El juicio por la denominada «Causa Cuadernos» en Argentina inició la mañana de este jueves 6 de noviembre, un proceso que la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y la propia líder peronista califican como un «show judicial» y una estrategia de persecución con un claro «calendario político».
El proceso, que se estima durará entre dos y tres años, con un posible fallo no antes de 2028, tiene como objetivo principal a la exmandataria, a pesar de que no figura en ninguna anotación de los cuadernos ni ningún testigo la ha señalado como receptora de dinero.
CFK denunció que el arranque de esta «opereta judicial» obedece a un «calendario político» y sirve como «agenda judicial al servicio del ajuste» del Gobierno actual, distrayendo la atención del debate sobre el trabajo y las jubilaciones y el «segundo mega endeudamiento» de Argentina.
La base de este juicio ha sido cuestionada desde el inicio. La primera prueba son los cuadernos en sí mismos: aunque el exchofer Oscar Centeno afirmó haberlos quemado en una parrilla, un año y medio después reaparecieron casi intactos. En tanto, las pericias indicaron que la letra corresponde a más de una persona, con partes tachadas y llenas de alteraciones.
La segunda prueba son las declaraciones de los «arrepentidos», empresarios y exfuncionarios que, según la defensa de Cristina, fueron extorsionados para involucrar a la expresidenta, bajo amenaza de ser encarcelados.
En esta misma línea, el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, citó al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en su rol de abogado defensor en 2018 advirtió que su cliente «iba a mentir porque si no se tenía que quedar preso», evidenciando la extorsión a los imputados. Además, estas declaraciones no fueron registradas de manera electrónica (audiovisual) como exige la ley.
Por otra parte, la defensa denunció una «manipulación suprema» por parte de los jueces del Tribunal Oral número 7 al decidir, 48 horas antes, que lo dicho por los arrepentidos se incorporará por lectura, dando por «verdad lo que dijeron sin control alguno de las defensas», maniobra idéntica a otras condenadas por la Corte Suprema y la Corte Interamericana.
Otra irregularidad clave es la previa del tribunal: se removió a la jueza suplente sorteada, Gabriela López Iñiguez, por haber criticado la actuación del fiscal Carlos Stornelli en otra causa. En su lugar, fue designado Néstor Costabel, un juez que la defensa de Cristina, a través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, recusó por ser un «peón del macrismo» y por su historial de fallos contra el peronismo.
Beraldi señaló que esta movida es «consecuencia de que ellos removieron a la doctora López Iñiguez,» y la definió como una «jugada típica de Comodoro Py» de nombrar magistrados con afinidad política, lo que va en contra de los mínimos parámetros internacionales de justicia.
Con casi 90 imputados (empresarios y exfuncionarios), el juicio se desarrollará a distancia y las audiencias serán solo una vez por semana (de 9:30 a 13:30). La primera parte es la lectura de las elevaciones a juicio, de miles de páginas, por lo que se especula que la declaración de testigos comenzará en marzo de 2026.
CFK deberá estar conectada durante los meses que dure esta lectura, dado que la señalan como supuesta jefa de una asociación ilícita que involucra todos los delitos. Los empresarios, por su parte, solo deberán conectarse en la parte de la imputación relacionada con ellos.
La hipótesis central de la acusación, la del supuesto enriquecimiento ilícito, se debilita con el hecho de que ni a Cristina, Julio De Vido(exministro de Obras Públicas), ni Roberto Baratta (exsecretario del Ministerio de Planificación) se les encontraron cuentas en el exterior o bienes no declarados, a diferencia de lo que se encontró a la familia Macri, cuyo Gobierno impulsó la causa.
La defensa de la expresidenta insiste en que el juicio carece de sorpresas y que «la sentencia ya está escrita». Dalbón afirmó que esta causa es parte de un «Plan Cóndor 2 que se hace con togas», cuyo único propósito es la «venganza» y buscarán «clavarle una segunda condena» a CFK, acusándola de ser encabezar una asociación ilícita, a pesar de que la condena en la causa Vialidad descartó ese delito.
No obstante, el abogado remarcó que están trabajando en tribunales internacionales para conseguir un dictamen que declare la violación de las garantías constitucionales e intente revertir el proceso.
La «Causa Cuadernos» constituye un conjunto de investigaciones judiciales centradas en acusaciones de supuesta corrupción contra funcionarios del Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. La causa también apunta a numerosos empresarios y ejecutivos de grupos locales, especialmente aquellos vinculados al sector de la obra pública.
El público conoció la existencia de este caso en agosto de 2018, cuando se reveló el contenido de los documentos. La evidencia central eran las fotocopias de unos cuadernos que presuntamente detallaban las rutas del dinero. Paradójicamente. estas páginas, que el exchofer Oscar Centeno había afirmado haber quemado, «resurgieron de sus cenizas».
(teleSUR)
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