El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que su abogado Dan Kovalik «ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza», allegados de una de las víctimas mortales de los bombardeos de EEUU en el Caribe.

«Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por [el] misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad», escribió Petro en su cuenta de X.

Según Bloomberg, Kovalik es un abogado especializado en materia de derechos humanos y laborales, que cobró mayor notoriedad como asesor legal del sindicato United Steelworkers (USW). En la actualidad también representa al mandatario colombiano ante la justicia estadounidense, luego de que Trump incluyera a Petro en la llamada ‘lista Clinton’.

Más allá de esa acción del jurista estadounidense a favor de los Carranza, el mandatario consideró que la agencia jurídica del Estado debería «convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe», en vista de que la misión de esa instancia es la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia.

Petro hizo el comentario a raíz de la iniciativa de un grupo de congresistas estadounidenses, que se han propuesto «examinar la política del secretario de Guerra» de EE.UU., Pete Hegseth, uno de los artífices de la estrategia de bombardear embarcaciones en el Caribe bajo el alegato del presunto tráfico de drogas.

En varias oportunidades, el mandatario colombiano ha denunciado que esa práctica no se ajusta a los estándares para los operativos de interdicción de drogas y que su letalidad atenta contra el derecho internacional. Este lunes, reiteró que los bombardeos han ocasionado «el asesinato a civiles caribeños» bajo la orden directa de Hegseth.

El anuncio de Petro coincide con la postura de Venezuela, cuyo Parlamento discutirá este lunes la designación de una comisión especial para investigar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mar Caribe.

La víspera, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, detalló que la directiva de ese órgano había sostenido una reunión con «familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente, en las acciones a todas luces ilegítimas e ilegales que ha venido perpetrando desde el 2 de septiembre efectivos militares de EE.UU.».

Secretario en la mira

El secretario de Guerra de la Administración de Donald Trump no ha salido del ojo público desde septiembre, cuando iniciaron los primeros ataques letales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe.

Sin embargo, el fin de semana la situación dio un giro inesperado. The Washington Post informó, citando a fuentes, que Hegseth había dado la orden verbal de «matarlos a todos» en el primer ataque contra lo que Washington denomina «narcolancha» en el mar Caribe, ocurrido el 2 de septiembre.

Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía la embarcación. Al disiparse el humo, recibieron una sorpresa: dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes. El comandante de Operaciones Especiales que supervisó la ofensiva ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, señalaron las fuentes, añadiendo que los dos hombres volaron en pedazos.

Ante los reportes, Trump dijo que investigaría lo ocurrido, aunque no se retractó de la política de ataques mortales en la zona. «Yo no hubiera querido eso. No un segundo bombardeo. El primero fue muy letal. […] No sé [si sucedió]. Voy a averiguarlo. Pero Pete dijo que él no ordenó la muerte de esos dos hombres», agregó.

Claves de la agresión de EEUU

Despliegue militar: desde agosto pasado, EEUU mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación ‘Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a Estados Unidos «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin evidencia de que realmente traficaran estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EEUU es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.
Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia el país norteamericano, ya que más del 80 % de las drogas que circulan en la región lo hacen a través de la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

(RT)

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