La Fiscalía General colombiana envió expedientes ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, actual senador y expresidente de la República, por su presunta participación en la masacre de El Aro registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia), en el noreste de Bogotá.
Esta solicitud se desprende de las declaraciones entregadas ante una comisión de la Fiscalía General por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos.
Igualmente el ente investigador envió la solicitud ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue el papel del exgobernante en el homicidio del paramilitar Francisco Villalba Hernández -condenado por esta masacre- y quien señaló directamente a Uribe Vélez.
“Me reúno con Villalba y le pregunto si había forma de cesar esas declaraciones contra el Gobierno en lo que respecta a lo que sucedió en El Aro. Concretamente, las sindicaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Me responde que no, que continuará porque es una manera de catarsis, de desahogarse con lo que pasó. Le ofrezco un dinero y mejorar las condiciones, pero que por ninguna circunstancia van a cesar las denuncias”, expresó “Don Berna”.
Uribe niega acusaciones
El expresidente Uribe dijo: “estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”. De acuerdo con él, esta es una prueba más de la supuesta persecución que denunció hace algún tiempo por parte del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
“El fiscal Montealegre busca con lupa cosas contra el expresidente para hacer ruido y actuar en una especie de sicariato moral contra todo lo que le huela a uribismo y sus familias”, indicó el senador Ernesto Macías.
Además, la Fiscalía pide establecer la veracidad de las denuncias presentadas por una presunta estrategia encaminada a la presión de testigos para que cambiaran y modificaran sus versiones entregadas a las autoridades judiciales.
En dos oportunidades, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín envió solicitudes para investigar al exgobernador de Antioquia.
El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del senador del Centro Democrático (partido de Uribe), calificó esta nueva decisión como una “persecución sin precedentes” por parte de la Fiscalía General.
Frente a las declaraciones de “Don Berna”, el abogado señaló que “es claro que la Fiscalía sigue a quien declara las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas”.
Para el letrado se ha presentado una vulneración al derecho a la defensa, reiterando que pese a todas las acusaciones hechas hace años se han evidenciado que no son reales. “Ha quedado claro que han mentido quienes lo han dicho y por eso ningún proceso ha podido avanzar”, precisó el defensor.
El editorialista Rodolfo Arango, en una publicación en El Espectador, consideró “preocupante, por decir lo menos, que las declaraciones de ‘Don Berna’ hayan pasado desapercibidas para la opinión pública”. “En ellas afirma, entre otras, que el asesinato del paramilitar Francisco Villalba fue un crimen de Estado. Recordemos que Villalba señaló al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, de ser cómplice en la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997. En nada contribuye a la memoria del conflicto armado que no se esclarezcan estos hechos y que los máximos responsables de delitos atroces no sean identificados y sancionados, así no sea con pena de cárcel”, destacó.
Para Arango, “el silencio ante las declaraciones de ‘Don Berna’ tiene una simple explicación. Sectores influyentes en lo económico y poderosos en lo político apoyan al exmandatario y hoy senador, bien sea por convicción o por miedo”.
El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, insistió en que el fiscal mantiene una campaña de persecución que ya está denunciada en instancias internacionales, al considerar que en Colombia no existen las garantías judiciales.
“El fiscal quiere meter a la cárcel a los integrantes del Centro Democrático a la oposición del Gobierno, al mismo tiempo que quiere a los criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la calle”.
(Contrainjerencia)
