Según el diario estadounidense The New York Times, el caso de los dos sobrevivientes del reciente bombardeo gringo a una lancha en el Caribe repatriados a sus países de origen (Colombia y Ecuador) representa un dilema para las autoridades estadounidenses. Detenerlos en Guantánamo habría implicado abrir un debate judicial sobre la legalidad de considerar el narcotráfico como un conflicto bélico.
Además, procesarlos en tribunales civiles también presentaba dificultades, ya que no se ha divulgado evidencia concreta admisible en juicio que los vincule directamente con delitos.
La decisión de enviarlos a sus países evita un problema legal, y contradice la narrativa de que estas personas representan una amenaza tan grave que justifica su eliminación inmediata por medios militares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien afirmó que estos dos hombres rescatados tras un ataque militar estadounidense en el mar Caribe serán repatriados a sus países. La información fue divulgada a través de su cuenta en Truth Social, donde también compartió un video del momento en que la embarcación fue destruida.
Un ataque basado en inteligencia no verificada
Según el periódico norteamericano, Trump aseguró que la embarcación transportaba “principalmente fentanilo y otras drogas ilegales” y que, de haber llegado a tierra, habría causado la muerte de “al menos 25 mil estadounidenses”. No obstante, no se presentó evidencia que respalde estas afirmaciones.
El operativo fue ejecutado por aeronaves de operaciones especiales, que identificaron el objetivo y dispararon contra él. Tras el ataque, dos personas fueron vistas flotando entre los restos humeantes. Ambas personas fueron rescatadas por helicópteros y llevadas al buque de asalto anfibio Iwo Jima, equipado con instalaciones médicas.
Una política de guerra contra embarcaciones en el Caribe
Desde septiembre, EEUU ha ejecutado seis ataques a embarcaciones «sospechosas de narcotráfico» en el Caribe, sin presentar alguna prueba, en los que han muerto al menos 29 personas. Esta estrategia ha sido justificada por la administración Trump como parte de una “guerra formal” contra los cárteles. No obstante, esta ha sido una postura ampliamente refutada por expertos legales, según el diario estadounidense.
Acorde con NYT, tradicionalmente, la Guardia Costera interceptaba estas embarcaciones para realizar detenciones si se confirmaban actividades ilícitas. Sin embargo, el enfoque actual ha roto con esta práctica al usar fuerza letal contra sospechosos sin previo proceso legal.
(Radio Nacional de Colombia)
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