Abogados que representan a personas internadas en el centro de detención de inmigrantes en los pantanos, conocido como “Alligator Alcatraz”, calificaron de “totalmente inadecuados” los esfuerzos del Gobierno estadounidense y exigen a un juez federal que obligue a las autoridades estatales y federales a permitir una representación legal adecuada en las instalaciones.
Los representantes legales de los detenidos presentaron el pasado jueves una queja enmendada en una posible demanda colectiva, alegando que los funcionarios del centro no cumplen con los estándares federales de detención de inmigrantes.
Así, por ejemplo, mencionaron entre algunas de las violaciones estándares están las infligidas contra las llamadas telefónicas y correspondencia legal confidencial, además de no permitir visitas de abogados sin previo aviso.
En consecuencia, solicitaron a la jueza federal de distrito, Sheri Polster Chappell, una orden preliminar que ordene a los funcionarios garantizar una “comunicación oportuna, confidencial y significativa entre abogado y cliente”.
Entre las barreras persistentes que enfrentan los abogados se encuentran demoras de semanas para programar visitas con los inmigrantes, y la reubicación de detenidos con poca antelación antes de reuniones ya establecidas.
Los abogados describieron esto como un “patrón y práctica” de transferir a los detenidos inmediatamente antes de las visitas programadas, impidiendo que se reúnan con sus representantes legales.
En algunos casos, los retrasos son tan significativos que algunos detenidos “nunca tienen la oportunidad de reunirse con sus abogados” durante su estancia en la instalación. Además, se señaló que aún no existen protocolos definidos para que los abogados se comuniquen eficazmente con sus clientes.
Por otro lado, la falta de comunicación se agrava porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) “continúa omitiendo información en línea sobre los detenidos”, lo que impide a los abogados confirmar si sus clientes se encuentran en “Alligator Alcatraz”.
Durante las videollamadas con sus defensores, los internos son colocados en lugares que no están protegidos contra posibles escuchas del personal, como jaulas no insonorizadas con oficiales a corta distancia, y los documentos legales están sujetos a la revisión de los funcionarios del lugar.
A diferencia de otras instalaciones, “Alligator Alcatraz” exige que las visitas en persona sean programadas con tres días de antelación, lo que, según los abogados, facilita la transferencia de detenidos para negarles el acceso legal.
La demanda, presentada en julio por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida, Americans for Immigrant Justice y otros abogados de inmigración, alega violaciones de la Primera Enmienda y del debido proceso en la instalación.
Aunque los abogados del gobernador Ron DeSantis atribuyeron inicialmente los problemas a la velocidad de construcción y aseguraron haber hecho avances, los documentos más recientes afirman que los “problemas persisten” y que las medidas implementadas son “totalmente inadecuadas”, violando los derechos constitucionales de los detenidos.
(teleSUR)
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