Pese a que el Esequibo es una zona en disputa entre Venezuela y Guyana, el Gobierno guyanés autorizó la expansión de operaciones a las mineras canadienses G Mining Ventures (GMIN) y G2 Goldfields, violando lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra y compromisos asumidos durante la declaración de Argyle.
El área de la Guayana Esequiba ha sido motivo de disputa entre Venezuela y Guyana desde el laudo arbitral de 1899, cuestionado por Caracas y actualmente objeto de un diferendo en instancias internacionales. En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra junto al Reino Unido, en el que se acordaron mecanismos para resolver la controversia de manera pacífica y bilateral.
GMIN anunció el hallazgo de nuevos depósitos auríferos en su proyecto Oko West, ubicado en el área de la Guayana Esequiba. Según la compañía, los resultados provienen de una perforación reciente que arrojó muestras de alta concentración de oro.
Informó además el descubrimiento de un segundo yacimiento al norte del denominado Bloque 1 de Oko West. El proyecto se sitúa en lo que Guyana clasifica como Región Administrativa Siete (Cuyuni-Mazaruni), territorio reconocido por Venezuela como parte integral de su soberanía.
La Agencia de Protección Medioambiental de Guyana, adscrita al Gobierno guyanés, otorgó el permiso a GMIN, que tendrá vigencia hasta julio de 2030. Este se sustenta en un estudio que estima la presencia de 5.4 millones de onzas de oro, con una proyección de vida útil del proyecto de aproximadamente 12 años.
En paralelo, otra firma canadiense, G2 Goldfields, recibió por parte del Ministerio de Recursos Naturales y de la Comisión de Geología y Minas de Guyana dos licencias para la explotación de los yacimientos conocidos como Oko y Ghanie. Según comunicó la empresa, estas licencias sustituyen permisos anteriores otorgados a empresarios guyaneses y consolidan su derecho exclusivo sobre más de tres millones de onzas de oro indicadas.
Los contratos concedidos por el Gobierno guyanés forman parte de una política de aceleración en la entrega de concesiones mineras en áreas no delimitadas internacionalmente. Estas autorizaciones incluyen facilidades para la importación de maquinaria y materiales, y se superponen a territorios reclamados históricamente por Venezuela y reconocidos como tierras ancestrales por comunidades indígenas de la región.
La emisión de licencias por parte del Estado guyanés ha sido objeto de objeciones por parte de Venezuela, que considera que tales acciones contravienen lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, así como los compromisos asumidos en la declaración conjunta de Argyle, suscrita en diciembre de 2023.
A pesar del proceso diplomático en curso, las actividades de exploración y explotación continúan avanzando en el terreno, mientras Guyana cede potestad sobre los recursos naturales de la zona al empresariado canadiense.
(teleSUR)
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