El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la libertad inmediata de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, al anular la sentencia que la condenó en 2022 a 10 años de prisión en el caso denominado “Golpe de Estado II”.
La decisión, adoptada mediante un recurso de revisión extraordinaria, absuelve a Áñez de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, vinculados a su proclamación como mandataria en noviembre de 2019 tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales.
Según informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo, la decisión se basó en el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, dado que el tipo penal por el que fue condenada sufrió modificaciones posteriores.
“Se está ordenando la nulidad de la sentencia, la absolución de la señora Áñez y el correspondiente mandamiento de libertad”, declaró el magistrado Carlos Ortega, presidente de la Sala Penal del TSJ. Esta resolución elimina el único obstáculo pendiente para su excarcelación, ya que en otras causas penales la exmandataria había obtenido beneficios procesales previos.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba, con base en algunos argumentos como ser la retroactividad de la ley, toda vez que se modificó en su oportunidad el tipo penal en relación con las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, explicó Saucedo.
Jeanine Áñez, exsenadora por el departamento del Beni, asumió como presidenta de facto de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y gobernó hasta el 7 de noviembre de 2020. Permanece en prisión desde marzo de 2021, cuando fue detenida en la ciudad de Trinidad y enviada a la prisión de Miraflores, en La Paz.
El recurso de revisión fue presentado el 19 de septiembre de 2025, y el TSJ lo admitió el 1° de octubre. La Sala Plena del máximo tribunal, invocando los artículos 184.7 de la Constitución Política del Estado, 38.6 de la Ley Orgánica del Órgano Judicial y 424.2 del Código Procesal Penal, dispuso la absolución de Áñez y la emisión inmediata del mandamiento de libertad, siempre que no se encuentre recluida por otro delito.
En 2019, Áñez promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías que durante su mandato perpetraron las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), en las que fueron asesinadas 36 personas.
En este contexto, David Inca, representante de las víctimas de Senkata, rechazó la resolución del TSJ emitida en esta jornada y afirmó que “tiene un sesgo de parcialización a favor de una persona e ideología, y desmerece totalmente a las víctimas”.
Recordó que durante el Gobierno de Áñez “hubo torturas, masacres y violación a los derechos humanos”, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Existe el delito de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución”, insistió Inca.
La sentencia del TSJ, publicada en su versión resolutiva y notificada mediante el Buzón de Ciudadanía Digital, fue firmada por la mayoría de los magistrados, con voto disidente del magistrado Primo Martínez Fuentes y la magistrada Norma Velasco Mosquera.
La decisión judicial también se da tras la llegada al poder del derechista Rodrigo Paz, quien será investido como nuevo presidente de Bolivia el próximo 8 de noviembre, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 19 de octubre.
(teleSUR)
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