En un giro judicial que ha sacudido el panorama político colombiano, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió este martes la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión, que el mandatario calificó de «golpe político contra la Democracia premeditado», no solo pone en limbo la elección del candidato presidencial de la izquierda para 2026, sino que ha encendido un intenso debate sobre las reglas de juego electorales y la independencia de los poderes del Estado.
La controversia en la que se basa el fallo reside en la fusión de los diversos partidos que conforman el Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la unificación, pero con una condición crucial: excluyó temporalmente a dos de sus movimientos fundacionales, Colombia Humana (el partido del propio Petro) y Progresistas, debido a procesos sancionatorios pendientes.
Para sortear este obstáculo, los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron una tutela (un recurso de amparo) que fue acogida provisionalmente. Esta «medida cautelar» actuó como un salvavidas, permitiendo que la consulta se celebrara el próximo 26 de octubre con tres aspirantes: Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de fondo, echó por tierra esa solución temporal. Los jueces revocaron la tutela, argumentando que el CNE simplemente estaba aplicando la ley electoral al exigir que los partidos resuelvan sus sanciones antes de fusionarse, y que en ello no hay una violación de los derechos políticos. Con este dictamen, la consulta del Pacto Histórico pierde su piso jurídico y queda suspendida indefinidamente.
La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y llegó a través de su cuenta en X (antes Twitter). En un mensaje cargado de indignación, el mandatario acusó a la justicia de preferir «la trampa» sobre la competencia por el voto. «La constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos».
Petro elevó el tono de la disputa al marco internacional, asegurando que este derecho no solo está consagrado en la Constitución colombiana, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos. «Los impedimentos que puso el Consejo Electoral son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia», sentenció, trazando una línea directa entre la decisión judicial y un supuesto intento de debilitar a su movimiento político.
Incertidumbre
El fallo sumerge al Pacto Histórico en un profundo mar de incertidumbre. Sin una personería jurídica en firme para la coalición unificada, la celebración de una consulta se vuelve legalmente inviable. La opción que queda sobre la mesa es que los partidos individuales (Colombia Humana, Progresistas, el Partido Comunista, entre otros) participen en las elecciones legislativas de marzo de 2026 por separado, fragmentando el voto de la izquierda y debilitando su posición frente a una oposición que se muestra cada vez más unida.
No obstante, la batalla legal dista de haber concluido. Los líderes del Pacto Histórico ya han anunciado que explorarán todas las vías judiciales restantes. La apelación ante la Corte Suprema de Justicia se vislumbra como el próximo y crucial escenario. Una decisión favorable de la Corte Suprema podría reactivar la consulta en el último minuto, pero el tiempo apremia y la ventana se cierra rápidamente.
En un giro judicial que ha sacudido el panorama político colombiano, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió este martes la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión, que el mandatario calificó de «golpe político contra la Democracia premeditado», no solo pone en limbo la elección del candidato presidencial de la izquierda para 2026, sino que ha encendido un intenso debate sobre las reglas de juego electorales y la independencia de los poderes del Estado.
La controversia en la que se basa el fallo reside en la fusión de los diversos partidos que conforman el Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la unificación, pero con una condición crucial: excluyó temporalmente a dos de sus movimientos fundacionales, Colombia Humana (el partido del propio Petro) y Progresistas, debido a procesos sancionatorios pendientes.
Para sortear este obstáculo, los precandidatos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron una tutela (un recurso de amparo) que fue acogida provisionalmente. Esta «medida cautelar» actuó como un salvavidas, permitiendo que la consulta se celebrara el próximo 26 de octubre con tres aspirantes: Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de fondo, echó por tierra esa solución temporal. Los jueces revocaron la tutela, argumentando que el CNE simplemente estaba aplicando la ley electoral al exigir que los partidos resuelvan sus sanciones antes de fusionarse, y que en ello no hay una violación de los derechos políticos. Con este dictamen, la consulta del Pacto Histórico pierde su piso jurídico y queda suspendida indefinidamente.
La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y llegó a través de su cuenta en X (antes Twitter). En un mensaje cargado de indignación, el mandatario acusó a la justicia de preferir «la trampa» sobre la competencia por el voto. «La constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos».
Petro elevó el tono de la disputa al marco internacional, asegurando que este derecho no solo está consagrado en la Constitución colombiana, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos. «Los impedimentos que puso el Consejo Electoral son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia», sentenció, trazando una línea directa entre la decisión judicial y un supuesto intento de debilitar a su movimiento político.
Incertidumbre
El fallo sumerge al Pacto Histórico en un profundo mar de incertidumbre. Sin una personería jurídica en firme para la coalición unificada, la celebración de una consulta se vuelve legalmente inviable. La opción que queda sobre la mesa es que los partidos individuales (Colombia Humana, Progresistas, el Partido Comunista, entre otros) participen en las elecciones legislativas de marzo de 2026 por separado, fragmentando el voto de la izquierda y debilitando su posición frente a una oposición que se muestra cada vez más unida.
No obstante, la batalla legal dista de haber concluido. Los líderes del Pacto Histórico ya han anunciado que explorarán todas las vías judiciales restantes. La apelación ante la Corte Suprema de Justicia se vislumbra como el próximo y crucial escenario. Una decisión favorable de la Corte Suprema podría reactivar la consulta en el último minuto, pero el tiempo apremia y la ventana se cierra rápidamente.
(telesur.net)
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