El reciente cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, resultado del estancamiento entre el Congreso y la Casa Blanca para aprobar los presupuestos, ha desencadenado una crisis laboral y económica con repercusiones inmediatas sobre empleados públicos y servicios esenciales.
¿Qué sucede con los empleados federales?
Durante un cierre (shutdown), los empleados federales se dividen en dos categorías principales:
-“Furloughs” (suspensiones temporales sin goce de sueldo) para los trabajadores cuyas funciones no se consideran esenciales.
-“Excepted employees” (empleados esenciales) que siguen trabajando aunque sin recibir pago hasta que se reanuden los fondos.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cerca de 750,000 empleados federales han sido suspendidos diariamente mientras dure el cierre.
Además, otras fuentes indican que unos 34,000 trabajadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS) —aproximadamente el 46% de su plantilla— serán «furloughados» (Suspendidos)
El Departamento de Defensa (DoD) también se vio afectado: aproximadamente 334,900 empleados civiles del DoD fueron suspendidos por no haber fondos disponibles, de acuerdo con los planes de contingencia.
Despidos y amenazas de reducción de personal
Hasta ahora, varios departamentos han empezado a emitir notificaciones de despido permanente (RIF, “Reduction in Force”). En la agencia de control de enfermedades (CDC), se reportaron más de 1,300 avisos de despido, aunque muchas de esas notificaciones se revocaron horas después.
La Casa Blanca ha instado a las agencias a prepararse para recortes masivos de personal, incluso durante el periodo de cierre.
Un juez federal ordenó que se informe públicamente sobre los despidos y suspensiones, generando presión sobre el gobierno.
Estas medidas representan un cambio respecto a cierres anteriores, donde los empleados suspendidos podían retornar a sus puestos una vez que el gobierno reabriera.
Consecuencias económicas y sociales de las que pocos hablan
La suspensión de salarios genera un efecto inmediato en el consumo doméstico: miles de familias federales se encuentran en riesgo de no poder pagar alquileres, hipotecas o servicios básicos.
El cierre también impacta al conjunto de la economía: se estima que cada semana de paro reduce el crecimiento del PIB anualizado en 0,1 puntos porcentuales.
Sectores que dependen de servicios federales (parques nacionales, museos, gestión de permisos, agencias regulatorias) experimentan cierres, atrasos y paralización de operaciones.
Para los contratistas del gobierno, la situación es aún más grave. Muchos no reciben compensación por periodos en los que sus servicios son suspendidos o cancelados por falta de presupuesto.
Significado político para EEUU
El cierre del gobierno y los despidos masivos manifiestan las tensiones políticas profundas entre el Congreso y la administración. La estrategia de usar el personal federal como rehenes políticos ha sido duramente criticada por sindicatos y opositores.
Existe temor de que algunos despidos sean permanentes, lo que redefinirá el tamaño y alcance del gobierno federal durante el periodo venidero.
Los empleados federales y sus sindicatos presionan para que antes de reabrir el gobierno se acuerde el pago retroactivo (back pay) para los suspendidos. Esa garantía está respaldada por la Ley de trato justo al empleado (Government Employee Fair Treatment Act de 2019), pero la administración cuestiona su aplicación automática.
Si el cierre se prolonga, las tensiones económicas aumentarán y se podrían ver mayores protestas de trabajadores federales y crisis de confianza en la gestión pública de EEUU.
(ExtraNewsMundo)
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