En las aguas turquesas que separan Venezuela de Trinidad y Tobago, el ejército más poderoso del mundo ejecuta una campaña de asesinatos sumarios. La justificación, esbozada por el presidente Donald Trump ante la prensa internacional y la población estadounidense, es la atribución de que los “eliminados” son “narcoterroristas” que transportan fentanilo, un “arma letal” que “envenena a estadounidenses”.
Sin embargo, esta narrativa se desmorona al primer contacto con la realidad y el rechazo crece tanto de líderes como Gustavo Petro, Inácio “Lula” Da Silva o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y hasta en los propios congresistas estadounidenses que ya intentaron en dos ocasiones poner freno a estas masacres que han matado a más de 20 civiles, sin que se recuperen sus cuerpos y sin que sé de conocimiento de ningún tipo de material probatorio que respalden las afirmaciones de Washington.
En este sentido, este lunes el Washington Post publicó un exhaustivo reportaje, complementado con testimonios de familiares de las víctimas y análisis de funcionarios y expertos, que demuestra que los blancos de estos ataques no son eslabones de una cadena que lleva opioides sintéticos a Estados Unidos, sino principalmente pescadores y contrabandistas de marihuana que abastecen a Trinidad y Tobago, o, en el peor de los casos, serían un eslabón de paso en la ruta de la cocaína hacia los mercados de Europa y África.
“Los registros y entrevistas con 20 personas familiarizadas con la ruta o los ataques, incluyendo funcionarios estadounidenses e internacionales, tanto actuales como anteriores, contradicen las afirmaciones de la administración”, señala el artículo.
Esta estrategia no es nueva; es la reencarnación de un libreto probado con anterioridad, que resurge cada vez que la agenda del cambio de régimen en Washington necesita un villano convenientemente armado. El objetivo de esta ficción, no es otra, para el analista William Serafino, que la de utilizar operaciones de guerra psicológica, cuyo fin último es intervenir el Gobierno de Nicolás Maduro, para favorecer los intereses geopolíticos de su nación y los intereses económicos de grandes corporaciones afines.
Los muertos que hablan
El primer ataque anunciado por Trump fue el 2 de septiembre y causó 11 muertes. En esa oportunidad, ninguno de los fallecidos fue identificado. Los días 15, 19 de septiembre y el 3 de octubre fueron anunciados tres nuevos ataques, con tres tripulantes muertos en cada uno.
Hasta la semana pasada no se había podido identificar a ninguna de las víctimas que perecieron en las lanchas rápidas atacadas por la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, el quinto de los ataques dejó un nombre y un apellido: Chad Joseph.
De tan solo 26 años, Chad era uno de los 6 hombres a bordo de una embarcación destruida en un ataque estadounidense el 14 de octubre. Residentes del pueblo pesquero de Las Cuevas, su madre, Leonore Burnley, habló con el Washington Post desde la comunidad trinitense cómo antes lo había hecho para otros medios locales.
Burnley desmintió categóricamente la acusación de Trump: “Lo están juzgando mal. No era un traficante de drogas. Chad era un buen chico”.
“No se puede conseguir el cuerpo para enterrarlo”, señala la mujer que se la puede ver en la tapa del Trinidad y Tobago Guardian, abrazada por su esposo. Foto: Trinidad y Tobago Guardian
Según el Washington Post, otros familiares, que hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias, no negaron que los hombres se dedicaran al contrabando de marihuana y cocaína desde Venezuela hacia Trinidad, una práctica económica arraigada en la pobreza de la península de Sucre. Pero si desmintieron el vínculo central de la narrativa estadounidense: “Los conocía a todos. Ninguno tenía nada que ver con el Tren de Aragua. Eran pescadores que buscaban una vida mejor”.
La ruta equivocada
La geografía es el primer testigo de cargo contra la versión de la Casa Blanca. Trinidad y Tobago se encuentra a más de 1,600 kilómetros al sur y 1,930 kilómetros al este de Miami. Según funcionarios estadounidenses e internacionales, analistas independientes y un alto funcionario policial trinitense recientemente retirado entrevistado por el Post, la ruta entre Sucre y Trinidad es fundamentalmente un canal para el tráfico de cocaína hacia África Occidental y Europa, y de marihuana hacia el mercado local trinitense.
“¿Por qué utilizarían Trinidad y Tobago para transportar drogas a Estados Unidos, cuando tienen a Colombia y México y todos estos otros lugares que están más cerca?”, se preguntó con ironía el ex oficial trinitense. La evidencia lo respalda: autoridades españolas y portuguesas han incautado toneladas de cocaína que transitaban por el atlántico.
Mientras tanto, el fentanilo que mata a decenas de miles en Estados Unidos ingresa predominantemente por la frontera terrestre con México. Un exagente de la DEA resumió sin ambages su opinión sobre la operación militar estadounidense en el Caribe en el antes mencionado reportaje: “inmediatamente pensé: ‘No se trata de terroristas. Se trata de Venezuela y un cambio de régimen’. Pero no había información sobre el verdadero problema”.
El capítulo colombiano
En tanto, luego del ataque en aguas del Caribe oriental, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha elevado el tono de sus críticas, revelando que al menos una de las embarcaciones atacadas era colombiana y que el ataque “presumiblemente” ocurrió en aguas territoriales de su país.
A través de su cuenta de X, Petro anunció la recepción del “colombiano detenido en el narcosubmarino”, el sobreviviente del sexto bombardeo estadounidense, y afirmó que será procesado según las leyes nacionales.
Si bien no se sabe nada aún del sobreviviente, el mandatario detalló que “la lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada”, y señaló que uno de los que estaba a bordo era un pescador, Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa y que, según Petro, no tenía vínculos con el narco.
Su conclusión fue una acusación grave: funcionarios estadounidenses “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”. La denuncia suma a los asesinatos extrajudiciales la violación de fronteras marítimas de naciones soberanas sin su consentimiento, un acto que escala el conflicto más allá de la retórica.
De hecho, el Gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, en medio de un nuevo choque entre Bogotá y Washington, originado por los insultos y amenazas de Donald Trump, quien este domingo, sin mostrar pruebas incriminatorias, acusó a Petro de líder del narcotráfico y a Colombia de promover la siembra masiva de drogas que, refirió, amenazan la seguridad de los EEUU, el mayor mercado global de sustancias ilícitas.
Los datos que desmienten al «narcoestado»
A pesar de la retórica incendiaria que califica a Venezuela de “narcoestado”, los reportes anuales de la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU) no mencionan al país ni como productor, ni como corredor significativo, ni como centro de lavado de capitales.
Por el contrario, detallan con precisión que la cocaína se produce en Colombia, Perú y Bolivia, y es transportada por cárteles mexicanos a través de Centroamérica o por mar hacia Puerto Rico y la República Dominicana. Venezuela no aparece en estas rutas principales. El “Cártel de los Soles”, el supuesto epicentro del mal, no recibe una sola mención en los informes de la DEA de 2024 o 2025.
Esta omisión es corroborada por la Base de Datos Consolidada Antidrogas (CCDB) de Estados Unidos, considerada por el Departamento de Guerra como la “mejor fuente autorizada” para estimar el flujo de drogas. Los datos de la CCDB señalan que alrededor del 90% de la cocaína con destino a EEUU transita por las rutas del Caribe Occidental y el Pacífico Oriental, no por el Caribe Oriental venezolano.
Aunque hubo un repunte en el flujo a través de Venezuela entre 2012 y 2017 –coincidiendo con un aumento del 269% en la producción en Colombia–, los datos muestran una clara disminución a partir de 2017, con una caída del 13% entre ese año y 2018.
El relato fabricado se estrella, finalmente, contra el informe mundial sobre drogas de 2025 de la ONU, que califica a Venezuela entre los países que ni producen ni son corredores principales de drogas, y destaca que se ha mantenido libre de cultivos ilícitos durante los últimos 15 años.
Mientras la Unión Europea coincide en no mencionar a Venezuela como un corredor relevante, los informes internacionales señalan que los nudos críticos del narcotráfico se encuentran, en realidad, en Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador. La evidencia, fría y documentada, desarma por completo la fábula utilizada para justificar una intervención.
(teleSUR)
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