La crisis de Colombia con Venezuela, que este sábado completa un mes, ha dejado en evidencia los problemas de contrabando, inmigración ilegal e inseguridad en la frontera entre ambos países, pero también el olvido gubernamental con el que conviven a diario miles de sus habitantes.
El cierre del paso más activo de la frontera común, anunciado el pasado 19 de agosto por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguido de la expulsión masiva y el retorno por temor de miles de colombianos, hizo volver la mirada hacia una zona que hoy ve como agua de mayo la llegada de alivios tributarios y ayudas para educación, salud y hasta movilidad de sus comunidades.
Y es que a lo largo de los 2.219 kilómetros de la línea divisoria, donde los Gobiernos denuncian el contrabando de alimentos y combustibles y la presencia de grupos guerrilleros, del narcotráfico y de bandas criminales herederas del paramilitarismo, el desempleo y la falta de servicios básicos son el pan de cada día.
Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, por donde permanece clausurado desde hace un mes el tránsito hacia las poblaciones de Ureña y San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira, está entre las tres ciudades con más desempleo del país, del 13,4%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Esta ciudad, que floreció en épocas de la bonanza petrolera del vecino país, ha visto decaer la actividad comercial que en años anteriores atraía anualmente a miles de compradores venezolanos.
También La Guajira, departamento ubicado en el norte y mayoritariamente desértico, y por donde ingresaba gran parte del contrabando que se movía por el Caribe, dejó de ser un mercado apetecido por los venezolanos y ahora recibe los productos de ese país que a diario llegan a cuentagotas o en camiones.
A la lánguida actividad comercial en La Guajira se le suma el rigor de la sequía que afecta gran parte del territorio colombiano por cuenta del fenómeno de «El Niño» y por la que actualmente sus habitantes, en su mayoría indígenas de la etnia Wayúu, padecen la falta de agua y alimentos.
Los wayúu o guajiros, un pueblo que se mueve libremente a lado y lado de la frontera por considerarse originario de esta tierra que sobresale en el mar Caribe, se han dedicado tradicionalmente al contrabando de alimentos entre ambos países y más reciente al de combustible, un negocio más que rentable por la diferencia de precios y que en los últimos años pulula en toda la frontera.
En Venezuela se comercializa la gasolina más barata del mundo y llenar el depósito de 50 litros de un vehículo de pasajeros puede costar medio dólar, si se tiene en cuenta para la conversión la cotización de 6,30 bolívares por dólar, la tasa oficial más baja del control estatal de cambio en vigor desde 2003.
La situación se repite con los alimentos debido al abismo que supone el cambio del bolívar al peso colombiano y al subsidio otorgado por Caracas a la mayoría de los productos de primera necesidad.
En estos contextos han florecido dos nuevas profesiones informales: los «pimpineros» o vendedores de gasolina de contrabando en la frontera y los «bachaqueros», como se conoce a quienes trasladan desde Venezuela alimentos o cualquier otro producto.
Así, los cierres fronterizos, que Maduro ha calificado como «torniquetes» contra el contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico, han desnudado una economía informal y la realidad de zonas como Paraguachón, un caserío colombiano a pocos pasos de Venezuela, cuyos habitantes recién el pasado 15 de septiembre conocieron en persona al presidente Juan Manuel Santos.
Ese día, Santos anunció una batería de medidas, que incluía la creación de empleos, un colegio, la construcción de un puesto de salud y hasta la donación de un bus escolar.
«La frontera ha adquirido visibilidad, pero la visibilidad no siempre en el caso colombiano ni en el caso venezolano significa que haya atención», dijo a Efe el analista político Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, quien consideró que desde el Gobierno se están tomando medidas paliativas.
Para el experto, «cada parte de la frontera tiene su propia problemática» y así lo deben entender Caracas y Bogotá, que, a su juicio, «tienen discursos diferentes» para abordar esta situación.
(EFE)
