Un grupo de jueces militares de Estados Unidos, que están en situación de retiro, considera que el secretario de Guerra de dicha nación, Pete Hegseth, durante los ataques a embarcaciones en el Mar Caribe, ha incurrido en crímenes de guerra y ha violado, no solo el derecho internacional, sino también las leyes de ese país norteamericano.
Estos emitieron recientemente una declaración urgente, en respuesta a una serie de informes publicados por medios de comunicación como The Washington Post y CNN, en los que se señala que Hegseth ordenó personalmente “matar a todos” aquellos que viajen por el Caribe en, lo que ellos consideran, “embarcaciones sospechosas de narcotráfico”.
Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre se produjo el primer ataque a una lancha en el Caribe, hecho en el que fueron asesinadas 11 personas. Hasta la fecha se desconoce la identidad de las víctimas y no se han presentado pruebas que demuestren que formaran parte de un cártel o grupo del narcotráfico.
Uno de los informes antes mencionados hace referencia a un segundo ataque deliberado, ordenado por el comandante de la operación, para asesinar a dos supervivientes que se aferraban a los restos de una lancha previamente atacada. Esta acción fue considerada unánimemente por el grupo de trabajo como un crimen de guerra, asesinato, o ambas cosas.
“Si las órdenes del secretario de Defensa y su ejecución son ciertas, estaríamos ante crímenes de guerra, asesinato o ambas cosas. El derecho internacional y la ley estadounidense prohíben explícitamente atacar intencionalmente a personas que han quedado fuera de combate”, señala el texto emitido por los jueces generales retirados.
En este sentido, señalan que, aunque estos bombardeos sean considerados un “conflicto armado no internacional” o una operación de aplicación de la ley, las órdenes de “no dar cuartel” y “disparar dos veces” a los sobrevivientes es claramente una ilegalidad.
Los juristas se basan en el artículo 3 del Convenio de Ginebra, que señala se debe dar un trato humano a las personas “fuera de combate” y que prohíbe la violencia contra la vida. Mientras que la Convención de La Haya de 1907 prohíbe la declaración de “no se dará cuartel”.
Así mismo, el derecho internacional marítimo exige que los náufragos o supervivientes sean rescatados y prohíbe terminantemente asesinarlos.
Destacan además que todos los involucrados en estas operaciones, desde la persona que dio la orden, en este caso el secretario de Guerra, hasta el oficial que accionó el arma homicida, deben ser procesados por asesinato según el Título 18 del Código de los Estados Unidos, debido a que el Código Uniforme de Justicia Militar y el Manual para Consejos de Guerra de Estados Unidos establece que las órdenes de matar a sobrevivientes deben ser desobedecidas.
Ante esta situación, este grupo de jueces generales retirados solicita al Congreso gringo que inicie una investigación sobre lo sucedido en el Caribe.
(Laiguana.tv)
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