Más de 500 funcionarios de la ONU se rebelaron contra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, al acusarlo de negarse desde el inicio de la agresión israelí en Gaza a usar el término «genocidio» para reconocer públicamente los crímenes que comete el sionismo, pese a la advertencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Los trabajadores enviaron una carta enérgica exigiendo que la Oficina utilizara la palabra «genocidio» en sus declaraciones. Según señalaron, la omisión de Türk diluye la responsabilidad legal de «Israel» y mina la credibilidad del organismo como garante del derecho internacional.
El Comité del Personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Comité del Personal del ACNUDH), de conformidad con el Artículo 3(1)(a) de su mandato, escribe para transmitir las opiniones y preocupaciones de los miembros del personal al Alto Comisionado y a la alta dirección sobre la postura pública y la legitimidad de la Oficina respecto a la situación en Gaza.
El personal de diversos departamentos de la Oficina del Alto Comisionado (en adelante, el «personal afectado») expresaron su profunda consternación por la magnitud y la naturaleza de las violaciones denunciadas y su impacto en la población civil, en particular las mujeres y los niños, y manifestó su preocupación por la posibilidad de que el enfoque de la Oficina socave su credibilidad como principal defensora de los derechos humanos para todos, en todas partes.
Basándose en la amplia información proporcionada por los mecanismos de la ONU y expertos independientes, el personal afectado considera que la situación en Gaza cumple con los requisitos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y cree que la Oficina debería reflejar esta evaluación con mayor claridad en sus declaraciones públicas.
Se refirieron específicamente a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia sobre medidas provisionales en el caso Sudáfrica contra «Israel» y, posteriormente, en el caso Rafah, que confirmaron que los derechos reclamados en virtud de la Convención —a saber, el derecho de los palestinos en Gaza a la protección contra actos de genocidio y las prohibiciones conexas— son razonables y requieren medidas preventivas y asistencia humanitaria.
También citaron declaraciones de los Procedimientos Especiales que advierten sobre genocidio, apartheid y graves violaciones del derecho internacional en Gaza. Asimismo, mencionaron informes humanitarios de la ONU que documentan de manera constante el alto número de víctimas civiles, la destrucción generalizada y la obstrucción de la ayuda humanitaria, lo que ha provocado hambruna forzada, muerte y desplazamientos.
El personal recordó que las Naciones Unidas nacieron tras el Holocausto con la misión de prevenir genocidios. Omitir denunciar uno en curso, señalaron, socava la credibilidad de todo el sistema multilateral, como ocurrió en Ruanda.
(Al Mayadeen)
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