La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto a una coalición de líderes de 25 estados, el Distrito de Columbia y gobernadores, presentaron este martes una demanda contra el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).
La demanda busca revertir la decisión del gobierno federal de paralizar los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cupones de alimentos, en medio del cierre de gobierno, indicó la Oficina de la fiscal James en una nota de prensa.
Asimismo, la demanda establece que la interrupción de los beneficios del SNAP es innecesaria y evitable. Afirman que el USDA está legalmente obligado por ley federal a mantener el flujo de beneficios mientras tenga acceso a los recursos, y que la agencia tiene acceso a miles de millones de dólares en fondos de contingencia, asignados específicamente por el Congreso para cubrir las interrupciones de financiación.
“Millones de estadounidenses están a punto de pasar hambre porque el gobierno federal ha decidido retener la asistencia alimentaria que está legalmente obligado a proporcionar”, declaró la Fiscal General James.
Destacó que el SNAP es una de las herramientas más eficaces del país para combatir el hambre, y el USDA tiene el dinero para mantenerlo en funcionamiento.
“No hay excusa para que esta administración abandone a las familias que dependen del SNAP, o de los cupones de alimentos, como un sustento. El gobierno federal debe cumplir con su deber de proteger a las familias”, sentenció.
En tal sentido, tanto niños como personas mayores constituyen casi el 60% de los beneficiarios a nivel nacional. La orden de suspender los pagos de noviembre, emitida por el USDA el 24 de octubre, amenaza con tener consecuencias catastróficas para las familias vulnerables, advierte la fiscal.
Entretanto, la coalición subrayó que suspender esta asistencia viola la Ley de Alimentación y Nutrición, la cual exige explícitamente que la asistencia bajo este programa se proporcionará a todos los hogares elegibles.
La demanda también pide al tribunal una intervención inmediata, con el fin de buscar una orden de restricción temporal que obligue al USDA a utilizar los fondos de contingencia disponibles para garantizar que los beneficios de SNAP lleguen a los demandantes a partir del 1 de noviembre.
Mientras comunidades de todo el país se unen hoy para conmemorar el Día de Acción SNAP, la presidenta y directora ejecutiva de la coalición Democracy Forward, Skye Perryman, criticó la decisión del gobierno de Trump y explicó los motivos de la demanda.
“En lugar de garantizar que las familias puedan seguir teniendo acceso a alimentos, la administración Trump-Vance está utilizando las necesidades básicas de las personas como peones en un juego político. La cruel indiferencia de la administración hacia las necesidades de las personas, incluyendo niños y adultos mayores, es ilegal e inmoral”, argumentó Perryman.
“Tal como lo hemos hecho más de cien veces en los últimos diez meses, nuestro equipo está preparado para presentar una demanda. Estamos trabajando con el Comité de Abogados de Rhode Island para impugnar este abuso de poder y proteger a la población”, concluyó la directora, quien alertó a Trump que se verán en la corte.
(Diario NY)
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