Este lunes, el Gobierno de Venezuela, a través de su Cancillería, emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, calificándolas como parte de una agenda geopolítica. “Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos”, señala el comunicado.
Venezuela también cuestionó el silencio de la CPI ante el conflicto en Palestina, señalando como “vergonzoso” el accionar del organismo internacional. “La humanidad es testigo mudo del peor genocidio, que se conozca, contra el pueblo palestino […] El régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad”, denunció el Gobierno venezolano.
En cuanto a la cooperación bilateral, el Ejecutivo recordó que se han suscrito memorandos de entendimiento con la Fiscalía de la CPI para fortalecer la justicia nacional. Sin embargo, lamentó que “la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios” y que “su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos”.
Venezuela reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia, y denunció las maniobras de quienes “históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente”.
Comunicado completo:
FISCAL DE LA CPI DESATIENDE SUS DEBERES PARA JUSTIFICAR COLONIALISMO JURÍDICO CONTRA VENEZUELA MIENTRAS IGNORA GENOCIDIO DE ISRAEL
La República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se desarrolla en la ciudad de La Haya, Países Bajos.
Vale recordar que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional.
Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos.
Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio, que se conozca, contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad. El régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad.
De igual manera, han transcurrido más de cinco años sin que la Fiscalía de la CPI se haya siquiera pronunciado sobre el caso “Venezuela II”, que expuso y elevó ante esa instancia los crímenes cometidos por los articuladores del más brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano. El silencio de la CPI ha sido abrumador.
Venezuela seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional.
A pesar de ello, Venezuela —en un claro espíritu de cooperación internacional— se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana.
En el marco de dicho proceso, Venezuela y la Fiscalía suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos. En estos documentos, la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.
Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos.
La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente. Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá.
Caracas, 1º de diciembre de 2025
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