buques de guerra y un submarino nuclear.

Más de 30 organizaciones humanitarias y sociales en EEUU alertaron al Congreso sobre el riesgo de militarizar aún más la región bajo el pretexto de la lucha antidrogas. Señalaron que esta postura “pone a la gente en riesgo, desestabiliza las relaciones hemisféricas y ha fracasado en frenar el narcotráfico, causando en cambio desplazamiento, devastación ambiental y violaciones de derechos humanos”.

(The Intercep)

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