El Gobierno de Guyana avanza en la expansión de las operaciones petroleras en el Bloque Stabroek, ubicado en aguas por delimitar de la Guayana Esequiba, con la aprobación del Plan de Desarrollo del Yacimiento Hammerhead, el séptimo proyecto otorgado a ExxonMobil en la zona en disputa.
Esta medida consolida una escalada de acciones unilaterales que el Gobierno de Venezuela ha denunciado de forma categórica. Caracas califica estas maniobras como una violación a los principios del Derecho Internacional y un desacato a los compromisos del Acuerdo de Argyle de 2023.
La avanzada extractivista de la transnacional estadounidense Chevron en el territorio en disputa del Esequibo quedó confirmada, luego de que su director ejecutivo, Mike Wirth, anunciara no solo el inicio de la producción en el proyecto Yellowtail, sino también la decisión final de inversión para el desarrollo de Hammerhead, que lidera ExxonMobil en el bloque Stabroek, ubicado en aguas cuya soberanía es reclamada por Venezuela.
La tensión se intensificó con la llegada del buque flotante de producción (FPSO) ONE GUYANA. Venezuela rechazó la operación de esta embarcación, al considerar que la alianza entre el Gobierno guyanés y ExxonMobil pone en riesgo la paz y la estabilidad regional.
El Gobierno de Venezuela entregó el pasado 12 de agosto una nota verbal de protesta a la República Cooperativa de Guyana, en rechazo a la continua expansión de operaciones petroleras ilegales de la transnacional ExxonMobil en el Bloque Stabroek, ubicado en aguas de la Guayana Esequiba pendientes por delimitar.
En la misiva, la Cancillería venezolana, dirigida por Yván Gil, denunció que las actividades del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) One Guyana son ilegales.
Este modelo de extracción acelerada ha generado lucrativas ganancias para el consorcio, que registró 10.400 millones de dólares en 2024, un aumento del 64 por ciento respecto al año anterior. Solo ExxonMobil obtuvo 4.700 millones de dólares de sus operaciones en Guyana ese año.
Sin embargo, como destaca el Grupo de Investigación Misión Verdad, el auge petrolero ha ido acompañado de una deliberada flexibilización de las normas ambientales. Entre 2019 y 2023, ExxonMobil quemó ilegalmente 687 millones de metros cúbicos de gas, generando más de 1,3 millones de toneladas de CO₂, pese a que su licencia lo prohibía. El permiso fue modificado retroactivamente para favorecer a la corporación.
Este patrón de cooptación del aparato judicial y regulador, según el análisis, consolida un marco de impunidad operativa para el consorcio, mientras los beneficios no se traducen en mejoras para la población. Actualmente, el 43 por ciento de los guyaneses vive en la pobreza y el desempleo se ubica en 14 por ciento.
Las operaciones en el bloque írrito son ejecutadas por un consorcio integrado por ExxonMobil (45 por ciento), Chevron (30 por ciento) y la estatal china CNOOC (25 por ciento).
El centro de estas operaciones se encuentra en aguas del Esequibo, un territorio de más de 159.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama legítimamente en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que reconoce una controversia territorial pendiente de resolución.
(teleSUR)
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