En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas trajo a colación la disputa de custodia de un menor, que involucra a su abuela, a su padre y una progenitora con supuestos historiales de abuso y negligencia, cuya intención radica en secuestrar al infante mediante las intimidaciones policiales y jurídicas.
En esta oportunidad, la denunciante es la señora Nelly Aladejo, una figura muy importante en la crianza de su nieto de 6 años, mientras que su hijo, identificado como Kevin Alexander Blanco, tiene la custodia principal.
“Ella denuncia un terrorismo judicial y hostigamiento por parte de los funcionarios del Cicpc. Tal situación mantiene a su familia en una situación de tensión, tal como lo planteó en un escrito consignado ante el Tribunal Tercero de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas”, detalló Rojas.
Aladejo alega que los operadores del sistema de justicia han acudido incontables veces a su vivienda, a fin de entregarle un citatorio formal para que comparezca ante los tribunales. Pese a que asistió voluntariamente en las instalaciones jurídicas, los funcionarios siguen tramitando incontables citatorios como medida de presión y desgaste.
“Lo más grave es que pese a todo lo aportado de manera voluntaria, las citaciones continúan, llegando como si nada de lo ya presentado tuviera valor probatorio, lo que configura en mi percepción en un trato que raya en el hostigamiento y la revictimización”, aseveró Aladejo a través de su comunicado.
Más detalles
Este acoso policial está enmarcado en la disputa por la custodia del niño, que está siendo gestionada por los tribunales que amparan y promueven la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
“Dichas instancias han otorgado, de manera provisional, la custodia del niño a su padre, debido al presunto trato cruel aplicado por la madre del infante, situación que fue documentada por el Tribunal Tercero de Mediación. La abuela del niño manifestó su preocupación por el riesgo inminente de que el niño sea enviado a Estados Unidos con su madre, quien regresó momentáneamente de ese país con pretensiones de llevarse al menor”, refirió el periodista de sucesos.
En este sentido, la señora Aladejo presentó una serie de elementos que las autoridades jurídicas deben considerar para evitar la salida del menor, tales como:
- Las agresiones infligidas por la progenitora, las cuales están debidamente documentadas.
- Escalada de peligro y consumo problemático por parte de la madre.
- Rechazo institucional en el extranjero y discriminación hacia las denuncias formalizadas por el lado paterno.
- Intervención urgente en Venezuela y medidas de protección temporal.
El primer punto se remonta a junio de 2021, cuando la madre empujó al niño contra un mueble, lo que provocó una fractura dental y una contusión ocular.
“Lesiones que quedaron registradas en fotografías y videos. Esos daños físicos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de trato cruel y peligroso”, indicó Rojas.
En lo que respecta a la “escalada de peligro”, Rojas aclaró que la progenitora inició un tratamiento psiquiátrico por problemas de abstinencia (suspender el consumo de bebidas alcohólicas o alucinógenos), lo que provocó que el conflicto se agravara.
Por otra parte, distintas instancias del exterior, como Estados Unidos y Colombia, desestimaron las denuncias del padre del niño a raíz de las dificultades del estatus migratorio.
“En ocasiones se percibió un trato que favoreció a la progenitora, pese a la evidencia que exaltaba las vejaciones a las que era sometida el menor. En Medellín, Colombia, se reportaron hematomas visibles y sospechas de maltrato, las autoridades escolares intentaron denunciar la irregularidad, pero el proceso fue boicoteado por cuestiones del estatus migratorio”, apuntó Rojas.
Posteriormente, Venezuela consiguió repatriar al pequeño a través de las medidas de protección y fue ahí cuando el padre consiguió la custodia.
“Además, se dictó arraigo y prohibición de salida del país para el niño y se ordenó el alejamiento de la madre, así como una atención psicológica especializada. Estas medidas responden a una situación real y probada de riesgo”, explicó.
Finalmente, la señora Aladejo considera que la estabilidad física, espiritual y psicológica del niño podría sufrir grandes estragos si regresa a vivir con su madre, más si lo privan de su principal red de apoyo en caso de que se concrete su plan de migración hacia el Norte.
“Existe un riego inminente de que el niño vuelva a ser sometido a tratos crueles, negligencia y abandono institucional en caso de que viaje con su madre a Estados Unidos. El historial demuestra que no siempre se garantizó su protección, ni se valoró adecuadamente la evidencia presentada durante los procedimientos en el exterior, por tanto, la restitución a la madre constituiría una exposición directa a daño físico y psíquico grave”, analizó Rojas.
Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.
(Laiguana.tv/ Fotos @martinezlocutor)
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