El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este viernes, mediante los decretos ejecutivos 147 y 148, que el Consejo Nacional Electoral convoque un referéndum sobre el retorno de bases militares extranjeras y una consulta popular para integrar una Asamblea Constituyente.
El objetivo es reformar el artículo 5 de la Constitución y elaborar una nueva carta magna con la participación de los más de 13 millones de ecuatorianos.
Ante ello, la Corte emitió un pronunciamiento, destacando que Ecuador es un Estado constitucional y democrático donde todas las autoridades e instituciones deben sujetarse a la ley y sugiriendo una violación del marco legal estipulado.
El organismo subrayó que las instituciones del Estado solo pueden actuar dentro de sus competencias, y que sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. “Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, señaló la Corte, que también llamó a las autoridades a respetar los procedimientos legales para modificaciones constitucionales.
Pese a esto, Noboa insistió en su plan, argumentando que “la obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano”.
El Ejecutivo planea emitir un tercer decreto para someter a votación la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, una iniciativa que la Corte ya declaró constitucional y que implicaría reformar el artículo 110.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó la decisión de Noboa. “Convocar a una Constituyente sin el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional es vulnerar el pacto social”, dijo.
Además, agregó que ello debilita el Estado de derecho y abre la puerta a la arbitrariedad, expresó, defendiendo la vigencia de la Constitución de Montecristi de 2008.
Implicaciones del regreso de bases militares extranjeras y de una Asamblea Constituyente
La reforma al artículo 5 de la Constitución de 2008, que prohíbe bases militares extranjeras, se presenta como una medida contra el narcotráfico, pero analistas explican que representa una entrega de soberanía.
Vale recordar que las base estadounidense en Manta (1999-2009), cerrada por el expresidente Rafael Correa, no redujo el narcotráfico –las incautaciones de drogas se triplicaron durante su operación–, sino que sirvió a intereses geoestratégicos de Washington en el Pacífico Tropical Oriental, incluyendo las Galápagos, para contrarrestar la influencia china.
Recientemente, el Gobierno cedió las Galápagos para una base del Comando Sur de EE.UU., pese a su estatus como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Esto implica riesgos ambientales y violaciones a convenios internacionales, ya que permite el ingreso de buques y aeronaves militares sin controles locales.
El exvicecanciller Fernando Yépez califica esto de “servilismo colonial, vergonzoso y peligroso”, argumentando que ignora experiencias negativas como abusos a derechos humanos y confrontaciones geopolíticas ajenas, mientras que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alertó que tales bases amenazan la paz regional, fortaleciendo el control estadounidense en Latinoamérica.
Por otro lado, Noboa propone cambios en la Asamblea Constituyente, como vía para una nueva carta magna, pero ello apunta, según los propios analistas, a un intento de evadir controles institucionales y consolidar un régimen autoritario.
La Constitución actual permite enmiendas o reformas parciales vía Asamblea Nacional y referéndum, reservando la Constituyente para cambios profundos en derechos y estructura estatal.
Sin embargo, Noboa la usa para reformas puntuales, como eliminar el financiamiento estatal a partidos o juzgar jueces constitucionales por mayoría simple, lo que debilitaría la Corte Constitucional como garante de derechos.
Esto se enmarca en tensiones con la Corte, que suspendió leyes de Noboa por vulnerar derechos humanos, como la Ley de Inteligencia.
(teleSUR)
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