Al menos 132 personas perdieron la vida durante la megaoperación policial en Río de Janeiro, la más letal registrada en la historia reciente de la ciudad. Hasta el momento, 72 cuerpos fueron trasladados a la plaza São Lucas, mientras el balance oficial del Gobierno estatal reconoce 64 fallecidos. De las víctimas, solo cuatro son policías; el resto aún no ha sido identificado.
Consideradas desastrosas por especialistas, las acciones de la policía bajo el mando del gobernador Cláudio Castro (PL) superaron en letalidad tragedias previas que hasta entonces se consideraban las más sangrientas de Río, como la operación Jacarezinho en 2021, con 28 muertos, y la operación Vila Cruzeiro en 2022, que dejó 24 víctimas.
Salen a la luz relatos de tiros en el rostro y cuerpos que aparecieron atados. Para el gobernador de Río, Claudio Castro, el operativo fue un «éxito», denunció el corresponsal de teleSUR Nacho Lemus.
La Red Nacional de Abogados Populares (RENAP) condenó la operación y señaló que la política de seguridad del gobernador Castro “normaliza la muerte” y sustituye investigaciones por ejecuciones sumarias.
“Lo que estamos viendo es la política de muerte cada vez más normalizada que llevan a cabo las fuerzas policiales contra todos los residentes de las favelas y las periferias del estado de Río de Janeiro”, advirtió la organización en un comunicado.
El complejo de Penha continúa siendo un escenario de terror después de la operación policial. Los habitantes, desde las primeras horas de la madrugada, intentaron recuperar los cuerpos abandonados en el bosque de Serra da Misericórdia, donde también se produjeron enfrentamientos armados.
La abogada Mariana Rodrigues, integrante de RENAP, alertó sobre la posible existencia de más cuerpos en la cima del cerro y denunció que unidades del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) podrían regresar al área.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (Alerj) inició una investigación en el Complexo do Alemão para supervisar las actuaciones policiales y determinar responsabilidades.
El gobernador Cláudio Castro defendió la operación y criticó la decisión de la Corte Suprema que limita las acciones policiales en las favelas —conocida como la “ADPF de las Favelas”—, calificándola de “herencia maldita”.
En tanto, RENAP respondió que el fallo representa un hito en la lucha contra la violencia institucional y advirtió que la política actual “institucionaliza la barbarie”, afectando principalmente a jóvenes negros y de bajos recursos en Río de Janeiro.
(teleSUR)
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